Venezuela: salvarse pidiendo el fin de las sanciones

Luego del monumental fraude en las recientes elecciones presidenciales, en Venezuela se ha reiniciado la campaña por el retiro de las sanciones sectoriales. Dicho así pareciera que Nicolás Maduro, quien pretende juramentarse para un período presidencial adicional de 6 años a pesar de no contar con el apoyo popular, exige ser premiado tras vaciar de sentido la realización de comicios en el continente. Sin embargo, la iniciativa de incidencia no sólo es protagonizada por voceros del Ejecutivo, sino también por sectores democráticos del país. Como en este sector hay diferentes grupos e intereses (empresarios que quieren tener ganancias bajo dictadura o sectores políticos que desean desplazar al resto, por citar dos perfiles), sólo discutiremos los argumentos de representantes de la sociedad civil, con quienes compartimos anhelos y esperanzas, desde análisis y diagnósticos distintos. Esto pudiera complejizar la discusión sobre la efectividad de las sanciones internacionales y sus efectos colaterales en otros contextos similares, como los de Cuba y Nicaragua.

Obama, deroga el decreto ya

Algunos apretados antecedentes. En marzo de 2015, Barack Obama aprobaba las primeras sanciones contra 7 funcionarios policiales y militares, acusados de violación de derechos humanos, a quienes se les prohibió el ingreso a Estados Unidos y la congelación de sus bienes dentro de territorio norteamericano. Como respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro comenzó la campaña “¡Obama deroga el decreto ya!”. Aunque las restricciones sólo afectaban a un grupo reducido de funcionarios, las autoridades venezolanas asumieron inmediatamente la narrativa que eran víctimas de un “bloqueo” imperialista. No fue sino 3 años después que Donald Trump aprobó las primeras medidas restrictivas unilaterales contra las finanzas del Estado venezolano. En ese momento se impidió a PDVSA o al gobierno renegociar la deuda con tenedores de bonos estadounidenses, venderles bonos adicionales u obligaciones financieras de cualquier tipo. Además, se prohibió que personas estadounidenses (o relacionadas con EEUU) puedan negociar o reestructurar, por ellos o por terceros asociados, bonos de PDVSA y de la República de Venezuela. En el 2018 se decidieron 4 medidas adicionales, seguidas por medidas similares un año después. Para 2019 las medidas restrictivas incluían a la estatal petrolera PDVSA y minera Minerven, el Banco Estatal de Desarrollo (BANDES) y al Banco de Venezuela. Otros países, como Inglaterra y Colombia, tomaron medidas contra activos y recursos venezolanos en el exterior.

Para ese momento, dentro del movimiento de derechos humanos venezolano había consenso en que si bien la emergencia humanitaria compleja había aparecido primero, estas medidas coercitivas agravaban los contornos de la crisis económica del país. Antes, y especialmente durante la pandemia de Covid-19, las organizaciones se unieron a los pedidos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre flexibilizar las sanciones financieras, con el objetivo que las autoridades pudieran disponer de todos los recursos a su alcance para atender la emergencia sanitaria.

En septiembre de 2023, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela acuerdan en Qatar un mecanismo político para el retiro de las sanciones. Maduro se comprometía a realizar elecciones presidenciales a finales del 2024, cediendo algunas garantías para su realización, mientras que Estados Unidos flexibilizaría algunas de las medidas restrictivas impuestas. Aunque el texto de este acuerdo se mantuvo secreto hasta agosto de 2024, su espíritu se materializó en el llamado Acuerdo de Barbados, acordado en octubre de 2023, entre las autoridades venezolanas y los representantes de la Plataforma Unitaria de Venezuela, con la facilitación de Noruega.

El Acuerdo de Barbados terminó con el consenso que existía dentro de la sociedad civil, incluyendo al movimiento de derechos humanos, sobre las sanciones. Por un lado, se ubicaron quienes al entender que ya existía un canal para su retiro, que además garantizaría el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, el foco debía ser su cumplimiento. En la acera de enfrente se colocaron quienes continuaron haciendo campaña por el retiro de las sanciones, de manera paralela, e independientemente, del cumplimiento de lo pactado. Este último sector es que ha reiniciado luego del 28-J una campaña de incidencia, de medios y diplomática, para el fin de las medidas coercitivas sobre Venezuela.

El impacto desconocido

En un trabajo periodístico reciente las palabras de Feliciano Reyna, conocido activista humanitario del país, fueron transcritas del evento Venezuela at a Crossroads: Reassessing Sanctions–The Best Way Forward?, un webinar, organizado por la Universidad Internacional de Florida (FIU) y el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas. Citemos: “Al igual que el resto de los ponentes, aseguró el impacto de las sanciones en las personas «ha sido enorme. Muchos de nosotros pensamos que el propósito de las sanciones era facilitar un proceso de conversación, de negociación para buscar salidas al conflicto político. Pero, desafortunadamente, cuando la idea fue remover el gobierno estaba claro que iba a reaccionar y tiene los medios para reaccionar y mantenerse en el poder, usando también la coerción unilateral»”.

La primera idea-fuerza que los oenegeros que tienen como foco principal, en los actuales momentos, el retiro de las sanciones es el “impacto sobre la población”. ¿Cuánto es el tamaño de ese impacto? Nunca lo sabremos. La ausencia de estadísticas públicas confiables sobre la acción de gobierno impide tener una fotografía real del estado de la economía venezolana y de cómo las medidas coercitivas han impactado sobre ella. Estas secuelas pueden ser importantes, como sugiere la lógica teórica, o bastante nimias, dado que el chavismo ha aprendido a cómo sortearles, triangulando negociaciones que se le impiden de manera directa debido al veto. Si hay tercerización, se argumentará, cualquier compra o venta significa pérdidas y precios onerosos para el fisco nacional. Y es verdad, subrayamos, si no hubiera corrupción. La ausencia de controles, y el uso de la malversación de fondos públicos como mecanismo de compra de lealtades políticas, no garantiza que nada que se comercie por el gobierno bolivariano sea, ni en términos justos ni para beneficio del país. La importación de alimentos de baja calidad y a sobreprecio, para ser distribuidos a la población, es uno de tantos ejemplos.

Si el día de mañana desaparecieran todas las sanciones sectoriales no hay ninguna evidencia de que el sufrimiento de quienes están dentro de Venezuela se reduciría un solo milímetro. La mejor muestra de la ferocidad destructiva del proyecto bolivariano, muchos años antes de las sanciones, lo tenemos en lo que sucedió con las empresas básicas de Guyana.

La corrupción y el delirio

Siguiendo a Damian Prat, en su texto “CVG y la Guayana industrial: alternativa no petrolera que existió y que el chavismo destrozó” el sector industrial venezolano que sería conocido como “las empresas básicas de Guyana”, ubicado al sur del país, comenzó a desarrollarse luego del fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1958. Aluminio del Caroní (Alcasa) comenzó a construirse en 1964, iniciando operaciones en 1967, en la producción y comercialización de aluminio. Luego vendrían otros enclaves industriales: Bauxiven (bauxita), Interalúmina (alúmina), Venalum (aluminio) y Carbonorca (carbón); que fueron potenciados con la construcción de la represa del Guri, en 1963. Un ambicioso plan eléctrico, para suplir de energía al 70% del país, se promovió desde Edelca, bajo la tutela de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Prat asegura: “Fue realmente trascendente para toda la nación el proyecto industrial de Guayana a partir de la creación de la CVG. Aprovechar las ventajas comparativas y crear la base de una industria nacional en todo el país. Acero, aluminio, electricidad, madera, son la base de una cadena económica clave”. Venezuela comenzó a producir, eficientemente, acero primario y productos semiterminados como tubos para la industria petrolera, cabillas, hojalata, alambrón y laminados. El periodista describe el derrame económico que aquello generó: “en toda esa cadena industrial y económica en toda Venezuela cuya base eran justamente las industrias básicas de Guayana se generaron cientos de miles de buenos empleos, con derechos laborales conquistados luchando. Y esas cientos de miles de familias con creciente capacidad de consumo generaba a su vez una importante actividad económica en otras áreas, empresas y empleos”.

Las empresas básicas de Guayana fue un cinturón industrial productivo en Venezuela hasta la llegada del gobierno bolivariano. Ferrominera, que llegó a producir 22 millones de toneladas de mineral, para el año 2020 procesó poco más de 5 millones de toneladas, un 22% menos. Según Prat, del conjunto, es la que está “mejor”. En el caso de Sidor, pasó de producir 4.3 millones de toneladas de acero líquido a 16 mil toneladas en el año 2020. Alcasa, que producía 200 000 toneladas de aluminio al año se encuentra cerrada en estos momentos. Venalum sólo tiene el 6% de su capacidad operativa en funcionamiento. El resto está en condiciones similares de declive. Lo que alguna vez fueron conquistas en las condiciones laborales de sus trabajadores hoy son la penuria del salario mínimo. Prat se pregunta: “¿Y la brutal violación de los derechos laborales? ¿La ruina social que a su vez es más ruina económica para otros cientos de miles?”

Si se hace una cronología de la acción gubernamental a partir del año 1999, fecha de inicio del gobierno bolivariano, hasta el año 2015, tiempo de inicio de las primeras sanciones individuales, el saldo es de abiertos retrocesos en los derechos civiles y políticos y la aparición de una emergencia humanitaria compleja, en un proceso de consolidación del autoritarismo.

Las razones de esta hecatombe industrial son múltiples, desde la ideologización de la empresa hasta la desprofesionalización en sus roles, pero todas pudiesen resumirse en una palabra: corrupción. La no existencia de criterios técnicos para la toma de decisiones, la ausencia de cualquier mínima contraloría y el uso de los recursos de las empresas para fines partidistas y personales.

Una anécdota, casi tragicómica: En el año 2005 fue nombrado director de Alcasa el sociólogo y teórico revolucionario Carlos Lanz, que no tenía ninguna experiencia previa de gestión de empresas mineras. Con las lecturas de la Escuela de Frankfurt en su cabeza llegó a la fábrica, cuya nómina era de 3 000 trabajadores, con el principal objetivo de “cambiar las relaciones de producción”. Sin la experiencia de las situaciones reales y concretas de la cadena de producción del aluminio, una de sus primeras propuestas fue reducir el tiempo de trabajo semanal, lo que fue rechazado por los asalariados que temían perder la posibilidad de hacer horas adicionales, lo que les redundaban en un aumento del salario. Lanz decidió que la solución era que los trabajadores recibieran cursos de formación político-ideológica, para lo cual llamó a sus camaradas de Caracas, teóricos revolucionarios de clase media como él, para que les enseñaran a los obreros cómo ser verdaderamente obreros, con conciencia de clase revolucionaria y proletaria. Los honorarios de los cursos sobre planificación estratégica revolucionaria eran generosos, además de los viáticos para el hospedaje en buenos hoteles y viajes por avión. Las citas de Marx, Gramsci y Adorno eludían conversar sobre la situación concreta que se vivía en la fábrica, con tecnología obsoleta y la desmejora de los seguros médicos para atender la contaminación por el polvo de aluminio. Dado el discurso “revolucionario” imperante, que hablaba de “cogestión”, las antiguas empresas prestadoras de servicios mediante la modalidad de outsourcing se transformaron en “cooperativas”, sólo de nombre, sin recibir los beneficios laborales del resto de los trabajadores de la empresa. Cuando alguien elevaba una queja por las condiciones de trabajo, la respuesta era que debía participar en los cursos de formación ideológica. Los antiguos sindicatos fueron desplazados por “asambleas de trabajadores”, cuyos voceros eran del círculo de confianza de Lanz. La experiencia “cogestionaria” de Lanz duró dos años. En vez de “cambiar las relaciones de producción” aceleró el deterioro de la empresa de aluminio.

Causa o consecuencia

Si se concluye que las elecciones del 28 de julio obligaron al gobierno de Nicolás Maduro a realizar un fraude, quedando en evidencia la ausencia de respaldo popular, luego de un proceso de negociación que tuvo dos momentos estelares (Qatar y Barbados), se debe admitir que esto fue posible debido al estímulo del retiro o suavización de las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, las sanciones sí tuvieron un nivel de efectividad al obligar a las autoridades a realizar un proceso electoral donde participara la oposición mayoritaria del país.

Aunque se pudiera aducir que la frase ha sido sacada de contexto, no se entiende por qué Reyna afirma que “muchos de nosotros pensamos que el propósito de las sanciones era facilitar un proceso de conversación, de negociación para buscar salidas al conflicto político. Pero, desafortunadamente, cuando la idea fue remover el gobierno estaba claro que iba a reaccionar y tiene los medios para reaccionar y mantenerse en el poder, usando también la coerción unilateral”. Aquí hay una curiosa inversión de roles. Las sanciones no serían la consecuencia de graves violaciones de derechos humanos y el debilitamiento extremo de la institucionalidad democrática, sino su causa. Por tanto, el gobierno reaccionó de la manera que lo hizo porque fue sancionado. Nicolás Maduro sería una suerte de “demócrata acorralado” por una oposición radicalizada y el asedio imperialista.

Si se hace una cronología de la acción gubernamental a partir del año 1999, fecha de inicio del gobierno bolivariano, hasta el año 2015, tiempo de inicio de las primeras sanciones individuales, el saldo es de abiertos retrocesos en los derechos civiles y políticos y la aparición de una emergencia humanitaria compleja, en un proceso de consolidación del autoritarismo. En un informe del año 2019 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) apuntó: “La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial”.

¿Por qué activistas no gubernamentales realizaron una campaña por el levantamiento de sanciones cuándo sabían que había un acuerdo político para desmontarlas? ¿Por qué insisten en ese esfuerzo luego del mayor fraude electoral realizado en los últimos años en América Latina? La única respuesta que se nos ocurre es que ese discurso se ha convertido para ellos en una suerte de salvoconducto, una muestra de su vocación de ser una sociedad civil leal para continuar operando dentro del país. Sobre las demandas de democracia y respeto a las garantías constitucionales, la posibilidad de, en el caso de Reyna, continuar entregando medicamentos donados a quien lo necesite. Aunque esto implica la legitimación del divorcio entre la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos, se trata de una decisión política en todo el sentido que podamos darle al término.

Las sanciones, sectoriales o individuales, no son una panacea y como todo mecanismo diplomático, son perfectibles. La comunidad internacional necesita mayores y mejores herramientas para los desvaríos autoritarios, de izquierda y derecha, que actualmente pululan en América Latina. El sentimiento agridulce que producen las medidas coercitivas, para quienes defendemos la democracia y los derechos humanos, lo resumió de manera ejemplarmente pedagógica un conocido: “¿A quién le gustan las quimioterapias? A nadie, dejan secuelas terribles. Pero el problema no son las quimioterapias, es el cáncer. Y hasta que la ciencia no consiga otro remedio, seguiremos con las quimioterapias. Las quimioterapias son las sanciones y el cáncer son las dictaduras”.

Cómo se resuelva la crisis venezolana, que incluye el fraude electoral más escandaloso de la historia reciente, generará un precedente para toda la región. En un gobierno cuya opacidad y corrupción es estructural, no hay otra manera de leer el potencial éxito de la campaña actual por el fin de las sanciones sino como un premio a la tropelía. Y como una autorización para una acción restringida local de sus promotores.

©Trópico Absoluto

Rafael Uzcátegui (Mérida, 1973) es escritor, editor y activista de derechos humanos. Autor de La rebeldía más allá de la izquierda. Un enfoque post-ideológico para la transición democrática en Venezuela (Náufrago de Ítaca Ediciones, 2021).

Una primera versión de este artículo se publicó en la revista Rialta, el 14 de noviembre de 2024. Se reproduce aquí con autorización de Rialta y de su autor.