Venezuela: 10E y el ‹cisne negro› de la revuelta popular

Este próximo 10 de enero de 2025 debería ocurrir en Venezuela la juramentación de un nuevo presidente para el período 2025-2031. Si Nicolás Maduro es el protagonista del acto, se materializará el fraude electoral más escandaloso –y evidente- de los últimos años en la región, lo que profundizará la presencia venezolana en el podio olímpico de las actuales dictaduras en América Latina, junto a Cuba y Nicaragua. Sin embargo, una potencial revuelta popular pudiera ser el «cisne negro» que, de nuevo, desvíe el curso de la historia.

A pesar que Hugo Chávez ganó las elecciones en el año 2012 con más de 8 millones de votos, su mayor cifra desde el año 1998 cuando arribó por primera vez a la primera magistratura, cualquier observador medianamente curioso podía corroborar que la curva electoral de la oposición estaba creciendo más velozmente que la del chavismo. Era cuestión de tiempo que ambas se encontraran. El fenómeno se catalizó apenas un año después. Tras la desaparición de Chávez, su heredero político, Nicolás Maduro, ganó las elecciones con apenas 1,49 de margen porcentual sobre su contrincante, perdiendo en solo cinco meses 600 mil votos respecto a la anterior votación. Maduro, quien había desempeñado el rol de canciller entre los años 2006 y 2012, no poseía mayor ascendencia pública sobre el universo del llamado «socialismo del Siglo XXI». Con este antiguo sindicalista y militante de la Liga Socialista el deslave de popularidad del chavismo se iniciaría irreversiblemente.

La ausencia de carisma unida con una crisis económica, luego del fin de la década de los commodities que disminuyó sustantivamente los ingresos estatales por exportación de petróleo y gas, fueron un coctel explosivo para un chavismo que, ante la ausencia de su líder, había decidido, paradójicamente, castigar a los sectores populares que constituían su base tradicional de apoyo. Con Maduro se inició la era de las redadas masivas en los barrios más pobres del país, primero con los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) y luego con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Aunque las autoridades responsabilizaban a las sanciones internacionales de su propia ineficacia, cuando una purga interna encarceló a Tareck El Aissami, parte del círculo de confianza de Hugo Chávez e importante funcionario durante su gobierno, acusándolo de haberse robado 21.000 millones de dólares, la gente sacó rápidamente cuentas: ¿Con cuánto se habrán quedado los demás?

Luego del fin del ciclo de protestas del año 2017, Maduro aprovechó el reflujo disidente adelantando ocho meses las elecciones, por lo que la oposición mayoritaria decidió no participar. En ese momento, la única manera que tenía el heredero del legado para ganar votaciones era por fortfait. Haber intentado estrategias de confrontación e insurrección sin éxito generó los consensos necesarios para que la oposición decidiera participar en el siguiente proceso electoral. Para acordar una candidatura unitaria se realizaron votaciones primarias, en las que participaron 2,4 milllones de personas, escogiendo a María Corina Machado con un sorprendente 93,4% de las papeletas. Estas primarias no sólo ratificaron la idea de la necesaria unidad opositora, también creó una nueva arquitectura del liderazgo democrático, legitimando a voceros variopintos ideológicamente, como Delsa Solórzano, Enrique Márquez o Andrés Caleca.

Cuando un fenómeno sustituye a otro

Quien recuerde la campaña electoral venezolana del año 1998 confirmará que esta fue una donde Hugo Chávez emergía como fenómeno político, generando un entusiasmo popular de una magnitud tal que no necesitaba de encuestas para pronosticar su victoria en las urnas. Un acontecimiento similar ocurrió en el año 2024, cuando María Corina Machado comenzó su gira proselitista por el país. A pesar de que el gobierno la inhabilitó como candidata, y también bloqueó la postulación de su sustituta, la profesora Corina Yoris, la líder de la organización Vente Venezuela logró encabezar una campaña electoral en condiciones muy adversas, logrando lo que algunos pronosticaban como imposible: transferir su popularidad al candidato que, por la presión de Brasil, finalmente fue aceptado por el Consejo Nacional Electoral, el diplomático Edmundo González Urrutia.

Si la unidad opositora en torno a Machado y la confianza de sus bases de apoyo en el cambio posible fueron importantes, el elemento clave en las elecciones del 28 de julio fue que, por primera vez, el discurso opositor logró conectar con las mayorías populares, que se activaron para dejar constancia de su malestar. La bisagra fue su abordaje de la separación de las familias como consecuencia de la crisis migratoria. La frase «Traer a los hijos de vuelta a casa» antagonizaba con las alusiones criminalizadoras de Maduro hacia los migrantes, a quienes trataba como enemigos políticos y los ridiculizaba sugiriendo que habían ido a otros países a «limpiar pocetas». Nicolás Maduro era el candidato de la continuidad de la crisis, por lo que su errático trato del éxodo forzado sólo era el primero de una secuencia de errores comunicacionales en su campaña, que auguraban una derrota estrepitosa. Atrás quedaban las imágenes de Hugo Chávez recitando el poema «Florentino y el Diablo» frente a una multitud embelesada, entregada y frenética.

Los resultados ratificaron los presagios de las principales encuestadoras del país. Edmundo González recibió el 67% de los votos, mientras que Nicolás Maduro fue favorecido con el 30% de los sufragios. A pesar de que el árbitro electoral anunció el triunfo del chavismo, nunca hizo públicos los resultados detallados de los comicios, lo que sí hizo la oposición a través de dos páginas webs: https://resultadosconvzla.com/ y https://macedoniadelnorte.com, última que ha recopilado videos con lecturas de resultados en 895 centros de votación. Los sectores humildes reaccionaron a la mentira oficial protagonizando una revuelta popular en todo el país los días 29 y 30 de julio, la de mayor envergadura desde «El Caracazo», donde se vandalizó propaganda electoral de Maduro, se atacaron sedes policiales y de gobiernos e instituciones locales y regionales y, lo más conocido, se derribaron 8 estatuas de Hugo Chávez, todo en los territorios que eran considerados bastiones oficialistas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 915 manifestaciones en esos dos días, eventos inesperados para la mayoría de la intelectualidad opositora. Para detener la bola de nieve de la poblada el propio Maduro ordenó lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como «terrorismo de Estado»: detenciones intensivas, delación comunitaria, mensajes amenazantes por redes sociales institucionales y la anulación masiva de pasaportes. La persecución hizo que diferentes líderes políticos y sociales salieran del país. Lo que mantuvo vivo el conflicto fueron las acciones autónomas de los familiares de presos políticos, especialmente los adolescentes, frente a los centros de detención durante los meses de noviembre y diciembre.

Durante ese tiempo Nicolás Maduro promovió dos tipos de estrategias para mantener lo que se proyectaba como un inminente gobierno de facto. La primera de ellas persuadir a su base de apoyo, calculada en poco más de tres millones de personas, para mantener la mentira del triunfo en las elecciones. Para ello relanzó el proyecto del Estado Comunal, reformando la ley de jueces de paz comunales, bajo la cual se eligieron 28.374 «jueces de paz comunal», el 15 de diciembre de 2024, en todo el país. Enmascarada en un discurso de participación, la «Comuna» bolivariana –un ente inexistente en la Constitución de 1999- es un mecanismo de control y gestión territorial remunerado que prescinde de la elección de funcionarios mediante el voto universal, directo y secreto; altamente politizado y parcializado y, finalmente, sin mecanismos de contraloría institucional e independiente. Asimismo, hay una tolerancia a la extorsión generalizada de funcionarios a la población, una suerte de «pago» por el silencio y la complicidad. Por otro lado, se han aprobado leyes para un mayor control y neutralización de la disidencia, siendo la más grave la llamada «Ley Libertador Simón Bolívar», que avala juicios en ausencia, la confiscación de bienes, la inhabilitación política hasta 60 años y las penas de prisión entre 25 a 30 años a quienes apoyen sanciones contra el país, desconozcan a las autoridades o se consideren una amenaza a la seguridad de la nación, incluyendo medios de comunicación.

Con novedad en los frentes

Luego de haber sido forzado a exiliarse, Edmundo González, el diplomático ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, anunció que regresaría al país el 10 de enero para juramentarse como primer mandatario. Una encuesta divulgada por la firma Clearpath Strategies, de noviembre 2024, seguía dándole a María Corina Machado un apoyo generalizado del 70%. El poder simbólico de esa popularidad intenta ser usado con la convocatoria a manifestaciones durante los días 9 y 10 de enero, que estimulen una fractura a lo interno de las Fuerzas Armadas. Lo lógica política sugiere que no habrá cambio de situación posible si el chavismo mantiene la cohesión que ha mostrado luego de las elecciones. Y un pilar de esa unidad han sido los uniformados. Este esfuerzo supone que dentro del ejército queda un residuo de institucionalidad. Que los castrenses pudieran desobedecer órdenes movidos por un superego democrático tras haber sido testigos de los resultados, en el llamado «Plan República» en las mesas de votación. Para reforzar esta convocatoria, Machado, quien había pasado a la clandestinidad en las últimas semanas, anunció que encabezaría las movilizaciones. Paralelamente, Edmundo González intentaría ingresar al país, acompañado de una comitiva de expresidentes latinoamericanos.

Cuando esta nota se escribe la mayoría de los presidentes latinoamericanos habían anunciado que no asistirían a una eventual toma de posesión de Nicolás Maduro. Luego de las elecciones, las autoridades venezolanas han expulsado del país a los embajadores de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, quienes abiertamente desconocieron los resultados anunciados por el CNE. A la lista se suma Paraguay, con quien Maduro rompió relaciones el 7 de enero, tras su reconocimiento como presidente a Edmundo González. Siguiendo la metáfora izquierdista, Colombia y Brasil, y por inercia México, realizarán un «reconocimiento crítico» del nuevo período madurista, enviando a sus embajadores en terreno a la toma de posesión, pero a ningún otro funcionario de envergadura. Esta actitud fue descrita por el argentino Bruno Bimbi, como «la traición de los progresistas de buena parte del mundo» a la causa democrática de los venezolanos, dejando el espacio vacío para ser ocupado por representantes del espectro conservador. «La culpa está toda, enterita, de nuestro lado », afirmó en un tuit de su perfil en X. La nota discordante de la ambigüedad zurda la constituye el presidente chileno Gabriel Boric, quien ha sido tajante en rechazar lo que considera, sin medias tintas, «el fraude electoral perpetrado por el régimen».

Frente una clase media disminuida y con sectores abogando abiertamente por una conciliación con la dictadura, amplias mayorías han demostrado una interesante madurez política, fruto de su propia experiencia acumulada en los últimos años, su ruptura con el imaginario bolivariano y la convicción que no hay futuro posible con Maduro en el poder.

Con o sin florituras, el chavismo tiene abierto un boquete en su frente internacional como nunca antes. No obstante, también el consenso revolucionario interno ha comenzado a hacer aguas. El Partido Comunista Venezolano (PCV) se enfrentó electoralmente a Maduro, con duras críticas al chavismo, apoyando al candidato Enrique Márquez, quien fungió de vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la época final de Hugo Chávez. Márquez también atrajo la figura de Juan Barreto, quien creó el partido Redes para ser parte de la coalición electoral «Polo Patriótico», sumando votos en elecciones anteriores de sectores descontentos con el PSUV para el caudillo bolivariano. Otro tanto ha hecho el llamado «Frente en Defensa de la Constitución», conformado por antiguos ministros de Hugo Chávez, que también han cuestionado el «triunfo electoral» de Maduro. Parte de este archipiélago de antiguos militantes del oficialismo introdujeron un recurso judicial ante el máximo tribunal del país para que se obligara al CNE a publicar los resultados detallados. El resultado fue la inhabilitación del ejercicio profesional de la abogada María Alejandra Díaz Marín, una conocida militante revolucionaria durante los tiempos de Chávez, y la imposición de una multa en su contra. Por su parte, el 7 de enero, fue detenido el propio Enrique Márquez. Finalmente, «revolucionarios» que siguen identificándose como «chavistas originarios», crearon la «Corriente Popular Comunes» haciendo campaña por la liberación de los presos políticos del 28J y cuestionando el fraude electoral. 

La indignación de las multitudes

Como demostró el caudal electoral materializado el 28 de julio, que incluyó el más de un millón y medio de votos para Edmundo González emitidos desde la antigua base electoral cautiva del oficialismo, pero especialmente la revuelta popular de los dos días posteriores, los sectores populares han reemergido como un actor definitorio en el país. Frente una clase media disminuida y con sectores abogando abiertamente por una conciliación con la dictadura, amplias mayorías han demostrado una interesante madurez política, fruto de su propia experiencia acumulada en los últimos años, su ruptura con el imaginario bolivariano y la convicción que no hay futuro posible con Maduro en el poder. Si los cálculos de Machado son atinados, quien ha venido disfrutando de una racha de decisiones tácticas y estratégicas eficaces, el 10 de enero sería el inicio de un nuevo período de conflictividad, similar a los ciclos de protestas de los años 2014 y 2019, pero con la especificidad de ser protagonizados por los habitantes de las barriadas populares del país. Si la indignación de las multitudes se concreta en el nivel esperado, sería una oportunidad para, dentro del propio movimiento, ejercitar y fortalecer un músculo autonómico y de auto-organización comunitaria, que a mediano plazo generara condiciones para la recomposición de los movimientos sociales independientes en el país.

Aunque reiteradamente los venezolanos consideran cada hito político en términos de  «batalla final», existe la percepción que, si el gobierno de Nicolás Maduro logra estabilizarse, tras mostrarse inequívocamente como una dictadura, difícilmente se repetirán en un futuro las condiciones actuales, que incluyen –con sus luces y sombras- un fenómeno aglutinante como lo es el de María Corina Machado. Venezuela pasaría a ser parte de la lista de crisis olvidadas, abriendo la caja de pandora de los fraudes electorales en la región. De manera similar a Nicaragua, Maduro ha anunciado una reforma constitucional, que acabe con el voto universal, directo y secreto, y de sustentabilidad a un gobierno de facto. También pudiera cumplirse la proyección de que casi dos millones de venezolanos se sumarían a la diáspora.

En 1910, Ricardo Flores Magón escribió: «La rebeldía es la vida: la sumisión es la muerte. ¿Hay rebeldes en un pueblo? La vida está asegurada y asegurados están también el arte y la ciencia y la industria». Tras cerrar los canales instituciones, pacíficos y políticos de resolución del conflicto, el chavismo parece condenar a la población venezolana a la rebelión. O a la migración forzada. Veremos, en las próximas semanas, cuál de las alternativas, o alguna variante híbrida, se impone.

©Trópico Absoluto

Rafael Uzcátegui (Mérida, 1973) es escritor, editor y activista de derechos humanos. Autor de La rebeldía más allá de la izquierda. Un enfoque post-ideológico para la transición democrática en Venezuela (Náufrago de Ítaca Ediciones, 2021).

Este artículo se publicó originalmente en la revista Rialta. Se reproduce aquí con autorización de su autor.