El oro venezolano entra en zona gris: organizaciones alertan sobre nuevas licencias de EE. UU.
Una coalición de organizaciones liderada por SOSOrinoco advierte que nuevas licencias de EE. UU. para el comercio de minerales venezolanos podrían legitimar un sector marcado por la ilegalidad, la violencia y la destrucción ambiental, además de facilitar el blanqueo de oro en los mercados internacionales.
Una decisión reciente del gobierno de Estados Unidos encendió las alarmas entre organizaciones ambientales y de derechos humanos. El 6 de abril de 2026, una coalición liderada por SOSOrinoco -junto a grupos como Global Witness, Survival International y Environmental Investigation Agency US- publicó una declaración conjunta para cuestionar la emisión de las Licencias Generales 51A, 54 y 55 por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Estas licencias amplían las autorizaciones para realizar transacciones, inversiones y acuerdos relacionados con minerales venezolanos, incluido el oro, en un contexto donde las sanciones principales aún siguen vigentes. Aunque la medida se presenta como una flexibilización controlada, las organizaciones advierten que podría abrir la puerta a la normalización de un sector que, según sostienen, está profundamente marcado por la ilegalidad.
El punto central de la crítica es que el sector minero venezolano -especialmente en la región del Arco Minero del Orinoco- no funciona como una industria convencional. De acuerdo con la declaración, se trata de un sistema “capturado y criminalizado”, en el que empresas estatales operan en entornos donde también tienen presencia grupos armados, redes criminales y economías ilícitas. En este contexto, permitir nuevas inversiones o transacciones podría implicar, directa o indirectamente, beneficiar estas estructuras.
Las organizaciones firmantes piden la revocación inmediata de las Licencias 51A, 54 y 55 y el restablecimiento de sanciones más estrictas al sector minero estatal.
Las consecuencias señaladas por las organizaciones abarcan tanto el plano ambiental como el social y financiero. En el terreno, denuncian la destrucción de ecosistemas, la contaminación por mercurio y la invasión de áreas protegidas. También alertan sobre violaciones de derechos humanos, incluyendo explotación laboral y abusos contra comunidades indígenas. A nivel internacional, advierten que estas licencias podrían facilitar el ingreso de oro de origen ilícito al mercado global, contribuyendo a esquemas de blanqueo de capitales.
Las organizaciones firmantes piden la revocación inmediata de las Licencias 51A, 54 y 55 y el restablecimiento de sanciones más estrictas al sector minero estatal. Asimismo, proponen que cualquier futura apertura esté condicionada a la implementación de sistemas de trazabilidad completa del oro, el cumplimiento de estándares ambientales y de derechos humanos, y la exclusión de zonas controladas por grupos armados o ubicadas en territorios indígenas.
La declaración también hace un llamado a actores internacionales -incluidos bancos, refinerías y empresas- para que eviten participar en transacciones vinculadas a estos minerales bajo las condiciones actuales. El argumento es que el problema no se limita al origen del oro, sino que involucra a toda la cadena de suministro global.
En ese sentido, la advertencia es clara: sin garantías de transparencia, control y legalidad, la apertura del sector minero venezolano podría no solo profundizar los problemas existentes, sino también trasladarlos al sistema financiero internacional. Frente a este escenario, las organizaciones firmantes no solo alertan, sino que fijan una posición concreta y detallada. Su declaración, reproducida a continuación, expone los riesgos, responsabilidades y exigencias que, a su juicio, deberían guiar cualquier decisión sobre el futuro del oro venezolano.
Para contexto, reproducimos a continuación la declaración completa publicada por organizaciones de la sociedad civil:
Documento completo | Declaración conjunta de la sociedad civil sobre las Licencias Generales 51A, 54 y 55 de la OFAC para minerales venezolanos (6 de abril de 2026). Liderado por SOSOrinoco con organizaciones internacionales y venezolanas asociadas
Las organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales abajo firmantes, lideradas por SOSOrinoco, toman nota de la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de emitir las Licencias Generales 51A, 54 y 55, que autorizan la ampliación de las actividades relacionadas con minerales de origen venezolano, incluido el oro, así como los servicios y las posibles inversiones en el sector minero de Venezuela. Estas medidas amplían significativamente el alcance de las autorizaciones previas en virtud de la Licencia General 51, que ya permitía transacciones relacionadas con el oro venezolano, incluidas aquellas vinculadas a la empresa minera estatal de Venezuela, Minerven, y sus filiales.
Mientras que la GL51A se centra en las transacciones de minerales, la GL54 y la GL55 llevan la política a un terreno significativamente más peligroso. La GL51A reabre un canal legal estrictamente controlado para el comercio de oro de origen venezolano, permitiendo transacciones comerciales autorizadas por Estados Unidos mientras las sanciones principales siguen vigentes. La GL54 es el verdadero punto de inflexión, ya que autoriza la estructuración comercial de acuerdos de inversión contingentes que pueden ampliar el acceso de Estados Unidos al sector de minerales críticos de Venezuela, con el riesgo de apoyar directamente a sitios mineros controlados o influenciados por grupos armados o redes criminales. La GL55 es el facilitador silencioso, y quizás la licencia con mayores consecuencias estratégicas: al autorizar negociaciones, memorandos de entendimiento, contratos contingentes y futuras estructuras de inversión, permite a los actores posicionarse de antemano dentro del sector minero de Venezuela antes de que existan reformas de gobernanza.
Estas licencias representan un peligroso retroceso respecto a los estándares internacionales de derechos humanos, protección medioambiental y protocolos contra el blanqueo de capitales. Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en un participante de facto en el saqueo de la Amazonía.
Recalcamos que el sector minero de Venezuela —consagrado por el modelo del Arco Minero del Orinoco— no es una industria extractiva normal a la espera de inversiones. Se trata de un sistema capturado y criminalizado en el que entidades estatales, entre ellas Minerven y la Corporación Venezolana de Minería (CVM), han operado durante mucho tiempo junto a, y en muchos casos en coordinación con, actores armados no estatales, grupos criminales (“sindicatos”) y grupos armados irregulares. Forma parte de una red controlada por el Estado que históricamente ha facilitado flujos opacos de oro, entre los que se incluyen:
Destrucción ambiental sistémica: El uso ilegal de mercurio y la invasión de áreas protegidas y parques nacionales están causando un ecocidio irreversible.
Violaciones de los derechos humanos: La explotación de las comunidades indígenas y el trabajo forzado son impuestos por grupos criminales y actores armados irregulares, entre ellos el ELN, disidencias de las FARC y el Tren de Aragua.
Delitos patrocinados por el Estado: El monopolio de la CVM y Minerven enriquece directamente a funcionarios del régimen y a las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
Autorizar transacciones en las que participan estas entidades —sin una transparencia radical— crea una alta probabilidad de que los ingresos sigan eludiendo la rendición de cuentas pública y, en cambio, beneficien a élites políticas, militares y económicas.
El mayor punto ciego de las Licencias 51A, 54 y 55 es la transparencia de los ingresos. No existe ningún mecanismo público que garantice que los ingresos procedentes de estas transacciones lleguen a cuentas públicas legítimas, no se desvíen a estructuras extrapresupuestarias ni terminen enriqueciendo a personas sancionadas, actores militares, redes criminales o grupos armados vinculados al narcotráfico, la financiación del terrorismo o la minería ilegal.
Se calcula que entre el 80% y el 90% de la producción de oro de Venezuela ha eludido los canales formales del Banco Central. Sin una contabilidad pública completa, dólar por dólar, estas licencias corren el riesgo de formalizar flujos de ingresos opacos que sustentan la corrupción, el crimen organizado y los conflictos.
La emisión de estas licencias no “limpia” el oro venezolano. Por el contrario, puede contaminar el sistema financiero internacional. Bancos, aseguradoras, comerciantes y refinerías enfrentan riesgos crecientes de litigios, revisiones de cumplimiento e investigaciones por su posible vinculación con delitos financieros, ambientales y de derechos humanos.
Asimismo, existe el riesgo de que se configure uno de los mayores mecanismos de blanqueo de oro ilícito a nivel global. Oro procedente de zonas controladas por grupos armados en Venezuela —e incluso de países vecinos como Guyana, Brasil o Colombia— podría ingresar a los mercados internacionales bajo una apariencia de legalidad.
En el plano internacional, estas medidas también complican el cumplimiento de normativas como el Reglamento (UE) 2017/821 y las directrices de la OCDE sobre debida diligencia, que exigen cadenas de suministro libres de conflictos. Lejos de facilitar el comercio, estas licencias aumentan la carga de verificación para los actores del mercado.
Ante este escenario, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno de los Estados Unidos:
Revocar inmediatamente las Licencias Generales 51A, 54 y 55 y restablecer sanciones de bloqueo total contra Minerven, la CVM y todas las entidades asociadas al comercio ilícito de oro en Venezuela.
Aplicar normas que garanticen que ningún mineral esté vinculado a la destrucción de la Amazonía o a la violación de derechos indígenas.
Reconocer la deuda ecológica derivada de la explotación minera en la Amazonía y la Orinoquia.
Excluir las zonas controladas por grupos armados o ubicadas en territorios protegidos o indígenas.
Reconocer el impacto sobre los pueblos indígenas, afectados por violencia, contaminación y enfermedades.
Establecer mecanismos vinculantes de cumplimiento ambiental y de derechos humanos.
Las organizaciones concluyen con un llamado a la comunidad internacional y a las refinerías de oro responsables a rechazar cualquier oro venezolano procesado bajo estas licencias. Señalan que Venezuela no puede reconstruir su futuro sobre bases de opacidad, criminalidad y corrupción, y que cualquier flexibilización de sanciones debe estar condicionada a pruebas verificables de cadenas de suministro limpias, libres de conflicto y totalmente trazables.
La transparencia no es opcional: es la condición para la legitimidad.
Firman:
SOSOrinoco
Organizaciones internacionales:
Global Witness
Survival International
FACT Coalition
Environmental Investigation Agency US
Organizaciones venezolanas:
A.C. Chunikai
Asociación Watunna Venezuela
Fundación AguaClara
Laboratorio de Paz
Clima21
Grupo Emergencia Humanitaria Compleja en Agua
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