Entre el águila y el centauro: paradojas de las nuevas soberanías bestiales

A Gabriel Syme, un detective de Scotland Yard, se le pide investigar al Consejo Central Anarquista. En la novela de Chesterton, después de infiltrar al grupo de modo clandestino y fingir que era parte de él, el protagonista encuentra que la sociedad secreta que investiga está conformada por su propio jefe policía y los demás miembros de la institución. Algo parecido pareciera suceder en la discusión sobre lo que trágicamente viene aconteciendo en Venezuela bajo las complejas relaciones entre soberanía-nacional e imperio.

Aclaro antes de seguir que todo está moviéndose, que nuestras certidumbres nos esquivan, y que nos movemos en un terreno huidizo. Con todo, y sin ánimo de perderme en una discusión muy abstracta, deseo arriesgarme partiendo del hecho de que estas nociones siempre me han parecido que tienen una lógica algo perversa: desde sus instancias más radicales (imperialismo y nacionalismo) son conceptos considerados como opuestos, pero que a la vez se llaman y atraen. Bajo una extraña correspondencia fantasmal se necesitan para justificarse en un doble movimiento: por un lado, sólo en la medida que me posicione en contra del bando opuesto es que puedo definirme existencialmente con mayor identidad en el mío. Y, por otro, cuanto más empeño y fuerza le dé a ese enemigo simbólico, tanto más alimentaré su desempeño real; como si se tratara de una profecía auto-cumplida al estilo de lo que Naptha, en La montaña mágica de Mann, hace cuando toma su arma y se pega un tiro, al ver que su contrincante Settembrini decide no dispararle en el duelo.

Detrás de todo esto, me digo con cierta duda, pareciera estar la idea de “propiedad” contra un principio desde el cual se erige violentamente la idea de impropiedad. Si Trump se vale de un reciclaje de la Doctrina Monroe, que paradójicamente se usó en el siglo XX contra el bloqueo que se le hizo al régimen bolivariano de Cipriano Castro, para argumentar que es “propio” de Estados Unidos controlar parte de América Latina en este nueva repartición geopolítica, varios comunicados emitidos por países afines a Cuba, Rusia o China, así como de ciertas instancias del latino-americanismo populista y revolucionario (Colombia, México, Brasil, periódicos como La Jornada de México o Página 12 de Argentina, instituciones como CLACSO y otras de la academia “latinoamericana”) esgrimen lo contrario, es decir, que el concepto de la “invasión” o “intervención” en contra de la “soberanía-nacional” y la “determinación de los pueblos” es algo “propio” de los países latinoamericanos.

Parece fácil delinear el terreno, pero al instante surgen problemas. Los argumentos que proponen ambos bandos excluyen peligrosamente algo clave en este momento: la soberanía moderna como autonomía institucional, derecho de los pueblos para erigir su destino bajo respeto de sus libertades civiles, donde el papel de la democracia, las leyes, los derechos sociales y humanos es crucial. En ese escenario, los venezolanos que alguna vez creíamos en esos valores seguimos siendo los conejillos de indias de ese conflicto hasta ahora irresuelto. De hecho, atrapados en estos últimos años en fórmulas de autoritarismo inéditas, hemos sido víctimas de tres experimentos fallidos: uno nacional-bolivariano durante los primeros años de Chávez, otro autocrático durante los últimos años del líder y la primera parte del madurismo, y otro dictatorial y salvaje, en la última etapa de Maduro. Todo ello para pasar ahora a una suerte de enclave bolivariano-trumpista, que sería, para variar, otro experimento más.

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Entiendo que en este conflicto se interconectan diversos planos de dilemas que no son simétricos. El primero de ellos, desde la mirada global, tiene que ver con la nueva modulación neo-imperial bajo modelos cada vez más autocráticos, capitalistas y conservadores, como el de Estados Unidos con Trump, el de Rusia con Putin o el de China con Xi Jinping. El segundo, tiene que ver con la región latinoamericana y sus vínculos conflictivos con Estados Unidos, en donde el fantasma interventor revive las experiencias violentas del pasado, ahora manifiestas bajo una nueva doctrina Monroe que el propio presidente de Estados Unidos se ha encargado de formular.

Pero el tercero, el menos comentado por algunos analistas de tendencias latinoamericanistas, me incumbe a mí personalmente: tiene que ver con el derecho de los venezolanos a imaginar una democracia en Venezuela como utopía posible. Entre todos ellos se cruzan, como dije, no sólo valores vinculados a los derechos humanos, al derecho a la autodeterminación de los pueblos y el uso de sus recursos naturales, sino también a la defensa del medio ambiente y la explotación (neo)extractiva: curiosamente, junto a los comunicados y condenas de los grupos latinoamericanistas, el eje bolivariano y los grupos vinculados a China, Rusia o Irán, está precisamente el argumento de la defensa de estos recursos como “propiedad” del Estado “soberano” nacional.

Sin desdeñar las graves implicaciones que hay detrás de la intervención/secuestro/extracción realizado por Trump, que ciertamente violenta tratados del derecho internacional y reafirma su perfil autocrático, quisiera concentrarme en cuestionar la idea de soberanía que postulan estos posicionamientos latinoamericanistas. Me interesa insistir, que al final, queriendo o no queriendo, terminan siendo tan cómplices con el trumpismo en la defenestración de los principios a partir de los cuales se discute lo ocurrido en Venezuela el pasado 3 de enero.

Me explico de otro modo: ese argumento valiente, entendible, pero muy superficial, que sostiene la idea de una violencia contra un “Estado soberano” puede entrar en una zona muy porosa cuando nos damos cuenta que, de facto, quedó prácticamente intacto el régimen bolivariano en el país, salvo la figura de Maduro y su esposa. Esto es todavía más complejo, cuando pareciera que en esta acción fue clave un sector del mismo chavismo que lo traicionó, evidenciando un proceso de comunicaciones y decisiones en las que se excluyó al sector opositor de María C. Machado y Edmundo González, quienes están totalmente ausentes en este nuevo gobierno de transición.

Desde luego, que lo anterior será un terreno de especulaciones hasta que no sepamos bien el problema de las traiciones y las relaciones chavismo-trumpismo, pero también la defensa soberanista entra en un terreno de gran ambigüedad cuando sabemos que Maduro no fue elegido presidente en las elecciones del 2024, ni hablar del largo preámbulo de sistemáticas violaciones electorales cometidas desde antes: el referéndum del 2007, la flagrante impugnación de los resultados parlamentarias del 2015, el írrito proceso constituyente del 2017, la falta de observadores internacionales imparciales en los numerosos procesos de votación, la lista Tascón, las inhabilitaciones, las continuas defenestraciones de competencias de alcaldías y gobernaciones opositoras, sin obviar las prácticas continuas de irrespeto a la ley y de usos de estados de excepción que se hicieron en estos años para cometer, entre otras cosas, los más crueles crímenes humanitarios (recordemos que tan solo el 2019 el informe de Bachelet reportó 6.000 muertos por parte del Estado).

Aunque no soy un especialista, quisiera recordar aquí muchas de las advertencias que Jacques Derrida señalara en el fino y delicado seminario «La Bestia y el soberano». Lo que más me interesó al leerlo fue cuando notaba cierta paradoja en el principio de soberanía, que siempre se situaba, al igual que el criminal, en un lugar fuera del derecho; lo que los lleva a acercarse o compartir una zona muy esponjosa y permeable.

La potestad fundacional que siempre tuvo el chavismo se movía “exceptuándose de la ley, suspendiendo la norma y el derecho que impone”, tomando prestadas palabras del filósofo francés-argelino. No niego con ello que este es el mismo problema que está pasando con Trump y quizás el nuevo orden internacional. Por el contrario, lo que estoy señalando es que hay una fina conexión entre los dos al salir del derecho y entrar en el espacio del poder bestial, que abre las condiciones para la violencia. Incluso esa dimensión representacional, teatral, de lo soberano que Derrida bien analiza en su Seminario y que está en los protocolos, juramentos o convenciones institucionales, fue violentada por la llamada «revolución bolivariana» desde su nacimiento al hablar de una “constitución moribunda” antes del proceso constituyente.

De igual modo, se hace necesario considerar que, bajo ese terreno de excepcionalidad, han operado Estados externos, en una intervención no menos cruenta que la norteamericana: desafortunadamente no se dio desde una foto instantánea de pocas horas, más digerible para las redes sociales, sino, por el contrario, desde una lenta película que ha durado al menos quince años.

Por ejemplo, la guardia personal de Maduro -como antes la de Chávez- estaba conformada por agentes cubanos, hecho que evidencia lo que varios investigadores han señalado: que el Estado cubano estaba metido en los servicios secretos venezolanos, en los asesoramientos de las prácticas represivas, como torturas y espionaje, entre otras actividades que no eran no muy “humanitarias” o dignas para las población. Cabe incluir también la cantidad de dinero que tomó del ilegal abastecimiento petrolero, sobre todo en un momento de crisis humanitaria que era tan importante para los venezolanos.

En cuanto al territorio y los recursos naturales, sabemos la manera descarada en la que se repartieron contratos y concesiones sin auditorias para los gobiernos de China, Rusia e Irán, quienes también tenían poder de decisión en ámbitos medulares para el Estado venezolano. Si eso sucedía con Estados, podemos agregar que el mismo problema aparecía con organización para-estatales. De ahí la presencia cómplice de grupos ilegales como el ELN, las disidencias de la FARC, los grupos de narcotráfico, que no sólo secuestraban y extorsionaban sino que, además, extraían minerales de modo ilegal y practicaban formas de trata humana; lo que demuestra, de nuevo, que la ley y el derecho, como mecanismos propios de los Estados soberanos, no existían en Venezuela. Eran literalmente una ficción (como mentira). “Puro teatro”, diría un canción.

La potestad fundacional que siempre tuvo el chavismo se movía “exceptuándose de la ley, suspendiendo la norma y el derecho que impone”. (…) Este es el mismo problema que está pasando con Trump y quizás el nuevo orden internacional. (…) Hay una fina conexión entre los dos al salir del derecho y entrar en el espacio del poder bestial, que abre las condiciones para la violencia

Reviso ahora algunas nociones de soberanía que pueden decirnos algo. En El triunfo de la libertad sobre el despotismo Juan Germán Roscio entendió el acto de vivir en república como un ejercicio del pueblo en libertad, favoreciendo y cultivando la virtud, la integridad, las costumbres y la ilustración. Por su parte, el mismo Bolívar en el Congreso de Angostura (1819) defendió la república como «la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios», según evidencia el notable historiador Pedro Grases. Tal como nos recuerda uno de los comunicados de la Sección de Estudios Venezolanos de LASA (Latin American Studies Association) en el artículo 5 de la misma constitución chavista de 1999 dice que la soberanía “reside intransferiblemente en el pueblo”.

Podemos argüir incluso que en la limitada concepción de Estado westfaliana, amarrada todavía a una noción estatal del siglo XVIII (que en la práctica ha cambiado muchísimo), la soberanía todavía le daba un valor al pueblo y tenía una autoridad moral inapelable. Desde otro ángulo, y me perdonan el abuso de referencias, podemos considerar cómo para Bodino, que fue un modelo para muchos juristas de esa época (que igual profesaba una visión más restrictiva de la participación popular), esta noción estaba atada a la justicia y autoridad que le delegaba la misma ciudadanía. Se basaba además en la majestas romana que no distingue en sus orígenes republicanos entre la soberanía del Estado y la del pueblo.
Como vemos entonces, ninguno de esos elementos se han cumplido, al menos en estos últimos años, durante la revolución bolivariana en su fase madurista. Por otro lado, es bueno recordar que el Estado venezolano había suscrito más de un tratado internacional que rompía con la idea de una soberanía cerrada exclusivamente en lo territorial.

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Quedan más argumentos por sopesar. Pienso que la idea misma del quiebre del derecho internacional en esta defensa de la “soberanía-nacional” necesita trabajarse mejor. El experto Nahuel Maisley, en un texto reciente nos recuerda que es limitado analizar la derrota de dicho derecho, pues ya había colapsado antes en el caso venezolano “cuando el sistema jurídico americano –dice- fue incapaz de hacer algo mínimo para remover un dictador brutal”. Más adelante, explica mejor otro punto que cito en extenso:
El problema no son las normas propiamente dichas. El continente americano cuenta, al menos en el papel, con uno de los desarrollos normativos más avanzados del mundo en materia de defensa colectiva de la democracia. La Carta de la Organización de los Estados Americanos, adoptada en Bogotá en 1948, ya establecía que la “solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”. Con el correr de los años, se introdujeron sucesivas reformas para reafirmar este principio. Hoy la Carta sostiene que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y que “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”.

Cuando revisé ese apartado, me quedé reflexionando. Y es que lo que está detrás de estos tratados y normativas “internacionales”, al menos en América Latina, es la íntima relación entre acuerdos del derecho internacional y formas de soberanía estatal vinculadas precisamente a “la democracia representativa”. Como sabemos, durante buena parte del régimen bolivariano, se violaron las dos formas: los acuerdos y los principios básicos de lo que entendemos como autogobierno representativo.

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Sigo con más: otro ámbito necesario para considerar la idea de soberanía que se está negando entre los grupos vinculados a los otros imperios extranjeros tiene que ver ciertamente con el derecho de los ciudadanos en la explotación y uso de sus recursos nacionales, y aquí entramos en un tema que abre otras aristas. Sin pretensiones radicales, me pregunto algo sencillo: ¿quién está usando los excedentes que deja la explotación petrolera y minera? A falta de fiscalización y usos democráticos de las leyes, la respuesta es más que evidente: la camarilla del régimen madurista y no el pueblo soberano. Desde las primeras leyes republicanas del siglo XIX, que heredaron principios coloniales, toda extracción mineral que venga del subsuelo es potestad del Estado-nación. Esta modalidad propia del rentismo (es bueno recordar) tiene dos fórmulas: una es que el capital extranjero sea el que explote y produzca mientras el Estado se queda con parte de sus excedentes; y, la otra, es que las mismas empresas de la nación sean las que lleven a cabo lo que antes hacían las trasnacionales desde cierta autonomía para operar.

Lo nacional-soberano aquí no debe ser legitimado sólo desde el ámbito de quien produce e invierte en la industria, sino sobre todo de quien usa esos excedentes. Eso es clave. Y es que puedo perfectamente tener una industria “nacional”, pero si es sólo para el grupo que gobierna y no para el pueblo (y sus instituciones públicas), ¿por qué debería ser verdaderamente “soberano”? Durante los primeros veinte años de la democracia de Puntofijo la industria petrolera estuvo en manos privadas, pero su uso sirvió para desarrollar la mejor infraestructura hospitalaria y educativa de carácter público y autónomo que tuvimos.

Ahora bien, en el conflicto que devino con el breve golpe de Estado del 2002 en Venezuela hubo un modelo nuevo de usos petroleros con la revolución: que la industria petrolera, entre otras más, la rigiera el grupo en el poder (el ministro de Energía y Minas) y no fuera ya más auditada por ninguna institución externa. Ello nos llevó a los tiempos de Gómez y Pérez Jiménez. A partir de ahí, la ciudadanía quedó a merced de los usos secretos de unos excedentes que se manejaron para muchas cosas (no sólo beneficios sociales, sino sobre todo para fines electorales, geopolíticos, entre otros). De modo que lo nacional-soberano no fue tan importante ahí y nos obliga repensarlo mejor.

Bien se me puede objetar que lo que está haciendo ahora Trump es peor, y ciertamente no hay que ser ingenuos. Si esta nueva modalidad chavista-trumpista reactiva la industria y, además, el petróleo se vende a precio de mercado, pues eso puede ser un buen signo. El peligro está ahora que sea EEUU quien disponga de los contratos y que no sepamos bien cómo se van a distribuir sus regalías y excedentes (antes, vale decir, era una caja negra, ahora quizás podría tener cierta auditoria o escrutinio por parte de las instituciones de USA, si es que Trump no las acaba, pero eso hay que verlo con el tiempo).

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Dicho todo esto, quisiera considerar otro punto crucial. Me refiero a las demandas al medio ambiente y el derecho de los pueblos originarios que han cuestionado algunos presupuestos de la lógica del Estado cerrado westfaliano. Lo esgrimo con una pregunta: si la explotación de los minerales y otros recursos está afectando al medio ambiente, contribuyendo al cambio climático, ¿no debería estar supervisado, fiscalizado, por leyes nacionales e internacionales? Por cierto, la misma pregunta me la hago con el derechos de los pueblos originarios.

Los reclamos que por años han realizado instituciones como SOS Orinoco, Provea, Fundaredes, GRiAM, y estudios como los de Maristella Svampa, Eduardo Gudunas, Anne Péné-Annette muestran el enorme daño ocurrido, paradójicamente en el marco de un régimen erigido en defensor de la naturaleza, y con la anuencia de gobiernos como los de Lula da Silva o Gustavo Petro, que sí poseen una agenda más abiertamente ecologista.

De manera que lo que defiende Sheinbaum como “autodeterminación de los pueblos” y los múltiples tratados que han sido mencionados no sólo incumben al derecho de los ciudadanos a decidir su destino, al derecho a la vida, sino también el derecho de las comunidades indígenas, y a lo que podemos llamar tentativamente como no-humanos (flora, fauna, medio ambiente).

Queda para otra discusión las alternativas para salir de un capitalismo extractivo, como el que propone Trump, considerando que hay millones de venezolanos que necesitan no sólo salir de la pobreza sino regresar a sus hogares. De hecho, en un sistema democrático se podrían dar las condiciones para pensar fórmulas mejores, visibilizando daños, reclamos, necesidades. Ahora me temo hay que privilegiar las luchas.

Hasta aquí entonces termino con estas reflexiones. Cierro recapitulando unos puntos y añadiendo una que otra valoración.

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Por lo que he visto, me parece entonces falso, improcedente, dañino, el reclamo a proteger la soberanía nacional en los términos que cierto latino-americanismo (desde América Latina, Europa o USA) está haciendo. Ese grupo está negando de nuevo lo que dentro de esta situación los venezolanos tanto reclamamos: el derecho a una soberanía real, actual, democrática. Después de todo, ¿no fue eso lo que los primeros movimientos del chavismo reclamaban? Lo soberano no debe residir más en la simple oposición contra el imperio norteamericano, dejando de lado a otros imperios, y a costa de la población y el medio ambiente. Lo soberano, por el contrario, debe incluir el protagonismo del pueblo, el respeto a los derechos humanos (y no humanos), las justas reivindicaciones sociales, en donde también sea muy relevante la libertad de opinión y crítica como contrapoderes. Desde un lugar vacío de simple oposición dual a un contrincante externo, sólo se termina como el detective Syme de Scotland Yard, es decir, trabajando para el enemigo.

¿Clausura el peligro de la intervención lo que está pasando? Para nada, le da otros incentivos para que no se repita en el futuro, porque si negamos las condiciones que hicieron posible este secuestro o intervención (independientemente de que estemos de acuerdo o no), no sólo promovemos la idea de que es una receta para aplicar en cualquier parte, sino borramos las causas de la lucha, que, de hacerlo, le puede servir a Trump para imponer más su agenda. Y eso significa que es necesario también historiar lo que hace posible este tipos de intervenciones de USA sacando el lado más cruento y peligroso de su forma de gobernar.

Cierto, mi corazón veneco reconoce una alegría fallida al ver a un dictador como Maduro preso, pero también le interesa (por lo que viví) que se abran nuevas condiciones para luchar contra la nueva modalidad de chavismo-madurismo que se quiere imponer en todo el mundo: la autocracia y el peligro dictatorial. Rescato con esto un vínculo entre lo singular y universal que se ha perdido. Me digo que la experiencia histórica de ciertas situaciones de violencia, como las vividas en Venezuela, tienen que conocerse para que no se repitan en otras comunidades. Y es que después de todo, ¿no es desde ahí que parten las luchas democratizadoras, es decir, desde situaciones concretas?

Si bien luce mal la transición, están apareciendo demandas por todas partes (exigencia de retorno de los migrantes, información sobre la red de complicidades con el régimen, diferencias entre los mismos sectores de derecha e izquierda, nuevos y viejos actores políticos venezolanos que exigen reivindicaciones) que obligarán tarde a temprano a abrir otros espacios.

Insisto que la violación al derecho internacional sucedió antes sistemáticamente en Venezuela, producto de un nuevo orden que se quiso imponer con el petróleo venezolano entre los gobiernos de la llamada “marea rosa”. Ello generó una situación que evidenció un núcleo duro dentro de la estructura chavista que sólo los venezolanos vieron verdaderamente (o quisieron ver cuando les comenzó a afectar). Una forma, diríamos, de lo “Real” en términos lacanianos que se encriptaba detrás de la fantasías emancipadoras de los pueblos oprimidos, y era efectivamente las transacciones ilegales del petróleo y demás economías ilícitas, los usos perversos de la fuerza indebida contra críticos y oponentes, las ansias de venganza, retaliación, dinero y poder por parte de grupos que no tenían antes acceso a los beneficios del Estado.

El problema ahora es el posible uso que hará el trumpismo para sus fines personales, imperiales y autocráticos, porque los otros daños ya estaban hechos. ¿Cómo detenerlo? Responderé con lo mismo: además de criticar sus declaraciones sobre Groenlandia y otros países, o de cuestionar sus acciones en Estados Unidos, es relevante también propiciar ahora una transición democrática en Venezuela en la que sobrevivan sectores políticos del chavismo, junto con otros sectores liberales y sociales. Como muchos venezolanos, nunca quise llegar de esta manera hasta aquí pensando que alguna línea interna del madurismo podría abrirse, después de más de once procesos negociadores, o creyendo que la región iba a ser más asertiva, sobre todo por parte de aquellos que tanto se beneficiaron del petróleo venezolano, pero lamentablemente eso no sucedió.

Acepto que el acontecimiento de la intervención no tiene todavía la majestad de una suerte de “violencia divina” benjaminiana, sino que es, por el contrario, profundamente aporético: de lograr liberar a todos los presos y torturados, de rescatar las memorias de los desfallecidos y lograr un proceso democrático, su halo milagroso pudiera abrir unas puertas futuras inéditas (tenemos que ver), lo que no significa que al mismo tiempo pueda cerrar otras en la geopolítica mundial y el avance del trumpismo. Pero una es real, concreta, afectando cuerpos, afectos, y la otra es general, virtual, global. Mi punto aquí es claro: en vez de oponer ambos frentes de lucha, pienso que quizás es mejor que puedan unirse desde planos y temporalidades distintas en un elemento más realista: la defensa de la soberanía nacional desde las visiones modernas y abiertas de la actualidad, desde contrapoderes sociales e institucionales.

Por eso, más que acusar a María C. Machado o al desesperado venezolano de a pie por alentar una invasión, quienes han debido ser acusados son el chavismo, sus socios y muy diversos beneficiarios dentro y fuera del país, pero ya es ese otro tema. Por el momento, mi llamado es el mismo: solidarizarse con las luchas del pueblo venezolano, a menos que quieran seguir en la oficina de Scotland Yard de Syme pensando que es una célula anarquista o nacional-revolucionaria.

©Trópico Absoluto   

Juan Cristóbal Castro (Caracas, 1971), estudió Comunicación Social y Letras en la Universidad Central de Venezuela. Es Doctor en Literatura por la Universidad de California. Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Ha publicado los libros Alfabeto del caos: crítica y ficción en Paul Valéry y Jorge Luis Borges (Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2007), Idiomas espectrales: lenguas imaginarias en la literatura latinoamericana (Editorial Javeriana, 2016) y El sacrificio de la página: José Antonio Ramos Sucre y el arkhe republicano (Almenara, 2020). También publicó el texto-ficción Arqueología sonámbula (Anfibia, 2021).