La Zona Rental de la UCV: el sueño elusivo. Una memoria personal

A finales de la década de 1990, recién terminada la gestión decanal, convergieron una serie de circunstancias que me pusieron al frente del desarrollo de las Zonas Rentales de la Universidad Central de Venezuela (UCV); en particular la localizada en Plaza Venezuela, un polígono de poco más de diez hectáreas de superficie, se presentaba como un fascinante proyecto urbanístico que, sin embargo, durante casi cuarenta años había dormido un profundo sueño. En otros artículos[1] he relatado el contexto político, económico y técnico en que ocurrió ese proceso, así como algunos de sus antecedentes y las estrategias que implementamos para su desarrollo. Además de ampliar esa reflexión, ahora me interesa también tratar de desmontar algunos mitos y contar algunas experiencias personales que, creo, ayudan a tener la visión integral de lo que se ha revelado como un sueño reacio a su materialización, pero de ninguna manera cancelado: en experiencias de largo aliento como esta, es fundamental evitar la pérdida de la memoria institucional. Asociada además a una aspiración perseguida durante casi dos siglos, conviene comenzar con un rápido vistazo a los antecedentes.

Los orígenes de una idea

Cuando en 1827, bajo el rectorado del Dr. José María Vargas, la Real y Pontificia Universidad de la Caracas colonial se convierte en la republicana Universidad Central de Venezuela, sus novísimos estatutos, además de ratificar y actualizar la autonomía académica, establecieron instrumentos para que esta fuera efectiva y no meramente declarativa. Con ese objeto el Estado le asignó un importante número de propiedades agrícolas, notablemente la obra pía de Chuao, con el fin de que, con su explotación, obtuviera rentas que hicieran posible su autonomía financiera. Desafortunadamente, el turbulento siglo XIX venezolano fue poco propicio para el desarrollo de ese potencial, al extremo que, finalizando la centuria, terminaron perdiéndose esas fuentes de ingresos propios[2], por lo que, desde entonces, la Universidad pasó a tener una dependencia prácticamente absoluta de las asignaciones presupuestarias del Ejecutivo Nacional, cuyas funestas consecuencias se han hecho patéticamente evidentes bajo el imperio del llamado Socialismo del siglo XXI.  

El primer tercio del siglo XX venezolano transcurrió bajo la larga y férrea tiranía de Juan Vicente Gómez, un período particularmente oscuro para la educación en general y la universidad en particular: la Universidad del Zulia fue clausurada en 1904 y no se reabrió hasta 1946, mientras que la Central permaneció clausurada desde 1912 hasta 1922 y, más brevemente, en 1928, a raíz de la célebre rebelión estudiantil de aquel año.

El panorama comienza a cambiar a la muerte del tirano, cuando el gobierno de Eleazar López Contreras empieza a desbrozar el camino hacia la democracia y pone en obra un importante programa de construcción de edificaciones escolares que continúa su sucesor, Isaías Medina Angarita. En 1943, con visión futurista, el Ejecutivo compra la Hacienda Ibarra, un predio rural de la Caracas de entonces de 200 hectáreas de superficie, hoy devenido en centro de la ciudad, para construir en ella, bajo la dirección urbanística y arquitectónica de Carlos Raúl Villanueva, la moderna sede de la UCV.

Una pequeña sección de la misma, al norte del río Guaire, se reservó para un desarrollo de carácter rental que le permitiera a la UCV la generación de ingresos propios. Es así como en 1955, proyectado por el mismo Villanueva, se inicia la construcción de un gran edificio de oficinas, destinado a ser el rascacielos en concreto más alto de América Latina. Sin embargo, con la caída del dictador Pérez Jiménez, la obra se interrumpió y esa sección, que es la que hoy se conoce como Zona Rental Norte, quedó en manos del Ejecutivo Nacional, a quien por muchos años no le interesó o no supo qué hacer con ella.

La Fundación Fondo Andrés Bello

Dieciseis años después, en 1974, el Ejecutivo Nacional decreta la creación de la Fundación Fondo Andrés Bello para el Desarrollo Científico de la UCV (FFAB), asignándole, como reza su Acta Fundacional, la misión de generar recursos para «promover la investigación en los diferentes campos del conocimiento». Para ello le entrega la propiedad de las zonas rentales ‑la Norte, la más importante por localización y tamaño ubicada en Plaza Venezuela, y la Sur, bastante más pequeña, localizada en las inmediaciones de la Plaza de Las Tres Gracias- con las edificaciones total o parcialmente construidas sobre ellas. Cuatro años después de su creación es designado su primer Consejo Directivo, presidido por el Ing. Héctor Isava, quien había sido el primer Decano de la Facultad de Ingeniería de la UCV electo después del restablecimiento de la democracia.

Particularmente lúcida me pareció la idea de separar la propiedad y gestión de las zonas rentales de las funciones propias de la Universidad, pero dejando claramente establecido el destino de los recursos generados por el órgano gestor: según mi experiencia un grado importante de autonomía y la definición clara de su perfil como entidad centrada en la generación de recursos económicos es la única manera de que los equipos responsables puedan asegurar, además del grado de especialización y el nivel profesional, la concentración en el logro de los objetivos propuestos. Algo que, hay que decirlo, implica enfrentarse a una tradición en buena medida contraria, propia de la práctica centralizadora habitual de la administración pública venezolana, incluidas las universidades autónomas.

Lo anterior cobra más relevancia si, como ha ocurrido en los hechos, a ella le corresponde desarrollar esa propiedad y no simplemente administrarla: tal como lo explico en mi artículo de 2002, está claro que la idea original era que la FFAB se limitaría a la gestión de dichos inmuebles mientras que el eventual desarrollo de los mismos se confiaba al poder público, como había ocurrido con la misma Ciudad Universitaria y el Edificio Rental proyectado por Villanueva[3], del que para el momento de la caída de la dictadura, cuando los terrenos quedaron en manos del Ejecutivo, sólo se había alcanzado a construir los sótanos. Sin embargo, además de que ese hipotético aporte del sector público nunca se materializó, fue preciso esperar hasta 1987 para disponer de un instrumento, el Plan Maestro de Desarrollo y Diseño Urbano (PMDDU) y la correspondiente Ordenanza, que orientara los esfuerzos para desarrollarla.[4]    

Para esas fechas era evidente el agotamiento del modelo que durante medio siglo había sustentado el acelerado crecimiento de la economía venezolana, por lo que el Plan partía del reconocimiento de esa circunstancia y de la certeza de que, para llevar a buen fin un proyecto como ese, se requería del diseño de una estrategia de largo plazo que abriera la posibilidad de alianzas con el sector privado. Como ello ocurría en un escenario de incertidumbre en el tiempo y en el tipo de propuestas que pudieran aparecer en cada momento, no servía un plan convencional. Pero diez años después la situación seguía inalterada.

El por qué de la parálisis de la Fundación

Ha sido muy común la idea de que esa prolongada parálisis de la Fundación era atribuible a que en su Consejo Directivo la UCV, la principal interesada, se encontraba estatutariamente en minoría. Pero, como se verá a continuación, se trata de una explicación incorrecta e incluso peligrosa, que, al no atacar la verdadera raíz del problema, podría convertirlo en crónico.

Según los estatutos originales, vigentes hasta diciembre de 2000, la dirección de la Fundación correspondía a un Consejo Directivo (CD) integrado por un Presidente de libre designación y remoción de la Presidencia de la República; el Rector de la UCV o su representante; un representante del Consejo Universitario (CU) de la UCV; un representante del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) de la UCV; un representante de las academias nacionales; un representante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT); un representante del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

De modo que, de un total de siete miembros, tres eran representantes directos de la UCV, incluida su máxima autoridad, y otros tres representaban instituciones que, además de ser afines a la UCV y mantener con ella muy estrechos lazos, con frecuencia designaban como sus representantes a personas que eran egresados suyos, cuando no incluso se desempeñaban o se habían desempeñado como profesores de la misma. En cuanto a la Presidencia, antes de 1997, el cargo había sido ejercido solamente por dos personas: el primero, como ya se dijo, el ex-decano Héctor Isava, quien renunció muy pronto debido, según testimonio personal, a que no se le asignaron los recursos financieros esperados; lo sucedió el Dr. Gustavo González Eraso, profesor de larga data de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la UCV, quien estuvo en funciones hasta 1997.

Todos esos cargos, incluida la Presidencia, eran honoríficos, por lo que, al final, la dirección de la Fundación quedaba en manos de un Secretario Ejecutivo designado por el Consejo Directivo a proposición de su presidente. No había, sin embargo, un perfil del cargo y, según la información que se me suministró, el mismo estuvo sujeto a una alta rotación: de hecho, cuando asumí, estaba vacante.

De los elementos de juicio recogidos parece posible concluir entonces que la verdadera razón de la parálisis de la Fundación era que en su Consejo Directivo confluían dos factores adversos: una evidente ausencia de liderazgo y, seguramente subyacente al anterior, la inexistencia entre sus integrantes de alguien con la visión y la formación profesional necesarias para poner en marcha un proyecto inmobiliario y urbanístico de esas dimensiones y peculiaridades. Particularmente, la inalienabilidad de los terrenos, en un contexto, además, de tanta incertidumbre e inestabilidad como el venezolano del último cuarto del siglo pasado. Quizá ni siquiera hubiera conciencia de la excepcionalidad del proyecto y que se lo viera como una operación inmobiliaria más o menos convencional.  

Tratando de compensar esas carencias, para 1983 se había conseguido que la Fundación contratara la gerencia técnica de INSURBECA, la empresa del Instituto de Urbanismo de la UCV que poco después abordaría la redacción del PMDDU. Un avance significativo que se evidenció en la firma de sendos compromisos para el desarrollo de dos proyectos en la Zona Rental Sur: las sedes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICIT) y de los posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la misma UCV[5], la ejecución de los cuales estaba sujeta, sin embargo, a aportes del sector público. Desafortunadamente, sin explicaciones, el Ejecutivo que asumió en 1999 terminó desechando el primero[6] y el segundo no se concretó por falta de financiamiento.

El Plan Maestro de Desarrollo y Diseño Urbano

Como ya se dijo, durante los primeros años de su existencia la FFAB no contó con un plan, ni siquiera con una hoja de ruta que la orientara en cuanto a qué hacer para dirigir el desarrollo de las Zonas Rentales, lo cual tal vez se pueda explicar por dos factores convergentes. De una parte, como ya lo asomaba el Acta Fundacional, la idea de que esa responsabilidad quedaba en manos del Ejecutivo Nacional, por lo que, en consecuencia, el papel de la Fundación, en concreto del Consejo Directivo, se limitaba a su administración; de la otra que, independientemente de sus méritos ciudadanos y académicos, quienes la integraron hasta 1997 eran personas que se habían formado, personal y profesionalmente, durante los años dorados del petroestado venezolano, que, con su mano generosa, parecía dispuesto a inyectar recursos a toda noble causa, ¿y cuál más noble que esa? ¿No había sido esa misma mano la que había permitido construir ese portento del arte y la arquitectura modernos que es la Ciudad Universitaria, a la que en el 2000 la UNESCO reconoció como Patrimonio de la Humanidad?

Esta hipótesis resulta tanto más verosímil por cuanto la Fundación fue creada durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, es decir, en coincidencia con la súbita elevación de los precios del crudo originada en el embargo con que los países árabes reaccionaron en 1973 a raíz de la llamada guerra del Yom Kipur. En el caso venezolano, la consecuencia fue que el ingreso nacional se disparó a niveles nunca vistos, pero el boom duró poco, y ya a finales de la década el modelo rentista de crecimiento mandaba señales bastante claras de agotamiento.

A lo anterior pudiera sumarse otro factor, como es que durante los años iniciales, no existiendo en su equipo directivo ni entre sus asesores ningún urbanista o, en todo caso, algún profesional con visión de ciudad, era difícil que en el seno de la Fundación se entendiera el rol estratégico que, además de su misión fundamental, le correspondía jugar a la ZRN en la afirmación de la capitalidad caraqueña, lo cual, además, poco contribuía a calibrar cabalmente su potencial para el fortalecimiento de la investigación en la UCV y la consolidación de su autonomía.[7]

Hubo que esperar hasta 1985 para que, como ya se dijo, bajo la gestión del Rector Moros Ghersi y por iniciativa del Instituto de Urbanismo, se le contratara a INSURBECA la redacción del Plan Maestro de Desarrollo y Diseño Urbano de las Zonas Rentales[8]; en el caso de la Norte, la de mayor potencial económico, el mismo partió de una serie de premisas fundamentales, a saber:

1. Además del agotamiento del modelo rentista de crecimiento, en esos mismos años la economía venezolana ingresó en un prolongado ciclo recesivo[9] que obligaba a descartar la hipótesis de su desarrollo, al menos de manera exclusiva, por parte del sector público, apuntando más bien a una estrategia de alianzas con inversionistas privados.

2. Esa misma circunstancia recomendaba la formulación de un plan que posibilitara el desarrollo a largo plazo y por etapas, capaz de adaptarse tanto a los cambios en las prioridades urbanísticas como a dinámicas de mercado que era imposible anticipar; esto obligaba a descartar la recuperación del proyecto original de Villanueva, que, por una mezcla de razones técnicas, logísticas y macroeconómicas, se había hecho inviable.

3. La centralidad de su localización y el entorno ya existente, sumados a sus dimensiones de poco más de diez hectáreas, sugerían un desarrollo de usos mixtos metropolitanos de alta densidad, enmarcados en una generosa dotación de espacio público con prioridad a la movilidad no motorizada y al transporte público.

El Plan, con la correspondiente Ordenanza y previo el visto bueno de la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano, fue aprobado por el Concejo Municipal del municipio Libertador en noviembre de 1987, especificando que mantendría su validez siempre y cuando la FFAB mantuviera la propiedad.

Formulación de una estrategia de desarrollo

Pese a estos avances, el desarrollo de la Zona Rental continuó estancado, limitándose sus autoridades a otorgar en arrendamiento[10], a precios irrisorios (en promedio Bs 350/m²/mes, unos 70 centavos de dólar al cambio de la época), los sótanos del inconcluso edificio Villanueva y porciones de terreno de tamaño variable sobre los que se levantaban edificaciones de distinto tipo, la mayoría precarias y de escasa calidad pero que la saturaban. Por su visibilidad, entre ellas destacaba un bar, la Fuente de Soda Radial Plaza, una seudo churuata de inmejorable localización sobre el borde este de la Plaza Venezuela, uno de los nodos urbanísticos y arquitectónicos más potentes de la ciudad. Los ingresos así obtenidos representaban el 83 por ciento del escuálido presupuesto de la Fundación (158 millones de bolívares en 1997, unos 316 mil dólares).

Para tratar de sacar a la Fundación de ese marasmo, durante mi gestión decanal (1990-1996) había insistido ante los sucesivos rectores en la necesidad de incorporar al Consejo Directivo de la Fundación en representación del Consejo Universitario, e incluso negociar con el Ejecutivo en el cargo de presidente, a alguien cuya experiencia y formación profesional lo dotara de visión de ciudad. Tales sugerencias fueron desestimadas.[11]

Cuando en 1996 terminé mi gestión decanal, el Prof. José Domingo Mujica, ex Decano de la Facultad de Ciencias de la UCV y a la sazón presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, me invitó a una reunión para discutir qué se podía hacer para activar la FFAB, tarea que el Presidente de la República le había encomendado a él, al Presidente del CONICIT, Prof. Ignacio Ávalos y al Prof. Luis Castro Leiva. Mi respuesta fue la que ya había expresado en algunos artículos y en recomendaciones a los rectores: dotarla de un liderazgo adecuado, lo cual se resumía en la designación de un presidente con las cualidades y dedicación necesarias. Se me solicitaron nombres posibles, a lo cual respondí ratificando el del Ing. Azpurua; requerido a sugerir otros, mencioné al Prof. Frank Marcano, ex director del IU y que había dirigido la asesoría de este a la Fundación, y el Prof. Luis Carlos Palacios, también ex director del IU y, a mi juicio, una de las mentes más lúcidas en materia de temas urbanos.

Al terminar la reunión, el Prof. Mujica me preguntó si acaso yo no estaría también dispuesto a asumir el cargo, a lo que respondí afirmativamente, pero precisando que había solicitado el año sabático que me correspondía, el cual incluía un trimestre (octubre-diciembre de 1996) en la Terza Università de Roma. Estando en ella se me comunicó la designación como presidente de la Fundación. El entonces Rector de la UCV, Trino Alcides Díaz, se dirigió al ministro de Educación reclamando su prerrogativa a proponer un candidato, tras lo cual nominó al Prof. Elías Eljuri, quien había ocupado los cargos de Vicerrector Administrativo de la Universidad y Decano de FACES. Como era previsible, se trató de un gesto de mera cortesía y la designación recayó sobre el suscrito. Sin embargo, en una primera reforma de los Estatutos que propusimos en noviembre de 1998, siendo ministro de Educación Antonio Luis Cárdenas, profesor de la Universidad de Los Andes, se estableció que, aunque el presidente seguía siendo seleccionado por el ministro, ahora debería escogerlo de una terna, dos integrantes de la cual propuestos por las autoridades rectorales de la UCV y el tercero por los miembros del CD, fortaleciendo así la capacidad de la Universidad para orientar las políticas de la Fundación.[12]

El personal y el terreno

Al asumir la presidencia el panorama de la Fundación era el siguiente: todos los cargos del CD eran honoríficos; nominalmente contaba con un Secretario Ejecutivo, cargo que entonces estaba vacante y del cual no existía un perfil, y que, según se me informó, siempre había estado sujeto a una alta rotación. Disponía de un mínimo equipo de apoyo administrativo y dos o tres obreros encargados de labores de limpieza y mantenimiento. Aunque desde 1983 contaba con la Gerencia Técnica de INSURBECA, disponía también de otros asesores en materia legal y de ingeniería, remunerados con salario mínimo y con escasa presencia en las instalaciones de la Fundación. Contaba además con un Contralor Interno, que, considerada la escala de la Fundación, no parecía especialmente útil. Se solicitó la opinión de un experto en el tema[13], quien coincidió con este punto de vista y recomendó adscribirla a la Contraloría Interna de la UCV.

Por su parte, como ya se señaló, el terreno estaba ocupado por una miríada de pequeños locales de todo tipo, algunos de los cuales eran anteriores a la creación de la Fundación, y que no dejaban espacio para edificaciones de las características requeridas por el PMDDU.[14] Aunque en esta materia el CD no había permanecido de brazos cruzados, intentando negociar la salida amistosa de algunos arrendatarios e incluso incoando juicios de desalojo contra los morosos y aquellos que se resistían a la desocupación aun cuando sus contratos hubieran caducado. Los resultados fueron escasamente satisfactorios.

El edificio sede

Las instalaciones desde las que despachaba no eran diferentes de las que ocupaban el resto de los terrenos: un destartalado «edificio» con pisos de cemento y techos de láminas de zinc que dejaban colar el agua cada vez que llovía, equipado con muebles de oficina metálicos en no muy buen estado, probablemente producto de alguna donación. Era más que evidente que, desde instalaciones tan precarias, resultaría bastante cuesta arriba convencer a algún inversionista que la Fundación se proponía desarrollar el complejo urbanístico más ambicioso de la Caracas del siglo XXI y uno de los más importantes de la región, por lo que se convertía en una pieza no irrelevante de la estrategia mudar esas oficinas a unos espacios compatibles con la dimensión y modernidad del proyecto, localizados preferiblemente a la menor distancia posible de la Zona Rental.

Con buen juicio, la Fundación había creado un fideicomiso con los recursos provenientes de las expropiaciones por causa de utilidad pública ejecutadas por el Estado sobre sus terrenos.[15] La justificación para ello fue que, al provenir aquellos de afectaciones de bienes sustraídos de su patrimonio físico, inalienable por principio, debía garantizarse su preservación evitando dilapidarlo en el gasto corriente. Sin embargo, el proceso inflacionario que por esos años se instaló en el país ‑y que con el tiempo, antes que mermar se aceleró hasta alcanzar niveles inimaginables- planteaba la conveniencia de su transformación en bienes inmuebles como medida de protección, lo cual coincidía con la necesidad de alojar sus oficinas en instalaciones cónsonas con las metas del proyecto implícito en el PMDDU.[16]

Reforma de los Estatutos  

Con la designación como ministro de Educación del Prof. Héctor Navarro, destacado miembro del personal docente y de investigación de la Facultad de Ingeniería de la UCV, se abrió la posibilidad de proceder a una más profunda reforma y puesta al día de los estatutos de la Fundación. El CD, con la asesoría legal del Dr. Pedro Nikken, redactó el proyecto correspondiente que recibió la aprobación del Ejecutivo Nacional y entró en vigencia en diciembre de 2000. Sus principales novedades fueron las siguientes: el Consejo Universitario (CU) de la UCV pasó a ser su ente tutelar en sustitución del Ministerio de Educación; el Presidente sería seleccionado por el CU de una terna propuesta por las autoridades rectorales (2) y el Consejo Directivo de la Fundación (1), duraría cinco años en sus funciones renovables por otros cinco[17]; los representantes en el Consejo Directivo de cada una de las instituciones externas serían seleccionados por el CU de sendas ternas propuestas  por aquellas; los cargos de Presidente y Directores dejarían de ser honorarios, pasando el primero a percibir un sueldo acorde con sus responsabilidades y los otros una dieta por su asistencia a las reuniones.

Con estas reformas se perseguían los siguientes objetivos: colocar como ente tutelar de la Fundación a la institución más directamente interesada en su éxito; fortalecer el profesionalismo de los integrantes del CD, particularmente del Presidente, y su compromiso con el proyecto; establecer un equilibrio entre la continuidad de gestión, requerida para la puesta en marcha de un proyecto novedoso, en extremo complejo y de gran envergadura, y la alternabilidad que prevenga contra la burocratización y anquilosamiento de sus instancias directivas; convertir a la Fundación en un ente altamente competente en la materia y dotarla de la mayor autonomía operativa posible, circunscribiendo las competencias del ente tutelar, como corresponde, al control estatutario, la supervisión de la gestión y la coordinación presupuestaria, considerando además que ya contaba en el CD con tres miembros, incluido el Rector de la UCV, designados directamente por aquel.

Reestructuración de la Fundación

La reforma y modernización de la estructura interna de la Fundación aparecía como una medida indispensable para abordar de manera eficaz las tareas encomendadas. Así, aparte de las señaladas en los estatutos, la presidencia asumió expresamente la responsabilidad por la dirección general, las relaciones institucionales y la definición de las estrategias de desarrollo, apoyada en un núcleo gerencial altamente calificado, a la vez que se optó por mantener una nómina restringida, recurriendo al outsourcing cuando fuese necesario.

Despeje de los terrenos

Estaba muy claro que, para poner en práctica el Plan, había que comenzar por disponer de, al menos, una parcela libre de dimensiones adecuadas a su potencial, de asesoría legal y financiera de alto nivel y, desde luego, de los recursos económicos requeridos para ello. Pero la Fundación estaba atrapada en un auténtico círculo vicioso: en 1997 el 82 por ciento de su escuálido presupuesto (158 millones de bolívares, 320 mil dólares al cambio de entonces) se originaba en los míseros alquileres cancelados por la miríada de locales que saturaban el terreno. A primera vista, esto hacía imposible liberar la superficie mínima requerida para el arranque del Plan y, simultáneamente, reunir los recursos necesarios para contratar las asesorías necesarias.

Aunque alojaba algunas instituciones muy nobles como los talleres de la Fundación Bigott o el CENAMB-UCV, sus instalaciones no eran compatibles con el PMDDU. De resto, la norma era que los terrenos y los sótanos del inconcluso edificio Villanueva estuvieran ocupados, de manera desordenada, por una multitud de establecimientos comerciales de carácter diverso, de dimensiones variables y alojados muchas veces en estructuras muy precarias. Todos, pese a la estupenda localización, pagaban rentas muy bajas, mientras que algunos, como la Asociación Pro Venezuela o el Movimiento Pro Desarrollo de la Comunidad, de Rubén Charlita Muñoz, se sentían virtuales propietarios del suelo gracias a sus nexos con el poder político.[18] Para completar este cuadro, se habían enquistado en el lugar algunas dependencias gubernamentales.

En consecuencia, para incrementar los ingresos de la Fundación en lo inmediato se diseñaron dos líneas de acción: por una parte, unificar los precios unitarios de alquiler incrementados en un nivel razonable, estableciendo a la vez una política de aumentos anuales en función de la inflación y negociando con los ocupantes un plan progresivo de desocupación de los terrenos. Por otra, suspender provisionalmente la transferencia de recursos a la Universidad: en el presupuesto de ese año se proponía asignar una cuarta parte del mismo (unos 40 millones de bolívares) a ese fin, lo que, representando menos del uno por ciento del presupuesto propio del CDCH, lo convertía en un cumplimiento puramente formal de la misión de la Fundación.[19]

Pronto se comprobó, sin embargo, que no bastaba con rescindir contratos: los terrenos eran tan atractivos para ese tipo de clientes que, apenas se desocupaba un local, aparecían varios candidatos interesados en volver a arrendarlo[20]. De modo que se acordó establecer la política que llamamos de «quema de las naves», consistente en demoler inmediatamente cada local que se desocupaba. Como se verá más adelante, ella pudo implementarse gracias a la colaboración de la Alcaldía del Municipio Libertador.

La estrategia produjo resultados bastante rápidos, incluso en aquellos casos en los cuales los afectados llegaron a recurrir al Tribunal Supremo de Justicia[21] que falló en todos ellos a favor de la Fundación. Las sedes de la Asociación Pro Venezuela y la Fuente de Soda Radial Plaza, que ofrecían una tenaz resistencia, fueron expropiadas y demolidas por CAMETRO en el proceso de construcción de la Línea 3.[22] Es así que para 2001 la ZRN había sido despejada totalmente de los ocupantes heredados, permaneciendo solamente, hasta el vencimiento de los contratos, aquellos que aceptaron la reubicación en el edificio Villanueva.  

Asesorías estratégicas

De esta manera, además de la de INSURBECA, la Fundación pudo contar con los recursos necesarios para contratar las asesorías puntuales del Dr. Pedro Nikken para los aspectos legales más generales y de la Abog. Irma Lovera de Sola para aquellos referidos específicamente a los arrendamientos.

Igualmente fue necesario contratar otra asesoría para manejar todo lo relativo a la estructuración de los negocios que condujeran a la asignación de los terrenos en los términos del PMDDU. Por el carácter de la misma, se acordó convocar un concurso de credenciales que, a la vez, definiera los términos de la relación entre la empresa ganadora y la Fundación.

A la convocatoria se presentaron tres empresas de reconocido prestigio, para cuyo análisis el Consejo Directivo designó una Comisión Evaluadora integrada por tres miembros de su propio seno. Si bien esta consideró que todas tenían credenciales equivalentes, recomendó la contratación del Consorcio PRIVEN, S. A., que, además de acreditar una experiencia significativa en otorgar concesiones mediante licitación, supeditaba el cobro de honorarios al éxito en el otorgamiento de la concesión en los términos que a la Fundación convinieran.

Abriendo el abanico de posibilidades para la asignación de los terrenos

Expresamente, los estatutos prohíben a la Fundación asignar los terrenos de su propiedad sin la previa autorización de la Comisión de Finanzas del Senado de la República, la cual, en mayo de 1980, había autorizado su cesión en arrendamiento, un instrumento a todas luces inadecuado para el pleno aprovechamiento del potencial del PMDDU. Por ello, en 1998 y con el asesoramiento de PRIVEN, se establecieron conversaciones con la Subcomisión de Finanzas de la Comisión Delegada del Congreso de la República a fin de encontrar una figura más acorde con la escala de las inversiones necesarias para la ejecución del Plan. Siempre con la condición de que al final de la concesión los terrenos y las respectivas bienhechurías, preexistentes o erigidas por el concesionario, retornaran a la Fundación sin costo alguno, se aspiraba a obtener una autorización por un lapso de tiempo lo más extendido posible. Las gestiones fueron largas y complicadas debido a la visión extremadamente desconfiada y conservadora prevaleciente en la Subcomisión, obteniéndose al final la autorización para cederlos en usufructo por un plazo máximo de 30 años. Esto, sin duda, mejoraba la autorización previamente otorgada, pero quedaba todavía lejos de lo requerido para aprovechar al máximo el potencial del Plan[23].  

Una vez aprobada la nueva Constitución en diciembre de 1999, el Congreso de la República fue disuelto y sustituido por la llamada Comisión Legislativa Nacional (CLN) que estaría en funciones hasta la elección de la Asamblea Nacional. Aprovechando que de ella formaban parte el Prof. Nelson Merentes, quien había sido miembro del CD de la Fundación en representación del CDCH-UCV, y la Arq. Aurora Zapata, que entonces ocupaba la Presidencia del Colegio de Arquitectos de Venezuela (CAV), se introdujo el proyecto de Ley para el Desarrollo de las Zonas Rentales de la Fundación Fondo Andrés Bello; aprobada en julio de 2000, ella quedó autorizada para negociar sus propiedades «a través de cualesquiera de las figuras o mecanismos previstos por la ley», hasta por un máximo de 60 años «con la única condición de que el bien de que se trate, revierta a la Fundación con la finalización del respectivo contrato sin compensación alguna para el contratante». Además, estableció un procedimiento expedito para el desalojo de aquellos inmuebles no compatibles con el PMDDU. Todo esto redundó en un notable fortalecimiento de la capacidad de la Fundación para gestionar el Plan.[24]

La Fundación y la Alcaldía del Municipio Libertador

Una cuestión que me preocupó desde mucho antes de asumir la Presidencia de la Fundación fue la propuesta del PMDDU para convertir la conexión de la avenida Casanova con la Plaza Venezuela en una vía subterránea de unos 300 metros de longitud, que, partiendo de la última, terminaría en la intersección con la avenida Las Acacias generando una superficie ‑la Plaza Central- de unos 33.000 m² libre de circulación motorizada. Además de costosa, se trataba de una solución que afectaba significativamente la capacidad de los sótanos de la ZR, ya bastante disminuida por las intervenciones del Metro y que, considerada la brevedad de su recorrido, tampoco contribuiría mayormente a aliviar la congestión en superficie.

Supongo que la propuesta obedeció a una visión ‑nada excepcional entre los planificadores urbanos- orientada a la radical exclusión de los automotores de los centros de las ciudades. Por supuesto, nadie discute el grave daño que la expansión descontrolada del automóvil ha causado en los espacios urbanos y en la vida ciudadana, para no mencionar su alta incidencia en la contaminación sónica y atmosférica, pero aquí aplica el viejo refrán: ni tan calvo ni con dos pelucas. También hay que tener en cuenta los indiscutibles beneficios que ha aportado.

El ex alcalde de Curitiba, Jaime Lerner, considerado uno de los urbanistas más influyentes de las últimas décadas, dio respuesta al dilema con mucho humor: «El carro es como tu suegra: tienes que tener buenas relaciones con ella, pero no puedes dejar que dirija tu vida. Cuando la única mujer en tu vida es tu suegra, tú tienes un problema». Además de minimizar su dependencia, de lo que se trata es de «domesticar» al automóvil, y los avances en esa dirección, en la teoría como en la práctica, no sólo no han sido escasos, sino que son bien conocidos, por lo que nos ahorramos el relato.

Nuestro planteamiento en el caso que nos ocupa fue el de mantener la calle de superficie, pero tratada como parte de la plaza: con «pavimento de plaza» que, tanto psicológica como físicamente, obligue a moderar la velocidad, estableciendo a la vez restricciones severas al automóvil privado para reducir los volúmenes en circulación, entre las cuales los impuestos para el ingreso a las zonas centrales se han revelado especialmente efectivas.

Recién encargado de la Fundación recibí un mensaje de Antonio Ledezma, entonces alcalde del Municipio Libertador, donde se me informaba que, ¡albricias!, había conseguido los recursos para construir la vía subterránea e invitándome a un acto en su despacho para anunciar la «buena nueva». No recuerdo de qué recurso retórico me valí para, sin arruinar el acto, convencerlo de que el mejor uso que se le podía dar a esos fondos era reorganizar la vialidad en el sector, eliminando a la vez los destartalados, antiestéticos e inútiles pasos elevados para vehículos y para peatones sobre la avenida Las Acacias y la prolongación de la Casanova respectivamente. Afortunadamente el alcalde entendió el planteamiento, de modo que la Fundación contrató el estudio a URVISA, una de las más reconocidas oficinas de estudios de vialidad del país, y la Alcaldía se encargó de la ejecución de la obra. El resultado, aún sin construir la plaza, fue una mejora apreciable en la circulación vehicular, desplazamientos más cómodos y seguros para los peatones y una mejora sensible de la estética de un sector tan importante de la ciudad.

Antes, cuando me referí al despeje de los terrenos, mencioné la decisión de «quemar las naves», consistente en demoler todos los locales que se fueran desocupando para evitar, teniendo en cuenta la crítica escasez de recursos de la Fundación para aquellas fechas, la tentación de volver al pasado. Pero la verdad es que la escasez era tanta que no se tenía la capacidad para ejecutarla, por lo que se decidió recurrir a la Alcaldía para solicitar su apoyo. De modo que, en breve plazo, la ZRN quedó libre de todas las estructuras no compatibles con el PMDDU y, salvo las escasas excepciones ya mencionadas, de ocupantes.

Otras innovaciones

Hasta nuestra llegada a la Fundación, era el propio CD quien decidía cuáles proyectos de investigación financiar con los recursos de que disponía para ello. Teniendo la UCV un organismo especializado y altamente competente como el CDCH, se decidió que, una vez que se alcanzara un monto significativo de ingresos, un porcentaje de ellos, a determinar por el CD, se transferiría a la UCV para que ella, a través de sus mecanismos institucionales, decidiera su asignación, debiendo presentar a la Fundación un informe anual de gestión.   

Entre otros aspectos a destacar hay que decir que, aunque por el estatus legal de la Fundación no era obligatorio, el CD estableció que cualquier asignación de los terrenos fuera sometida a un proceso de licitación pública. Esto por dos razones principales: porque promovía una dinámica de competencia entre los inversionistas interesados, muy importante en una operación como la que se ensayaba, sin precedentes en el país moderno; y porque garantizaba la mayor transparencia, lo cual, en una operación dirigida a fortalecer la autonomía financiera de la principal universidad de la nación, tenía además un incuestionable valor ético.

Igualmente se consideró, por su centralidad metropolitana pero también por sus nexos institucionales con la UCV y su vecindad con la magnífica Ciudad Universitaria, que era imprescindible garantizar los más altos niveles de diseño urbano y arquitectónico, considerando además que se trataba de un proyecto que se desarrollaría en tiempos prolongados, con edificaciones que alojarían actividades muy distintas y, con toda probabilidad, por iniciativa de múltiples inversionistas. Para ello se consideró que el instrumento idóneo era la selección de los proyectistas a través de concursos, donde tanto los invitados como los integrantes del jurado calificador fueran designados de manera paritaria por el inversionista y la Fundación.[25]

La puesta en ejecución del plan

Con la liberación de un lote de 2,8 hectáreas, la denominada Unidad Sur, se concretó la posibilidad de poner en marcha el Plan, para lo cual se abrió el registro de interesados en participar en la oferta pública para su desarrollo bajo la modalidad de usufructo, con cualquiera de los usos permitidos por la Ordenanza.

Como precio base se fijó la cifra de seis dólares por metro cuadrado de terreno[26]; como al final quedó participando solamente una empresa, Desarrollos CATIVEN S.A., ella obtuvo la adjudicación por ese monto en abril de 2001[27]. Su propuesta consistía en el desarrollo de un complejo comercial y recreativo de 180.000 m², en el cual operaría el mayor hipermercado de la ciudad y que comportaba una inversión del orden de los 80 millones de dólares.[28] Para la selección de los proyectistas se convocó un concurso de anteproyectos al cual fueron invitadas cinco oficinas de arquitectura: las venezolanas Díquez, González y Rivas; Jorge Rigamonti; Mendoza, Dávila, Gómez de Llarena; la francesa Guérin & Pedroza architectes y la española César Portela, arquitecto; el jurado evaluador, integrado por Gustavo Legórburu, Fernando Gonzalo, Carlos Ferrer, Jean-Pierre Enjolras y Giorgio Piccinato falló en marzo de 2002 a favor de la propuesta de Mendoza, Dávila, Gómez de Llarena. La fuerte inestabilidad político-económica del momento retrasó el inicio de las obras, que pudieron comenzar apenas en 2007, concluyendo la primera etapa en 2009.

Visto el exitoso resultado de esa primera experiencia, en la cual la Fundación, a la espera de las reacciones del mercado, asumió una actitud parcialmente pasiva, se resolvió ensayar un enfoque más proactivo, en el cual la Fundación tomara la iniciativa para atraer el tipo de inversiones que le parecieran más indicadas para el momento y que operaran como suerte de imanes para atraer otras.[29] Para ello, se comenzó a trabajar en el diseño y promoción de tres proyectos fundamentales: un centro de convenciones, eventos y espectáculos, en asociación con inversionistas privados; un intercambiador modal de transporte, en asociación con CAMETRO; y un centro interactivo de ciencia y tecnología.[30]

En relación a este último, con la intención de evaluar las posibilidades de replicar una experiencia similar en la Zona Rental, se establecieron conversaciones con Maloka, el centro interactivo de ciencia y tecnología promovido por la Asociación Colombiana para el Avance la Ciencia (ACAC) y que opera en Bogotá con notable éxito desde 1998. Esta iniciativa recibió el respaldo del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) y del Museo de Ciencias, de modo que en marzo de 2002 se organizó una visita al mencionado centro y un taller de dos días con su personal para conocer la experiencia en vivo y con detalles. En la actividad, además de personal y asesores de la FFAB, participaron dos representantes del MCT. Con posterioridad a esa visita, con un informe de su Coordinadora de Promoción de fecha de 10 de abril, el ministerio ratificó su interés en el proyecto.  

Basados en la experiencia de Maloka se procedió a la realización de un análisis preliminar, concluyéndose que el edificio Villanueva podría ser la sede del centro, cuyo costo se estimó en 22 millones de dólares a aportar por partes iguales por la Fundación y el ministerio[31], mientras que su costo operativo anual estaría en los 6 millones de dólares, de los cuales 4,5 millones podrían ser cubiertos con ingresos propios, provenientes de los servicios prestados por el centro.

Considerando que la Plaza Central se configura como una pieza esencial del PMDDU, se avanzó en la preparación de un concurso abierto de ámbito internacional con el patrocinio de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), cuyas bases, de acuerdo a las exigencias de esta, estuvieron listas en junio de 2003.

La Zona Rental Sur, las relaciones con la APUCV y el Departamento de Transporte

Como ya se dijo, en 1983, en la Zona Rental Sur se habían planteado dos proyectos: las sedes el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) y de los Posgrados de la FCJP. El primero fue desarrollado por el Arq. Jesús Tenreiro, mientras que el segundo fue el resultado de un concurso realizado en 1986, que el Arq. Enrique Larrañaga siguió actualizando hasta 2004. Ambos se financiarían con recursos públicos, el primero del Ejecutivo Nacional y el segundo con recursos gestionados por la FCJP. Hasta la fecha en que terminé mi gestión, ninguno de ellos se había materializado. Pero además, ni la Asociación de Profesores (APUCV) ni la misma UCV habían contribuido mucho a facilitar las cosas.

Desde mediados de los años 80 se había autorizado la localización transitoria del Departamento de Transporte de esta última en el terreno posteriormente asignado a la sede del CONICIT; ante la solicitud de la FFAB, las autoridades de la UCV habían acordado mudarlo al sector Sierra Maestra, dentro de la Ciudad Universitaria, lo cual debía haber ocurrido a mediados de 1999. Pero no ocurrió.

La APUCV, por su parte, había decidido unilateralmente una ampliación de los espacios que ocupa en el edificio del antiguo Colegio de Médicos, invadiendo parcialmente el terreno asignado a la FCJP. Ya la gestión que me precedió le había advertido acerca de su improcedencia, pero su Directiva ignoró no sólo esta, sino todas las advertencias posteriores.

Una nueva gestión

De acuerdo a los estatutos, en julio de 2003 el Consejo Universitario debía proceder a mi ratificación en la Presidencia de la Fundación o a la designación de un nuevo titular, y la verdad es que, vistos los resultados de la gestión, nunca imaginé que sería sustituido hasta que Abner Colmenares, representante del CU en el CD, decidió optar al cargo y comenzó a mover sus fichas, o, mejor, las fichas del Rector, logrando que, además de él mismo, otros tres miembros del CD lo respaldaran[32].

Esta fue una maniobra especialmente perversa, pues al no recibir el respaldo del CD podía colegirse que este ponía en entredicho los logros alcanzados. También se intentó que las autoridades rectorales no presentaran ningún nombre, de modo que la designación del nuevo presidente fuera por unanimidad, acentuando la percepción de crítica, incluso de desaprobación de la gestión saliente. Finalmente, esto último no prosperó y el CU tuvo que decidir entre Colmenares y yo: aunque no fue posible conjurar los intereses que propugnaban el reemplazo, se evitó dejar la impresión de que no había desacuerdos.

Por supuesto que con esa decisión me sentí maltratado: a la luz de los resultados alcanzados durante la gestión, ni siquiera lo justo sino lo lógico parecía mi ratificación por el lapso establecido en los estatutos, pero al mismo tiempo me sentí muy satisfecho de que la reforma estatutaria que introdujimos en el 2000 garantizara que el sustituto no fuera un extraño sino alguien que conocía el proyecto desde adentro.

Naturalmente, aquí acaba mi relato directo, pero como algunos de los acontecimientos ocurridos después de concluida mi gestión terminaron frustrando el impulso que había tomado la ejecución del PMDDU, volviendo a sumir a la Zona Rental en un marasmo aún más acentuado y complejo, creo conveniente hacer una relación de los hechos más relevantes que condujeron hasta la situación actual a través de la documentación producida por la propia Fundación y otras fuentes de información. Desde luego, se trata de una relación tentativa, que puede estar sujeta a revisiones de distinta entidad pero que es necesaria para entender las causas que han conducido a la crítica situación actual y cómo se han concatenado los eventos, condición esencial para emprender el inaplazable rescate del proyecto.

Con el respaldo del Colegio de Arquitectos de Venezuela y la Federación Panamericana de Arquitectos, en agosto de 2004 se convocó el concurso internacional de ideas y propuestas para la Plaza Central; el jurado lo declaró desierto, otorgando mención a tres de los grupos participantes. Aparentemente había el compromiso de convocar una segunda fase entre estos últimos, pero eso no ha ocurrido.

Ese mismo año la Fundación llegó a un acuerdo con CAMETRO para la construcción de su sede administrativa y centro de operaciones en una parcela de la Unidad Norte: tanto la una como la otra lo consideraban mutuamente beneficioso, la primera porque, habiéndose concretado exitosamente la asignación de la Unidad Sur, la ubicación en la ZR de una empresa pública que entonces gozaba de gran prestigio podía convertirse en un nuevo factor de atracción de inversiones; la segunda porque, con tres estaciones localizadas en ella y el propuesto intercambiador modal, la ZRN se configuraba como el nodo más importante del sistema. Sin embargo, tratándose de una empresa pública de servicios de esa importancia, no consideraban conveniente construirla sobre un terreno del cual no tuvieran la propiedad y, eventualmente, pudieran ser desalojados en un futuro; por ello, con la anuencia de la Fundación, se optó por la expropiación por causa de utilidad pública.

El edificio, diseñado por la Gerencia de Proyectos de la misma empresa, fue concluido en 2011, pero poco antes, sorpresiva y unilateralmente, el Presidente de la República resolvió destinarlo a una institución de carácter totalmente diferente, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), un cuerpo de policía.[33]

En 2007, se licitó el terreno para el desarrollo del Intercambiador Modal de Transporte Público, sustituto de la Gran Estación Central, proyecto del cual, después de un respaldo inicial, CAMETRO se había desinteresado: se le asignó a la empresa Terminal Plaza Venezuela, C.A., mientras que, por haber ganado el correspondiente concurso, el proyecto se le encomendó al Arq. Oswaldo Molina Mirabal.

En agosto de 2008, el Arq. Frank Marcano sustituyó a Abner Colmenares en la Presidencia de la Fundación y, en octubre de 2009, en la Unidad Este, se licitan los terrenos destinados a sendos hoteles de 4 y 5 estrellas, resultando ganadoras las empresas Inversiones y Promociones ZRPV, C.A. y Promociones ZR, C.A.. En el concurso para seleccionar a los proyectistas participaron las oficinas de arquitectura de Helene de Garay, Dietrich & Bela Kunckel, y Pimentel y Capiello, resultando ganadora esta última.

Como ya se señaló, la fuerte inestabilidad político-económica de entonces había hecho que el inicio de las obras del Centro Comercial se retrasase hasta 2007, concluyéndose la primera etapa (hipermercado) en diciembre de 2009. Un mes después Hugo Chávez amaga con su expropiación, aunque finalmente el Ejecutivo termina comprando el 85% de las acciones de Desarrollos CATIVEN. En agosto de 2010, con su presencia y gran despliegue publicitario, procede a inaugurarlo como Gran Abasto Bicentenario, anunciando además que en dos años se concluiría la segunda etapa.

Esta actuación del gobierno generó preocupación entre los inversionistas adjudicatarios de las unidades Central y Este, que, en el caso de la primera, solicitaron de la Fundación la «suspensión por causa de inestabilidad política y económica» hasta tanto se clarificara la situación. En el caso de la segunda, la entrega del terreno[34] no pudo hacerse efectiva porque los nuevos usufructuaros de la Unidad Sur no cumplieron, ni han cumplido hasta la fecha, con el compromiso de reubicación de los Bomberos.

Apenas pasados seis años de la adquisición por parte del Gobierno de los derechos sobre el Centro Comercial, la promesa de Chávez no sólo no se cumplió, sino que se ordenó la «reestructuración» de toda la Red de Abastos Bicentenario porque, según explicó el propio Presidente de la República, fue arruinada por la corrupción. En una operación caracterizada por la opacidad, el edificio fue entregado (presumiblemente incumpliendo el contrato firmado con la FFAB) a la empresa Salva Foods para instalar allí Tiendas CLAP.[35]

A partir de 2015 el Ejecutivo, pese a las múltiples gestiones de la Fundación, dejó de cancelar la renta por el usufructo de los terrenos con la excusa de que desde ese año el Banco Central, incumpliendo con su propia ley, dejó de publicar las cifras sobre inflación, por lo que, estando vinculada la renta a esta, no se podía determinar su monto. En cuanto a las gestiones realizadas ante Salva Foods, la respuesta ha sido solicitar que se dirijan al Ministerio de Alimentación, que es la institución con quien tiene contrato. Siendo ese, hasta la fecha, el principal ingreso de la Fundación, esta, además de suspender las transferencias a la Universidad, ha debido reducir sus gastos al mínimo.

Otras «Zonas Rentales»

Cuando decidió postularse como candidato a la presidencia de la FFAB, el Arq. Abner Colmenares, además de comprometerse a dar continuidad a la gestión precedente, planteó que la Fundación asumiera también el desarrollo de un polígono de 214.500 m² propiedad de la misma Universidad y aledaño al campus de la ciudad de Maracay, posteriormente bautizado como Zona Rental Plaza Maracay. De alguna manera esa propuesta se constituiría en el signo distintivo de la nueva gestión y la justificación para el relevo en la presidencia.

Debo señalar que, hasta mi salida del cargo, en julio de 2003, ese tema nunca había sido sometido a la consideración del CD, pero si ello hubiera ocurrido mi opinión habría sido negativa, y ello por una razón fundamental: habiéndose dado el primer paso hacia la activación de la ZRN, su bien más valioso, la Fundación debía concentrar todas las energías en garantizar su continuidad, evitando distraer sus todavía escasos recursos y limitada experiencia en otros proyectos que, por atractivos que pudieran parecer, estaban en cero, tenían otras características y podían convertirse en auténticas cajas de Pandora.

Aunque el terreno de Maracay cuenta con una Ordenanza Municipal de 1997 que autoriza el desarrollo de un complejo residencial de gran magnitud, transcurridos más de veinte años el proyecto no registra progreso alguno mientras se trata de normalizar la relación con una academia privada de beisbol instalada irregularmente en él.   

En septiembre de 2015 se firmó un «Convenio específico de cooperación institucional entre la Universidad Central de Venezuela y la Fundación Fondo Andrés Bello», comprometiéndose esta última a desarrollar el proyecto «Ciudad de las Artes Sebucán» en el inmueble donde funciona la Escuela de Enfermería de la UCV, localizado en la mencionada urbanización caraqueña. Este proyecto se responsabilizaría por la transformación integral del inmueble en «un centro mulifuncional que combine acertadamente las actividades académicas con las culturales, recreativas y deportivas», cuya finalidad última sería la generación de ingresos «que se utilizarán para los gastos de funcionamiento del proyecto, mantenimiento de la edificación y apoyo a los proyectos académicos de la Escuela de Enfermería», obligándose la Fundación a crear una estructura gerencial para el manejo de dichos fondos.

La cuestión de la presidencia

Como he sostenido en párrafos anteriores y en diferentes instancias, por el rol de liderazgo que le corresponde ejercer particularmente en la fase de puesta en ejecución del PMDDU, resulta esencial garantizar tanto una razonable continuidad de gestión de la Presidencia de la Fundación como que la persona designada cuente con las calificaciones requeridas. Todo ello se plasmó en la citada reforma estatutaria de diciembre de 2000, específicamente en el mecanismo establecido para la designación del Presidente[36].

Ese mecanismo, sin embargo, fue cuestionado por algunos con base en una resolución del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de septiembre de 2002 referente a las «Normas sobre las Fundaciones, Asociaciones o Sociedades Civiles o Mercantiles de las Universidades Nacionales»[37], cuyo artículo 5 establecía que:

En el artículo Nº 2, literal c, se especificaba que el objeto de ellas son «Las fundaciones… constituidas o dirigidas por las Universidades».

Como quiera que fue él quien asesoró en materia jurídica a la Fundación cuando esta procedió a la reforma estatutaria del año 2000, el CD acordó, en reunión del 31 de enero de 2003, solicitar su opinión en la materia al Dr. Pedro Nikken[38], quien el 10 de febrero presentó un informe que, luego de un detallado análisis de dichas Normas y del marco legal en que se inscribe la FFAB, concluía que, al no ser constituida ni dirigida por la Universidad, ella queda fuera del ámbito establecido por el citado artículo 2 y por tanto aquellas no le son aplicables.[39]

Como es notorio, la FFAB fue creada mediante Decreto Presidencial N^o 581, de fecha 26 de noviembre de 1974. Es decir, fue constituida por la República y no por la UCV, a lo cual se agrega que, tal como lo establecen los artículos 7^o y 15^o de los estatutos, está dirigida por su Consejo Directivo y no por la Universidad o por cualquier otra entidad distinta de la Fundación misma.

En cuanto a la condición de la UCV como ente tutelar el informe concluye que:

Contrariamente, en informe fechado poco antes, el 28 de enero de 2003 y suscrito por la Dra. Edsa Caffaro, la Oficina Central de Asesoría Jurídica (OCAJ) de la UCV argumentaba que, al ser esta Universidad el ente tutelar, es ella quien dirige a la Fundación, por lo que quedaría incluida en el literal c del artículo 2 de dichas Normas, debiendo procederse a la reforma de los estatutos en el sentido indicado.

Con estos elementos de juicio en la mano y en coincidencia con el Rector, se estimó que lo procedente era mantener el mecanismo establecido en los estatutos vigentes, lo cual fue planteado en la reunión del CD del 28 de febrero. Sin embargo, en el transcurso del debate el Arq. Colmenares hizo entrega de un tercer dictamen fechado el 17 de febrero y firmado por la Dra. Goeryl Meléndez Velásquez, el cual, esgrimiendo un argumento distinto, llegaba a la misma conclusión que el de la OCAJ del 28 de enero: el hecho de que el CD de la Fundación sea designado por el Consejo Universitario implicaría que ella es dirigida por la Universidad[40], argumento que, como se vio, ya había sido refutado por el dictamen del Dr. Nikken.

Luego de algunas observaciones de los distintos miembros del CD se concluyó acerca de la inconveniencia de involucrarse en una polémica de carácter jurídico, destacando que lo importante era la coincidencia en el seno de este y entre este y el Rector en cuanto a la inconveniencia de modificar el mecanismo establecido en los estatutos vigentes. En consecuencia se acordó no tomar ninguna decisión por los momentos, proponiéndole al Rector que él mismo planteara el asunto en el CNU, exponiendo las razones para excluir a la Fundación de la citada Resolución.

No tengo noticias acerca de si el Rector acogió esa recomendación ni, en caso de que ello hubiera sido así, cuál fue la respuesta del CNU, pero once años después, en reunión del CD del 5 de mayo de 2014,el tema volvió a ponerse sobre la mesa y se aprobó la reforma de los estatutos, estableciendo la libre discrecionalidad del Rector para designar o remover al Presidente de la Fundación «de acuerdo a lo dispuesto en el artículo número 5 de las Normas Sobre las Fundaciones o Asociaciones Civiles o Mercantiles de las Universidades Nacionales». No sé qué ocurrió entre el momento en que dejé la presidencia de la Fundación y esta reunión, ni siquiera si las Normas en cuestión son las mismas que discutimos en 2003 y si el CD de entonces conocía el dictamen del Dr. Nikken, pero no me cabe duda de que con ello se abrió un peligroso flanco para la autonomía y eficiencia operativa de la FFAB.

Caracas, agosto de 2024

©Trópico Absoluto

Notas:

[1]Negrón, Marco, «La zona rental de la Universidad Central de Venezuela: un potencial para la modernización de la Universidad y de la ciudad», en Gac. Med. Caracas, 1999; 107 (2); «Breve historia de la Zona Rental de la Universidad Central de Venezuela», en Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2002, vol. 8, nº 3; «La Zona Rental de la Universidad Central de Venezuela», en Facultad de Arquitectura y Urbanismo UCV: Aportes para una Memoria y Cuenta, Ediciones FAU/UCV, Caracas 2005.

[2] Gómez Cedeño, Ysabel María, «Antonio Guzmán Blanco y la Hacienda Chuao: Un mal negocio o la frustración de la autonomía económica de la universidad de Caracas», en Tiempo y Espacio, vol. 26, nº 66, Caracas 2016.

[3] El Artículo 2º del Acta Fundacional reza: «El patrimonio de la Fundación estará constituido por los terrenos a los que se refiere el artículo 1º, por las edificaciones parcialmente construidas en esos terrenos y las que construya adicionalmente el Ejecutivo Nacional…» (cursivas mías).

[4] Formulado en 1985 por el Instituto de Urbanismo de la UCV.

[5] El primero fue asignado directamente al Arq. Jesús Tenreiro, profesor de la FAU-UCV y Premio Nacional de Arquitectura 1991; el segundo correspondió al Arq. Enrique Larrañaga, profesor de la USB, ganador del concurso convocado por la Facultad en 1986. 

[6] La Fundación, sin embargo, consiguió que se le donara el proyecto.

[7] Ver nuestro artículo «La Zona Rental de la UCV, ¿una ocasión perdida?», de septiembre de 1994. Una anécdota reveladora de la mentalidad prevaleciente en el CD es que, a raíz de mi designación, un destacado integrante del mismo hasta 1997 le comentó a un amigo común que habían nombrado presidente de la Fundación a «un loco que quiere desarrollar la Zona Rental». Me reservo los nombres de los protagonistas porque ambos ya han fallecido.

[8] Coordinado por el Arq. Fernando Gonzalo en lo relativo a los aspectos físicos y de diseño urbano y el Ing. Joaquín Undurraga en lo económico y financiero. Ver: Gonzalo, Fernando, «El ágora de Caracas», en Facultad de Arquitectura y Urbanismo UCV: Aportes para una Memoria y Cuenta, Ediciones FAU/UCV, Caracas 2005.

 [9] El cual, contra rodas las expectativas, no sólo se prolongará, sino que se acentuará durante el siglo XXI.

[10] Autorizado por la Comisión de Finanzas del Senado de la República en mayo de 1980.

[11] En el primer caso, durante la gestión del Rector Luis Fuenmayor, propuse al Arq. Pablo Lasala, entonces Decano de la FAU; en el segundo, durante la gestión del Rector Simón Muñoz, sugerí al Ing. Pedro Pablo Azpurua, persona de elevado prestigio académico y reconocida honorabilidad, que había ocupado los cargos de Ingeniero Municipal del Distrito Federal, Presidente de la Comisión de Urbanismo del Área Metropolitana de Caracas y Presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, era miembro de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, mantenía fuertes relaciones con el sector bancario y, por último pero no de último, era amigo de infancia del entonces Presidente de la República.

[12] Más adelante se verá cómo, muy pronto, esa iniciativa pudo ser ampliada y profundizada.

[13] Se trató del Lic. Clodosbaldo Russián, posteriormente designado Contralor General de la República.

[14] Un error garrafal de mi parte fue no haber hecho un registro fotográfico del estado en que se encontraban los terrenos y las edificaciones, incluida la sede de la Fundación.

[15] Como es notorio, en la Zona Rental Norte convergen tres líneas del Metro de Caracas, lo que la convierte en su nodo más importante, pero con ello ha resultado afectada una importante porción de la propiedad, tanto en superficie como bajo tierra.

[16] Por sus cualidades y precio, se optó por la adquisición y equipamiento de una oficina del tercer piso del Centro Solano Plaza, ubicado en la calle La Iglesia de Sabana Grande. En el proceso de adquisición ocurrió un incidente que algunos trataron de aprovechar para perjudicar a la Fundación: se había establecido con el vendedor una fecha límite para mantener el precio acordado, la cual, por retardo del Banco, no fue posible honrar aunque el dinero estuvo disponible con escasos días de diferencia. Tal circunstancia fue aprovechada por el vendedor para elevar el precio; planteada la situación al CD, este autorizó a proceder porque aun así el nuevo precio se mantenía por debajo del estimado por la Fundación. Antiguos empleados de esta filtraron esa información al Sr. Rubén Charlita Muñoz, que se negaba a salir de los terrenos ocupados por su organización en la ZR, quien presentó esos hechos como un sobreprecio pagado por la Fundación, denunciando al CD ante la Contraloría General de la República por supuesta malversación; sin embargo, hechas las diligencias del caso, esta concluyó que no había habido delito ni irregularidad alguna. La defensa del CD fue llevada por el Dr. Gerardo Fernández, quien prescindió del cobro de honorarios por su gestión.

[17] Los estatutos originales no establecían plazos para los cargos de Presidente ni de los restantes miembros del CD, lo que, sumado a su carácter honorífico, configuraba una condición de incertidumbre poco compatible con los esfuerzos requeridos para implantar el PMDDU.

[18] La primera, fundada en 1958 por dos destacados empresarios, tenía como misión la promoción y defensa de la producción nacional frente a las importaciones; para el momento en que asumimos la Presidencia de la FFAB, aunque mantenía apenas una actividad simbólica, ocupaba un terreno privilegiado en la Unidad Norte, fungiendo como su Presidente Honorario el Dr. Ramón J. Velásquez. Rubén Charlita Muñoz, por su parte, fue un dirigente del partido Acción Democrática que tuvo una destacada actuación en la resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez; a la caída de esta estuvo entre los fundadores del Movimiento Pro Desarrollo de la Comunidad, cuyo objetivo era la organización de las comunidades populares y la formación de sus dirigentes; ocupaba una importante parcela en la Unidad Este, pero, aunque ya para la década de 1990 su actividad se había extinguido, se resistía tercamente a desocupar. En ambos casos la ocupación de los terrenos había sido autorizada por el Ejecutivo antes de la creación de la FFAB.

[19] Adicionalmente, de común acuerdo entre las partes, INSURBECA renunció al cobro de honorarios de manera temporal.

[20] La llamada «Casa del Terror», que, con una llamativa fachada ornada de calaveras y esqueletos de cartón, se asomaba sobre la conexión de la avenida Casanova con Plaza Venezuela, fue la primera que se logró desalojar, pero al día siguiente se presentaron a las oficinas de la Fundación los representantes de una iglesia evangélica interesados en arrendarla porque era «perfecta para nuestras necesidades». 

[21] Fueron los casos del Movimiento Pro Desarrollo de la Comunidad, ya comentado, y la empresa GRAMIBECA, que ocupaba el llamado Palacio de las Exposiciones, una estructura metálica desarmable propiedad de la Fundación.

[22] CAMETRO no disponía de los recursos suficientes para la expropiación de esta última, por lo cual la Fundación acordó renunciar a la compensación por la ocupación temporal de los terrenos a cambio del desalojo de un inquilino empecinado que tenía bloqueados los terrenos más valiosos.

[23] Aunque no eran miembros de la Subcomisión, los diputados Carmelo Lauría y Gustavo Tarre Briceño tuvieron un rol decisivo en el éxito relativo de las conversaciones.

[24] Gaceta Oficial Nº 37.022 del 25 de agosto de 2000.

[25] Inicialmente este planteamiento fue recibido con escepticismo por algunos de los asesores y personas cercanas a la Fundación, quienes sostenían que, dada la magnitud de los proyectos implícitos en el PMDDU, difícilmente algún inversionista renunciaría a contratar directamente su proyectista de confianza. Con el desarrollo del primer proyecto dentro del Plan, el Centro Comercial ÉXITO, esa visión se reveló infundada; posteriormente, para todos los demás terrenos que fueron asignados, se aplicó la misma fórmula sin que surgiera ningún contratiempo. 

[26] En el citado artículo de 2002 (p. 231) hay una relación de los métodos utilizados para determinarlo, estableciéndose además que él se ajustaría anualmente en función de la inflación.

[27] Empresa de comercio al detal con capital mayoritario del grupo francés Casino; en ese momento se encontraba en plena expansión en Venezuela, previendo invertir 400 millones de dólares hasta 2009 en la apertura de nuevas tiendas.

[28] Más detalles en el artículo antes mencionado.

[29] Las estimaciones que se hicieron entonces indicaban que, en el supuesto que el PMDDU estuviera totalmente ejecutado en 2003, el ingreso anual de la Fundación por derechos de usufructo rozaría los 17 millones de dólares, pudiendo transferir a la Universidad 14,5 millones, equivalentes al 90 por ciento de su presupuesto de investigación.

[30] Como se verá más adelante, de estas ideas la que alcanzó un mayor desarrollo fue la del intercambiador modal de transporte, pero con inversionistas privados ya que, incomprensiblemente, CAMETRO al final se desinteresó.

[31] El aporte de la Fundación sería el edificio Villanueva, cuyo valor se estimó en 11 millones de dólares, mientras que el ministerio aportaría los recursos para su acondicionamiento y equipamiento en cinco cuotas anuales.

[32] Me retiré de la reunión al llegar a ese punto de la agenda: no consideraba (ni considero) ético participar en un acto donde, en definitiva, se estaba evaluando mi gestión. Además de sí mismo, Colmenares fue respaldado por el representante del Rector, la representante del CDCH y el representante del IVIC.

[33] Visto el desarrollo de los acontecimientos, llama la atención que en la sesión del CD del 15/11/2008 la Ing. Gladys Maggi, representante del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT), manifestara que la edificación que se proponía «se define dentro de las líneas de planificación del Ejecutivo, esta será destinada a sede para la referida compañía o se destinaría a otro organismo, manteniendo el uso de oficinas establecido» (cursivas mías). A ello habría que añadir que la Ordenanza de las Zonas Rentales establece claramente que ella tendrá vigencia mientras la propiedad de los terrenos permanezca en manos de la FFAB.

[34] Ocupado por un precario edificio que desde hacía muchos años fungía como sede del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital; su reubicación era parte del compromiso contractual de Desarrollos CATIVEN, S.A. con la Fundación.

[35] El 5 de agosto de 2018 el periodista Roberto Deniz publicó en el portal Armando.Info un extenso artículo en el que registraba que «Una desconocida empresa llamada Salva Foods 2015, creada meses antes de que Nicolás Maduro asomara su idea de establecer una red de tiendas para el programa estatal de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), es la beneficiaria actual de ese negocio. Se llaman Tiendas CLAP y se confunden con una empresa estatal, con expendios de alimentos en los que alguna vez fueron locales de los Abastos Bicentenario».

[36] Como se señaló, cuando en 1997 asumimos el cargo este era de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, pero ya en 1999 se logró introducir una reforma similar, sólo que entonces la elección correspondía a aquel dado que todavía el Ministerio de Educación fungía como ente tutelar.

[37] Remitida por el Rector a la Fundación en fecha 9 de enero de 2003, solicitando ajustar los estatutos conforme a lo planteado en ellas.

[38] Profesor de la UCV que entre 1978 y 1981 se había desempeñado como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP).

[39] Este dictamen fue consultado informalmente con el Dr. Boris Bunimov Parra, también Decano de la FCJP entre 1993 y 1999, quien manifestó su plena coincidencia con los argumentos allí expresados.

[40] La Dra. Meléndez Velásquez fungió en algún momento como Directora de la OCAJ; no sé si ya se desempeñaba en el cargo cuando elaboró el informe en cuestión, porque cuando redacto estas notas no lo tengo en mis manos sino que lo cito de la Memoria y Cuenta parcial (enero-julio 2003) consignada al CD el 29 de julio de 2003 al entregar la Presidencia de la Fundación.  

Marco Negrón (Caracas, 1938) es arquitecto con estudios de postgrado en Planificación del Desarrollo Regional en la Universidad Central de Venezuela (1961-1963). Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la que fue presidente de la Fundación Fondo para el Desarrollo Científico (1997-2003) y decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (1990-1996). Es autor de Ciudad y modernidad: el rol del sistema de ciudades en la modernización de Venezuela 1936-2000 (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2001) y La cosa humana por excelencia: controversias sobre la ciudad (Caracas: Fundación para la Cultura Urbana, 2004).