Modernizando la Amazonía venezolana

La provisión de vivienda rural, parte integral de una serie de esfuerzos de construcción nacional profundamente impregnados de lo que Michael E. Latham llamó la ‘ideología de la modernización’ (Latham, 2000), se utilizó como instrumento para controlar las enfermedades tropicales, configurar una nueva sociedad rural y afirmar la soberanía nacional en las regiones fronterizas de Venezuela durante las décadas de 1960 y 1970. La teoría de la modernización, tal y como la formuló el economista estadounidense Walt Whitman Rostow, describe un modelo de desarrollo en el que las sociedades tradicionales pasan por una transición hacia la modernización económica siguiendo una trayectoria lineal (1961). Más importante aún, postula que el ‘despegue’ puede acelerarse mediante una planificación integral. Este modelo económico, combinado con los valores democráticos, fue promovido por Estados Unidos en los llamados países subdesarrollados del mundo durante la Guerra Fría como alternativa al comunismo.

A principios de la década de 1960, Rostow creía que el ‘despegue’ de Venezuela ya estaba en marcha (Rostow, 1961). En 1958 se había establecido allí una democracia liberal y capitalista, y los valores de la modernización habían calado desde hacía tiempo en la creciente clase media gracias al descubrimiento del petróleo en la década de 1920 y a la llegada de las compañías petroleras estadounidenses y británicas poco después (Tinker Salas, 2009). Enmarcada en la ideología de la modernización, impulsada por el entusiasmo que caracterizó los inicios de un gobierno democrático y con la riqueza que proporcionaba una próspera economía petrolera, Venezuela se propuso dejar atrás un pasado supuestamente atrasado, emprendió una reforma agraria y elaboró ambiciosos planes de desarrollo nacional. [2]

Entre 1969 y 1974, se prestó especial atención a los territorios amazónicos del país, cuyos recursos naturales los líderes venezolanos estaban ansiosos por aprovechar para apoyar la modernización socioeconómica, aumentar la soberanía sobre el territorio nacional y promover la integración nacional (CODESUR, 1970; Biord, 2011). La movilización de colonos o poblaciones indígenas nómadas hacia asentamientos permanentes era necesaria para impulsar el desarrollo y afirmar la presencia del Estado en zonas estratégicas. Con este fin, se lanzaron campañas de colonización en la región que iban de la mano con la reforma agraria.

La experiencia venezolana no fue única, sino que formó parte de una tendencia más amplia en América del Sur, en un momento en que ideas desarrollistas e intereses geopolíticos habían puesto en marcha fuerzas poderosas en la Amazonía. El establecimiento de la soberanía nacional y el deseo de gobernar el interior del país no eran menos que preocupaciones regionales compartidas durante esos años (Belaúnde Terry, 1959; Hecht & Cockburn, 2010). En la Amazonía venezolana, al igual que en los demás países amazónicos, estas campañas de colonización trajeron colonos, prácticas y tecnologías a una región mayoritariamente poblada por grupos indígenas, configurando una nueva forma de vida y estableciendo nuevos patrones de urbanización que interfirieron con el bosque y las culturas ancestrales. La provisión de vivienda rural fue una parte importante de este esfuerzo en Venezuela porque, cuando el primer gobierno del Presidente Rafael Caldera lanzó su proyecto de colonización del interior amazónico en 1969, la División de Vivienda Rural (DVR) del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSAS) ya llevaba más de veinte años trabajando en la transformación del paisaje rural y había desarrollado una experiencia que iba más allá del diseño de viviendas rurales. Algunos de los arquitectos que trabajaban para esta división habían participado activamente en la planificación de nuevas aldeas agrícolas tras la aprobación de la Ley de Reforma Agraria en 1960, especialmente después de la firma de un acuerdo de asistencia técnica con la División de Cooperación Internacional (Mashav) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en 1961, que dio lugar a la introducción de conceptos israelíes de desarrollo rural integrado (Avella, 2025).

El acuerdo con el Mashav tenía por objeto proporcionar a Venezuela conceptos y métodos adecuados para enfrentar los retos que imponía la enorme magnitud de la reforma agraria venezolana, y formar un grupo selecto de expertos locales en desarrollo rural para no depender de la ayuda extranjera en el futuro. Con este fin, la Oficina Central de Coordinación y Planificación de Venezuela (CORDIPLAN) reunió a un grupo de economistas, sociólogos, ingenieros, geógrafos, trabajadores sociales y delegados agrícolas de varios ministerios y agencias gubernamentales involucrados en la reforma agraria, entre los que se encontraban varios arquitectos de la División de Vivienda Rural. Estos profesionales trabajarían en estrecha colaboración con un equipo de cinco expertos israelíes, que residieron en Venezuela hasta 1966, en una serie de proyectos integrales de desarrollo rural fuertemente influenciados por la reciente experiencia de colonización israelí en la región de Lakhish, entre la actual franja de Gaza y el sur de Cisjordania. El objetivo final de la colaboración era modernizar el interior de Venezuela (Laufer, 1967; Klayman, 1970; Eidt, 1975; Avella, 2025).

Todos los participantes asistieron a cursos impartidos por los israelíes y la mayoría viajó a Israel para recibir una formación en profundidad en el Centro de Estudios sobre Colonización y Desarrollo Rural de Rehovot, fundado en 1963 por Raanan Weitz, quien formuló lo que se conoció como el ‘enfoque de Rehovot’ (Weitz, 1965, 1987; Weitz y Rokach, 1968). La planificación integral, tal y como la concibió Weitz, combinaba la planificación física de los asentamientos con la planificación agroeconómica y socioeconómica a múltiples escalas, desde la regional hasta la de la parcela familiar con la vivienda rural. El resultado fue que las diversas iniciativas de desarrollo emprendidas hasta entonces por múltiples ministerios y organismos —la reforma agraria, los sistemas de riego, la vivienda rural y el desarrollo de la comunidad, por nombrar algunas— podían ahora integrarse en un único plan.

En 1966, cuando ya era evidente el notable impacto del grupo, CORDIPLAN les concedió la condición de entidad permanente. Así nació la Fundación para la Capacitación e Investigación Aplicada a la Reforma Agraria (CIARA), una institución que pronto se convirtió en un centro de producción de conocimientos sobre cuestiones de desarrollo rural en Venezuela y América Latina. Entre sus principales actividades se encontraban los cursos sobre planificación integral, contribuyeron a que las ideas y métodos israelíes se generalizaran en muchos círculos de planificación. Los cursos, que fueron cruciales para desarrollar la experiencia local en planificación integral, formaron a cientos de jóvenes venezolanos de diversos ministerios y agencias estatales (Laufer, 1967; Klayman, 1970). [1] No es de extrañar que, a finales de la década de 1960 y principios de la siguiente, tanto el IAN como la División de Vivienda Rural del MSAS crearan oficinas dentro de su organización para preparar proyectos de desarrollo integral para las zonas rurales de todo el país, incluida la Amazonía venezolana (Alegrett, comunicación personal). [3]

La vivienda rural fue un elemento importante de la planificación integral, y los arquitectos de la División de Vivienda Rural, que pertenecían a este selecto grupo de profesionales, desempeñaron un papel crucial en estos esfuerzos de construcción nacional (Pedregal y Machado de Pedregal, 1968; Pedregal y de Pedregal, 1973). Sin embargo, se sabe muy poco sobre este momento de la historia venezolana, hasta qué punto estos proyectos contribuyeron a la urbanización temprana de la Amazonía venezolana o en qué medida el imaginario de la modernización ayudó a desvincular a los pueblos indígenas de sus propias tradiciones de vivienda. La bibliografía disponible sobre el tema incluye publicaciones oficiales y documentos publicados durante los años en que el programa estuvo activo, así como trabajos académicos escritos por antropólogos que describen el impacto del programa en los pueblos indígenas. Se ha prestado mucha menos atención al trabajo de los arquitectos y urbanistas que contribuyeron a la modernización de las zonas rurales, quizá porque la mayoría de los historiadores de la arquitectura han preferido centrarse en la arquitectura pública y privada construida en las ciudades venezolanas durante la modernización del país.

El presente artículo pretende llenar ese vacío. En primer lugar, poniendo de relieve cómo se desarrolló en Venezuela la experiencia en materia de vivienda rural—inicialmente como respuesta higiénica del Gobierno central para hacer frente a las epidemias tropicales y, posteriormente, como elemento constitutivo de los proyectos regionales de desarrollo integral en función de la reforma agraria. Posteriormente, presentando cómo el Gobierno central, aprovechando la posición de liderazgo mundial del país en materia de vivienda y desarrollo rural, utilizó los nuevos conocimientos disponibles y empleó la vivienda como instrumento para la colonización del interior de la Amazonía venezolana en una época en la que la modernización funcionaba como ideología. El objetivo del artículo es comprender mejor qué tipo de instrumentos de planificación y diseño regional se utilizaron para concebir una modernidad amazónica, cómo esos instrumentos respondieron a los diversos intereses representados por las estrategias territoriales del Gobierno venezolano, y qué impacto tuvieron los mismos en la selva y en un número de tradiciones habitacionales indígenas. Podría decirse que las condiciones creadas por estos programas están en el origen de los problemas estructurales que dominan la región en la actualidad. A saber, la mercantilización de la tierra y las persistentes tensiones que existen entre el Estado, los criollos y los pueblos indígenas, que han alimentado desde entonces la violencia y la degradación del medio ambiente, la perpetuación de los ciclos de pobreza y la pérdida gradual de las cosmovisiones ancestrales como resultado de la imposición de una cultura dominante desde el centro y desde arriba.

Higiene, vivienda rural y la misión civilizadora de la modernización

La modernización del interior de Venezuela no puede separarse del desarrollo de la industria petrolera a partir de la década de 1920, ni de las migraciones del campo a la ciudad que este fenómeno generó. En menos de veinte años, el país pasó de una economía basada en la agricultura a otra basada en la extracción de petróleo. Este cambio generó un importante desplazamiento demográfico: la población rural, que representaba más del 65 porciento de los habitantes del país en 1936, disminuyó exponencialmente y se convirtió en minoritaria. En 1971, más del 77 porciento de la población era urbana (Suárez y Torrealba, 1980).

Las ciudades, y Caracas en particular, se convirtieron en el escenario de ambiciosos y monumentales proyectos que abrazaban plenamente los valores de la modernización (Blackmore, 2017). Sin embargo, estos proyectos contrastaban tanto con la falta de oportunidades de mejora social en las zonas rurales como con la precariedad de los asentamientos autoconstruidos en los que vivían quienes llegaban del campo a las ciudades. El espectáculo de la modernización creó una ilusión de progreso para una sociedad pasiva, financiada íntegramente por el petróleo (Coronil, 1997). Aunque el petróleo supuso un cambio radical para Venezuela, las zonas rurales del país siguieron siendo diezmadas por graves epidemias periódicas de enfermedades tropicales, lo que acabó provocando el abandono casi total de la agricultura. Esta dramática situación fue señalada por escritores de ficción como Miguel Otero Silva, quien, en Casas muertas (1955), narra el declive de un pueblo de la llanura central tras una epidemia de malaria que provoca numerosas muertes y la migración de sus habitantes a las ciudades y los campos petrolíferos.

En un intento por erradicar la malaria y evitar un mayor abandono de las zonas rurales, el Estado desarrolló conocimientos especializados en políticas y diseño de viviendas rurales, con especial atención a la higiene y la atención sanitaria. En 1948 se creó un programa experimental de vivienda rural bajo la administración de lo que se convertiría en la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud. Diez años más tarde se puso en marcha el ambicioso Programa Nacional de Vivienda Rural (Berti, Filippone y Chacín, 1962). Arquitectos como Domenico Filippone (inicialmente) y (más tarde) Herminio Pedregal, Haydée Machado, Alfredo Sutil y José Leonardo Yánez trabajaron para la Dirección de Malariología con un equipo interdisciplinario de profesionales (Machado, s.f.). [4] Juntos desarrollaron nuevas ciudades agrícolas y soluciones de vivienda rural higiénica. La gestión del Programa Nacional de Vivienda Rural por parte del Ministerio de Salud, en lugar del Ministerio de Obras Públicas, se justificaba por la creencia entre científicos y técnicos de que las técnicas tradicionales de construcción eran la causa de las crisis sanitarias en las zonas rurales. Esta creencia se basaba en varias hipótesis, repetidas por la propaganda oficial, que consideraban la vivienda rural como una fuente de insalubridad y miseria permanentes (MSAS, 1962). El debate sobre la vivienda rural en Venezuela se remonta a una conferencia presentada en 1937 por el epidemiólogo José Francisco Torrealba, titulada ‘La vivienda rural en Venezuela: pequeñas consideraciones sobre sus peligros y inconvenientes.’ Torrealba afirmaba que las casas rurales eran un foco de calamidades y que los campesinos sin educación ignoraban las prácticas higiénicas elementales, lo que los hacía vulnerables a todo tipo de enfermedades tropicales (Contreras, Owen de Contreras y Contreras Owen, 2015).

Desde una perspectiva modernizadora, los campesinos eran gente atrasada que vivía en las primeras etapas de un proceso de desarrollo lineal, pero que podían progresar si se creaban las condiciones. Los arquitectos de la División de Vivienda Rural tenían, por lo tanto, una tarea civilizadora, y la guerra contra la malaria se convirtió también en una batalla contra la arquitectura tradicional.

Los arquitectos simpatizaban con la opinión de Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto venezolano más destacado del siglo XX, quien sostenía que la diferenciación entre la ciudad y el campo, al igual que las diferencias entre el ciudadano y el campesino, desaparecerían con la industrialización y la planificación (Villanueva, 1963). Pero hasta que no se sustituyeran las viviendas de las zonas rurales, decía, el país seguiría arrastrando ‘la pesada carga del subdesarrollo’ (Villanueva, 1965).

Al final, el Gobierno construyó cientos de miles de unidades idénticas sin tener en cuenta a las comunidades locales ni el medio ambiente en su afán por cumplir sus objetivos.

Sin embargo, no estaba claro cómo y con qué criterios se sustituirían, por lo que esta cuestión se convirtió en objeto de investigación. Filippone, arquitecto y urbanista italiano que emigró a Venezuela en 1946 y coordinó el Programa Nacional de Vivienda Rural desde 1958 (Calvo Albizu, 2018), fue coautor de un libro publicado en 1957 por el Ministerio de Salud en el que se esbozaban los principios de diseño de una vivienda rural moderna e higiénica (División de Malariología, 1957). Pero cuatro años más tarde, en un artículo publicado en Punto en 1961, Filippone introdujo una perspectiva más matizada, afirmando que la División de Vivienda Rural había estudiado los elementos autóctonos y los métodos de construcción de las viviendas rurales en Venezuela para evitar la imposición de soluciones de diseño inadecuadas al clima local, la realidad económica de los campesinos, sus valores estéticos y, en última instancia, su psicología (Filippone, 1961). Incluso abogó por la participación activa de las comunidades rurales en la construcción de sus nuevas viviendas y, en un artículo de 1962 escrito en colaboración con Arturo Luis Berti y Gilberto Chacín, argumentó que este era uno de los aspectos más innovadores del programa (Berti, Filippone y Chacín, 1962).

A pesar de esta sugerencia de que también se podían aprender valiosas lecciones de los campesinos, la realidad de las viviendas construidas durante las décadas siguientes sugiere que los esfuerzos de modernización de Venezuela no dejaron mucho espacio para enfoques tan progresistas. Los métodos de construcción locales casi nunca se incorporaron, y la participación de los campesinos en el proceso de construcción parece haber sido escasa y limitada a los primeros años del programa. Al final, el Gobierno construyó cientos de miles de unidades idénticas sin tener en cuenta a las comunidades locales ni el medio ambiente en su afán por cumplir sus objetivos. En el esfuerzo por modernizar el interior del país, los suelos de tierra dieron paso al cemento; los techos de paja o palma fueron sustituidos por hierro galvanizado, zinc, aluminio o asbesto; las paredes de tapia, bahareque y adobe fueron reemplazadas por bloques de cemento, y los inodoros sustituyeron a las letrinas (Delgado Silva, 1997; (Contreras, Owen de Contreras y Contreras Owen, 2015; Gasparini y Margolies, 2002).

A pesar de estas contradicciones, los esfuerzos sanitarios realizados por la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental habían demostrado ser muy exitosos en 1959, cuando el 68 porciento del territorio venezolano afectado por el paludismo fue declarado libre de malaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Griffing, Villegas y Udhayakumar, 2014). Venezuela estaba a la vanguardia de las políticas y el diseño de vivienda rural, un hecho reconocido en 1967 cuando se celebró en Maracay el Primer Seminario Mundial de Vivienda Rural e Instalaciones Comunales (MSAS, 1967) y reafirmado en 1970 cuando las Naciones Unidas y la OMS fundaron la Asociación Internacional de Vivienda Rural en el Palacio de Miraflores (Congreso de los Estados Unidos, 1972). Gracias a esta condición, cuando se aprobó la Ley de Reforma Agraria en 1960, la División de Vivienda Rural recibió un mayor apoyo del Gobierno para continuar su labor en colaboración con el Instituto Agrario Nacional (IAN), organismo encargado de transformar la estructura agraria y distribuir las tierras agrícolas al campesinado venezolano. El Programa Nacional de Vivienda Rural había demostrado ser un instrumento eficaz en la campaña higienista y una herramienta importante para llevar a cabo la misión civilizadora de la modernización rural.

El impacto de la modernización en la Amazonía venezolana

De 1969 a 1974, la experiencia adquirida para modernizar las zonas rurales del norte del país se trasladó al sur del río Orinoco para ayudar a la colonización de la Amazonía venezolana. Pero en este nuevo contexto, los arquitectos y planificadores que elaboraban estos proyectos de desarrollo se enfrentaban a retos completamente diferentes, y sus acciones tuvieron consecuencias aún mayores. Mientras que en el norte planificaban nuevas aldeas agrícolas para erradicar la malaria y democratizar la estructura agraria con el fin de lograr la emancipación social y económica de los campesinos venezolanos, en la Amazonía venezolana contribuían al establecimiento de la soberanía nacional sobre los territorios fronterizos con Colombia, Brasil y Guyana y facilitaban la incorporación de los recursos naturales de la región a la dinámica socioeconómica del país, todo ello en una región boscosa y poblada por pueblos indígenas. [5] Los planes integracionistas y desarrollistas puestos en marcha por el Gobierno nacional en esta parte del país requerían colonos y la movilización de los pueblos indígenas nómadas hacia asentamientos permanentes, por lo que se pusieron en marcha campañas de colonización.

A diferencia de otros países amazónicos, la colonización de esta región en Venezuela no fue llevada a cabo por un solo instituto. Venezuela había puesto en marcha un proceso de regionalización, y una serie de corporaciones, fundaciones y comisiones se encargaban de elaborar sus propios planes de desarrollo con sus propias agendas y prioridades. [6] A estos esfuerzos se sumaban los del IAN, el organismo encargado de la reforma agraria, que también elaboraba proyectos de desarrollo integral a escala regional en todo el país. Pero, a pesar de que Venezuela no contaba con un único organismo encargado de la colonización, muchos de los organismos nacionales y regionales existentes cumplían una función similar a la de los institutos de colonización de los demás países sudamericanos (IERAC-IICA, 1975). Esto dio lugar a una duplicación de los esfuerzos colonizadores en el territorio al sur del río Orinoco, donde se encuentra la Amazonía venezolana. [7]

Para 1975, el IAN había elaborado treinta y tres proyectos integrales en función de reforma agraria, fuertemente influenciados por conceptos y métodos israelíes, incluyendo ocho Proyectos Integrales de Desarrollo con poblaciones indígenas (Clarac N., 1975). De estos últimos, cinco se ubicaban al sur del río Orinoco: los proyectos Amacuro, Bolívar-Este, Amazonas, San Carlos de Río Negro y San Juan de Manapiare. Casi todos se encontraban en zonas fronterizas, y las tierras objeto de estos proyectos estaban habitadas colectivamente por doce grupos indígenas. [8] El objetivo principal era doble: en primer lugar, afirmar la presencia del Estado a lo largo de sus fronteras; en segundo lugar, acelerar el desarrollo social y económico de los pueblos indígenas, considerados aislados de la dinámica nacional, mediante la coordinación de esfuerzos e inversiones en la reforma agraria.

Los proyectos de desarrollo integral elaborados por el IAN coincidían en espíritu y objetivos con la empresa colonizadora de la Comisión para el Desarrollo del Sur de Venezuela (CODESUR), creada en 1969 por el Ministerio de Obras Públicas durante el primer gobierno del Presidente Rafael Caldera.

La geopolítica y el establecimiento de la soberanía nacional eran las principales preocupaciones de esta administración, que puso en marcha un proyecto denominado La Conquista del Sur. Se abrieron pistas de aterrizaje y vías de penetración, se fundaron poblados y centros cívico-militares para colonizar tierras supuestamente improductivas en zonas militarmente estratégicas, y se crearon incentivos para las actividades agrícolas y ganaderas (Biord, 2011). Además, el proyecto también pretendía imponer la cultura dominante sobre las minorías indígenas. Uno de los objetivos de CODESUR era civilizar a la ‘población indígena selvática’ y convertirla en parte productiva de la economía nacional (CODESUR, 1970).

Aunque los también llamados Proyectos Fronterizos del IAN fueron formulados y ejecutados de forma independiente, no se puede descartar una posible coordinación con CODESUR (Alegrett, comunicación personal). Ambos organismos prestaron especial atención durante esos años al desarrollo de las mismas localidades: San Juan de Manapiare, San Fernando de Atabapo y San Carlos de Río Negro. En el marco de la Conquista del Sur, las tres localidades, junto con el poblado de La Esmeralda, fueron concebidas como polos de crecimiento y desarrollo con el objetivo de frenar la migración interna hacia la capital regional de Puerto Ayacucho. [9] Los proyectos de desarrollo integral elaborados por el IAN abarcaban estas ciudades, pero su enfoque iba mucho más allá. Los límites de estos proyectos, entendidos como porosos y adaptables, abarcaban vastas extensiones de tierra y constelaciones de comunidades que mantenían una relación dinámica con las centralidades regionales. Ahora bien, ambos planes consideraban a la vivienda rural como un componente integral. Y en este contexto, la vivienda rural moderna no solo desvinculó a la población indígena de sus técnicas tradicionales de construcción, sino que también debilitó las estructuras de parentesco tradicionales al introducir espacios domésticos pensados para las familias nucleares cristianas, y transformó a numerosas comunidades indígenas en una clase campesina empobrecida a través del sedentarismo (Heinen y Urbina, citados en Clarac, 2002; Botto-Abella y Graterol-Mendoza, 2007).

Hoy en día, como resultado de estos proyectos colonizadores, se pueden encontrar viviendas rurales modernas en el estado Amazonas como las cientos de miles construidas por la Dirección de Malariología en el norte del país. Se encuentran en los asentamientos mencionados anteriormente y en sus alrededores, así como en numerosas comunidades indígenas a lo largo del río Orinoco, allí donde también actúa como frontera con Colombia, donde se animó a algunas comunidades indígenas de la región a reubicarse (Oldham, 2003). Además de las tipologías de vivienda rural más comunes, diseñadas por los arquitectos de la División de Vivienda Rural, CODESUR encargó también dos prototipos experimentales y un estudio para otra en madera al Taller de Arquitectura del Banco Obrero (TABO) y a la División de Vivienda Rural entre 1969 y 1974, específicamente para esta parte del país. Según José Curiel, el prototipo de casa de madera tenía como objetivo no solo aprovechar los árboles talados para el desarrollo de infraestructuras de penetración, sino también la madera procesada por el nuevo aserradero construido estratégicamente en San Simón del Cocuy, en la zona de la triple frontera entre Venezuela, Colombia y Brasil (Curiel Rodríguez, 1978).

Independientemente de las diferencias entre las dos campañas de colonización, los arquitectos de la División de Vivienda Rural que colaboraron con CODESUR y el IAN desempeñaron un papel importante en ambas iniciativas, y su impacto en las poblaciones indígenas y el medio ambiente siempre fue significativo. Los detalles de estos proyectos no están bien documentados y el acceso a los archivos oficiales es limitado, lo que complica los esfuerzos por identificar para qué proyecto concreto se construyó una vivienda específica, o si el MSAS las construyó por su cuenta en el marco del Programa Nacional de Vivienda Rural y al margen de estos otros proyectos. Pero a finales de la década de 1990, se habían construido poco menos de cuatro mil de estas viviendas rurales en el estado Amazonas, y su presencia en la región es ahora un hecho. [10]

El enfoque integracionista y desarrollista culminó con la construcción de miles de viviendas idénticas que acabaron obligando a los grupos indígenas con estilos de vida nómadas al sedentarismo, convirtiéndolos en campesinos pobres

La vivienda rural, como elemento constitutivo de los planes de desarrollo integral de la reforma agraria venezolana y como objeto utilizado por CODESUR para afirmar la soberanía del Estado en zonas remotas y periféricas a la capital, contribuyó a acelerar nuevas formas de cambio social y medioambiental en la región, al tiempo que dio lugar a formas distintivas de resistencia y aculturación. Más allá del esfuerzo por erradicar las enfermedades tropicales—un argumento que nunca dejó de utilizarse—, la División de Vivienda Rural también contribuyó a imponer la cultura dominante a las minorías indígenas con el mismo discurso despectivo utilizado contra los llamados campesinos atrasados. Desde la perspectiva moderna, las comunidades indígenas eran subdesarrolladas y vivir en una vivienda rural moderna les convertiría en verdaderos ciudadanos. Este enfoque integracionista y desarrollista culminó con la construcción de miles de viviendas idénticas que acabaron obligando a los grupos indígenas con estilos de vida nómadas al sedentarismo, convirtiéndolos en campesinos pobres (Clarac, 2001; Botto-Abella y Graterol-Mendoza, 2007; Biord Castillo, 2008; Morillo Arapé, 2016). <fig. 7> Para reclamar los derechos sobre las tierras concedidas por el IAN, los pueblos indígenas tenían que demostrar una ocupación continua durante más de diez años y un uso efectivo de la tierra (Caballero Arias, 2007).

Los patrones de asentamiento tradicionales fueron sustituidos por modelos jerárquicos de núcleo-periferia o por aglomeraciones de viviendas rurales que desde entonces han sido apropiadas y modificadas por los pueblos indígenas para adaptarlas mejor al clima y a sus estilos de vida (Mansutti Rodríguez, 1988). Muchas viviendas rurales se utilizan ahora como los depósitos de las estructuras tradicionales unifamiliares construidas al lado de la vivienda de bloques o en la parte trasera de la parcela, donde las personas cocinan, trabajan, reciben a sus visitas y duermen en sus hamacas. En otros casos, la vivienda rural se utiliza solo para dormir por la noche (especialmente durante la temporada de lluvias), mientras que la vida social se desarrolla en la vivienda tradicional contigua. No sorprende que las construcciones adyacentes y autoconstruidas se haya convertido en el corazón del ambiente doméstico, ya que las viviendas rurales modernas pueden alcanzar temperaturas insoportables durante el día y, por lo general, están mal relacionadas con el entorno natural. <fig. 8> <fig. 9> <fig. 10>

Nuevas formas de vida en una modernidad amazónica

La centralidad de la vivienda rural como vehículo de colonización durante las décadas de 1960 y 1970 pone de relieve el impacto de la modernización como ideología en los esfuerzos de construcción nacional emprendidos en la Amazonía venezolana. Una casa es más que un objeto. Es una producción social que puede diseñarse con un propósito político y, por lo tanto, puede tener poder retórico y consecuencias significativas. En el contexto de la lucha contra la malaria, la higiene se utilizó como bandera para justificar la necesidad de una vivienda rural moderna, socavando las sociedades tradicionales e imponiendo un nuevo modo de vida promovido por la cultura dominante. Más tarde, en el contexto de los planes de desarrollo integral promovidos por el IAN, la provisión de vivienda rural se consideró uno de los muchos elementos necesarios para crear una nueva sociedad en las zonas rurales. Finalmente, en el contexto de la colonización de la Amazonía venezolana, la vivienda rural se consideró un instrumento de penetración política para afirmar la presencia del Estado y promover la integración nacional. Todos estos usos se superpusieron y reforzaron entre sí, mostrando cómo la ideología de la modernización operaba de múltiples maneras.

Los esfuerzos de la División de Vivienda Rural en general y su experiencia en la Amazonía venezolana en particular no han sido bien documentados, y la mayoría de los actores involucrados siguen siendo desconocidos. Esto puede atribuirse a lo que Lisa Blackmore denomina la despolitización de la estética modernista (2017). Si la modernidad es separada del proyecto político de la modernización y es reducida a una serie de cánones estéticos y edificios monumentales, no es de extrañar que la planificación del campo haya sido ignorada durante tantos años. Esto abre un interesante campo de investigación, ya que quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Era la provisión de vivienda una característica única de la reforma agraria venezolana, o se intentaron iniciativas similares en otros países? En la mayoría de los países amazónicos, la tierra y los títulos se concedían en lugares estratégicos, pero las casas casi siempre las construían los propios colonos. Solo una economía petrolera como la de Venezuela podía producir los recursos necesarios para que la provisión de viviendas fuera la norma y no la excepción.

Al problematizar y estudiar estos esfuerzos colonizadores, comenzamos a comprender hasta qué punto estos proyectos están en la raíz de los problemas que dominan hoy en día esta región, configurando formas de vida y estableciendo patrones de habitación que interfieren drásticamente con las poblaciones indígenas y el mundo no humano. Estos esfuerzos fueron una poderosa fuente de injusticia espacial que trajo la devastación del bosque y la progresiva desaparición de las tradiciones indígenas a una región que había permanecido fuera de la influencia de las políticas estatales hasta la década de 1960. Al hacerlo, Venezuela creó un entorno en el que la tierra se mercantilizó; en el que las tensiones entre el Estado, los criollos y los pueblos indígenas a menudo desembocaban en violencia y una mayor degradación medioambiental; en el que se perpetuaban los ciclos de pobreza; y en el que la imposición de una cultura dominante sobre las cosmovisiones ancestrales ha tenido repercusiones dramáticas. Ha pasado más de medio siglo y más de dos millones de personas habitan ahora la región (incluyendo el Estado Bolívar) como resultado de los incentivos y las políticas promovidas a mediados de siglo. Además, estas tierras nunca han dejado de ser vistas a través de una lente desarrollista. [11] Un examen crítico del papel de la vivienda rural como instrumento de colonización ofrece nuevas perspectivas no solo sobre qué tipo de herramientas de planificación y diseño se utilizaron para concebir una modernidad amazónica que atendiera los diversos intereses representados por las estrategias territoriales del Gobierno venezolano, sino también sobre cómo estas herramientas impactaron en la trayectoria de la vivienda local y en la vida de los pueblos indígenas.

©Trópico Absoluto

Notas

[1] Este artículo fue publicado originalmente en inglés (Avella, 2024), en un número especial sobre la Amazonía de la gta papers, la revista del Instituto de Historia y Teoría de la Arquitectura (gta) del Departamento de Arquitectura de la ETH de Zúrich. Los editores de este número fueron Santiago del Hierro, Johanna Just y Ciro Miguel, a quienes agradezco profundamente la invitación para participar en tan importante (y necesario) proyecto editorial.

[2] Muchos de estos planes se promovieron a través de la Alianza para el Progreso, un ambicioso programa de ayuda exterior iniciado por la administración Kennedy en 1961 con el objetivo de reducir la pobreza, aportar estabilidad política y establecer la cooperación económica entre Estados Unidos y los países latinoamericanos.

[3] Raúl Alegrett (exministro de Agricultura, fundador de la Fundación CIARA y director del Instituto Agrario Nacional), entrevista, 12 de octubre de 2023.

[4] El texto de Machado en cuestión, titulado ‘Planificación de comunidades rurales,’ es un manuscrito mecanografiado sin publicar y sin fecha. Es propiedad privada de Ernestina Fuenmayor, arquitecta e hija de Haydée Machado.

[5] Los pueblos indígenas de Venezuela suman poco más de 700.000 habitantes, alrededor del 3% de la población total. Aunque solo una cuarta parte de esos grupos vive en la Amazonía venezolana, esta sigue siendo la región con mayor diversidad cultural del país debido a la existencia de veinticuatro grupos étnicos, entre los que se encuentran los Uwottüja, Guajibo, Curripaco, Baniva, Baré, Piapoco, Puinave, Ye’kuana y Yanomami, entre otros, en el estado Amazonas; los Kariña, Ye’kuana y Pemón en el estado Bolívar; y los Warao en el Delta del Orinoco.

[6] La Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en el estado Bolívar; la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA); la Corporación de Los Andes (CORPOANDES), que abarcaba los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas; la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO), que integraba los estados Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy; así como la Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental (CORPORIENTE), entre otros.

[7] Las limitaciones de espacio me obligan a centrarme aquí en los esfuerzos realizados por la IAN y la Comisión para el Desarrollo del Sur de Venezuela (CODESUR) en el entonces Territorio Federal Amazonas.

[8] Los pueblos Warao, Pemón, Guajibo, Uwottüja, Curripaco, Puinave, Piapoco, Baniva, Baré, Yeral, Warequena y Ye’kuana.

[9] Polos de crecimiento se refiere a la teoría desarrollada por el economista francés François Perroux (1955; Perroux, Friedman y Tinbergen, 1973).

[10] Estas cifras agregadas provienen de un análisis exhaustivo de los informes de Memoria y Cuenta publicados por el MSAS entre 1958 y 2007.

[11] Impulsado por la caída de los precios del petróleo, el Gobierno venezolano creó en 2016 el Arco Minero del Orinoco, que abrió 110.000 kilómetros cuadrados en el estado de Bolívar para la extracción de recursos naturales.

Bibliografía

Avella, Ricardo (2024): «Modernizing the Venezuelan Amazon: Rural Housing as an Instrument of Cold War-Era Colonization» en gta papers, vol. 9, pp. 48–60.

Avella, Ricardo (2025): «Modernizing the countryside: Israeli rural planning expertise for the Venezuelan agrarian reform during the 1960s» en Planning Perspectives. Disponible en: https://doi.org/10.1080/02665433.2025.2526154

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Mi más sincero agradecimiento a Raúl Alegrett, cuya generosidad quedó patente en su disposición a ser entrevistado en más de una ocasión, y en su constante disponibilidad para responder a todas mis preguntas; y a Ernestina Fuenmayor, quien me abrió sin dudarlo ni un minuto el archivo personal de su madre, proporcionando material invaluable que ayudó a sortear la inaccesibilidad de los archivos oficiales del país. Esta investigación ha sido financiada por la Gerda Henkel Stiftung a través de una beca de doctorado.

Ricardo Avella (Caracas, 1984), estudió arquitectura en la Universidad Central de Venezuela y en el Politecnico di Torino. Cursó una maestría avanzada en urbanismo en la Universidad Tecnológica de Delft, donde hoy en día es doctorando en el Departamento de Urbanismo. Investiga la historia de la modernización de la Amazonía venezolana y el papel de la vivienda rural como instrumento de colonización durante la Guerra Fría. Su trabajo busca ofrecer una lectura decolonial de este momento poco estudiado de la historia, basándose en métodos etnográficos y en historias orales. Sus ensayos han aparecido en revistas como Regional Studies, Regional Science; Eídos; Anales de Investigación en Arquitectura, en el número especial sobre la Amazonia de gta papers, y en Planning Perspectives.