Autocracias en Venezuela: De dictadores modernizadores al militarismo revolucionario  

La tradición autoritaria de Venezuela es de larga data. El siglo XX comenzó con el régimen caudillesco del general Cipriano Castro (1899-1908), que luego continuó con la larga dictadura del general Juan Vicente Gómez, que duró hasta su fallecimiento en 1935. Entre 1936 y 1945 hubo un proceso de transición con sistemas políticos que hoy podríamos considerar híbridos (Diamond, 2002), presididos por los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. Ocurrió luego, entre 1945 y 1948, la llamada Revolución de Octubre Venezolana, un golpe de Estado que condujo primero a una Junta Revolucionaria de Gobierno a cuya cabeza se colocó un civil, Rómulo Betancourt, y luego de las elecciones de 1947 a un gobierno democrático presidido por el escritor y miembro del partido Acción Democrática, Rómulo Gallegos. Gallegos fue derrocado por militares diez meses después, estableciéndose lo que se conoce en la historiografía como el «decenio perezjimenista», entre 1948 y 1958, iniciada primero por una Junta Militar y, a partir de 1952, por la dictadura personalista del general Marcos Pérez Jiménez (Velásquez, 1976). Después de estos regímenes, en 1958 se estableció un sistema democrático.

En las últimas décadas del siglo XX, los desarreglos de todo orden de la sociedad venezolana crearon condiciones de rechazo a partidos políticos, dirigentes e incluso al orden democrático, preparando el terreno para una ruptura populista en las elecciones presidenciales de 1998[1]. Como resultado, los gobiernos entrantes, que marcaron una nueva era para Venezuela, presididos primero por Hugo Chávez (1999-2013) y luego del fallecimiento de este por Nicolás Maduro (2013-2026), reconfiguraron las relaciones entre Estado y sociedad, favoreciendo tendencias iliberales y autoritarias. A la muerte de Chávez, el escenario sociopolítico estuvo abonado para la instauración de un régimen autocrático con Nicolás Maduro a la cabeza. Maduro ha sido legado de procesos institucionales y sociopolíticos adelantados por Chávez.

En este trabajo presentaremos los resultados de una primera exploración comparativa entre los viejos y nuevos autoritarismos de Venezuela. Sostendremos que los autoritarismos viejos, representados en los casos de los generales Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, y el nuevo del civil Nicolás Maduro, exhiben similitudes, pero también notables contrastes. Las continuidades y discontinuidades han sido moldeadas por disímiles procesos sociohistóricos y sociopolíticos nacionales, enmarcados por contextos internacionales distintos. Adicionalmente, la ideología y/o el proyecto político de los autoritarios ha jugado un rol destacado en las acciones de todos estos gobiernos.

Identificar las similitudes y diferencias entre estas autocracias venezolanas puede contribuir a comprender por contraste, las diferencias específicas de estos períodos de la historia venezolana y las influencias internas o internacionales que en cada período tuvieron relevancia. Por otra parte, si bien existen estudios sobre los autoritarismos venezolanos del pasado (Velásquez, 1979), y una creciente literatura de la etapa chavo-madurista (Corrales, 2022; Alarcón B e Hidalgo, 2024; Polga-Hecimovich y Sánchez-Urribarri, 2025, López Maya 2005, 2016 y 2022), son escasos los estudios en perspectiva comparativa del régimen de Maduro, tanto con relación a la historia política nacional, como a la luz de los nuevos autoritarismos de la región. Buscamos contribuir a superar esta situación.

En lo que sigue, desarrollamos cuatro aspectos de estos regímenes usando el enfoque comparativo. El primero se refiere a las fuentes de legitimidad que sostuvieron estas dictaduras. El segundo, las relaciones que se establecieron entre el Ejecutivo Nacional y el resto de los poderes públicos. El tercero, cómo se configuraron las relaciones entre militares y civiles. El cuarto revisa algunos aspectos relacionados con los entornos internacionales. Con este análisis no pretendemos agotar un tema tan vasto y complejo sino aportar en ciertas características y despertar el interés por un tópico crucial para construir de nuevo una institucionalidad democrática para Venezuela.

La legitimidad de los autoritarios

Incluso los regímenes autoritarios buscan una legitimidad que les permita gobernar no sólo por la fuerza. En Venezuela, estos regímenes han compartido como fuente de legitimidad primaria un nacionalismo bolivariano. Este nacionalismo hunde sus raíces en una narrativa sobre la gesta heroica de la independencia y el culto a Simón Bolívar, iniciado en el siglo XIX durante los gobiernos del general Antonio Guzmán Blanco, quien creó el bolívar como moneda nacional, edificó el Panteón Nacional para sus restos, instauró el nombre de plaza Bolívar para todas las plazas centrales de las ciudades y promovió su figura como libertador y legitimador del Estado nacional (Carrera Damas, 2003). El nacionalismo bolivariano de los militares se caracteriza por enaltecer valores épicos y militaristas, proyectando a Bolívar como una figura de atributos semidivinos y al ejército como la continuación de aquel ejército de Bolívar. Los dictadores que tuvimos en el siglo XX complementaron este bolivarianismo con ideas positivistas, que se concretaron en la doctrina del denominado «cesarismo democrático».

El cesarismo democrático fue una ideología desarrollada por Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936), entre otros intelectuales gomecistas^[2]. Este historiador venezolano sostuvo que la sociedad que resultó del mestizaje de la época colonial y de la guerra con España era atrasada, fanática y anárquica, incapaz de ser gobernada por principios constitucionales o democráticos. Su hijo, Laureano Vallenilla-Lanz Planchart, fue uno de los ideólogos del programa político el Gran Ideal Nacional del general Pérez Jiménez. El hijo continuó el pensamiento de su padre, afirmando también que una democracia era inviable en Venezuela porque el pueblo era inculto y proclive a caer en discursos populistas de charlatanes demagogos (López Portillo, 1986). La sociedad requería, por tanto, a un gendarme necesario al frente del Estado. Los generales Gómez y Pérez Jiménez fueron proyectados por los discursos oficiales como gendarmes necesarios, capaces de traer orden y progreso. Eran hombres fuertes, militares, imprescindibles para desarrollar la modernización del país.

En contraste, el régimen de Maduro, si bien comparte el nacionalismo bolivariano militarista de sus predecesores: el ensalzamiento a la épica, a los valores militares, a creerse descendientes del ejército libertador, difiere de los autoritarismos anteriores en otros aspectos medulares. No hay ideas de su función de llevar el progreso o desarrollo a un país atrasado, aunque, quizás, algunos integrantes de la cúpula militar sigan convencidos de la necesidad del gendarme necesario. El chavismo reconfigura el nacionalismo bolivariano militarista con ideas revolucionarias y antimperialistas. El culto a Bolívar permanece, pero ahora el patricio y héroe no es un liberal del siglo XIX, redirigiendo las energías anárquicas de las masas rebeldes hacia la construcción del orden nacional liberal (Coronil y Skurski, 1991: 297), sino un revolucionario socialista. Tampoco hay ideas de desarrollo o progreso económico, ni repudio al mestizaje. Por lo contrario, la nueva imagen de Bolívar es la de un mestizo de pelo ensortijado, aunque haya sido un mantuano^[3], de ascendencia vasca.

Además del bolivarianismo militarista, otro rasgo distintivo es la proyección de Hugo Chávez, como una figura legitimadora del régimen autocrático tan central como Bolívar. Antes de morir, Chávez ungió a Maduro para continuar su labor refundadora de la nación. Chávez sería un continuador de la gesta inconclusa de Bolívar y es una suerte de reencarnación del héroe. Maduro fue señalado por el líder mesiánico como su sucesor.

La legitimación del régimen chavista madurista también apela a la proyección de un poderoso enemigo externo que necesita ser permanentemente combatido por la Fuerza Armada comandada por Maduro. La causa de todos los problemas económicos, sociales o políticos que sufre Venezuela proviene de EEUU y sus políticas, al percibirse ese país como la potencia imperial del mundo. Este antimperialismo diferencia la autocracia de Maduro de los autoritarismos previos, dejando ver la influencia en este régimen de la ideología revolucionaria cubana de los años sesenta, ideología que marca la formación ideológica de extrema izquierda de algunos de sus mandos civiles, incluyendo al mismo Maduro.

todas las dictaduras venezolanas han hecho uso de las elecciones como fuente de su legitimidad

En el pasado, si bien el general Castro, el primer presidente de la era autoritaria andina, se confrontó también con poderes imperiales en el Caribe de su época (Inglaterra, Alemania e Italia), eso no fue el caso de Gómez, quien reanudó relaciones cordiales con las grandes potencias y buscó una alianza con EEUU, entonces potencia emergente en la región (Delgado, 2005). Gómez se abrió a las transnacionales petroleras, entre ellas las de EEUU, convencido de los beneficios que traería a la nación. Pérez Jiménez, por su parte, temido por el gobierno de EEUU por su nacionalismo antes de asumir el poder, igualmente se volvió un importante aliado de ese país durante la Guerra Fría, gracias tanto a su extremado anticomunismo como por su interés en mantener próspero el negocio petrolero. Incluso fue condecorado en 1954 por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower.

Por último, es importante hacer referencia a las elecciones como fuente de legitimidad. No se trata de elecciones competitivas, pero todas las dictaduras venezolanas han hecho uso de este recurso de legitimación, aunque las modalidades difieren.

En la dictadura de Gómez las elecciones (presidenciales, legislativas y locales) fueron un ejercicio de control autoritario y manipulación. Los partidos políticos de oposición fueron aceptados en los primeros años de su gobierno, pero posteriormente fueron abolidos y los dirigentes opositores fueron duramente perseguidos, siendo encarcelados, forzados al exilio o incluso eliminados físicamente.

En el periodo de Pérez Jiménez, a pesar de que legalmente se contemplaba en la constitución la celebración de elecciones democráticas, lo distintivo fueron los fraudes electorales. El primero ocurrió en 1952 para evitar la elección democrática en las urnas de los integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente^[4]. Adicionalmente, en 1957 tuvo lugar un plebiscito que ratificó en la presidencia al dictador por 5 años más, así como a los candidatos, que integraban su movimiento político, al Congreso nacional, las asambleas legislativas estadales y los concejos municipales, violentando la constitución de 1953, que establecía elecciones libres. Aunque la oposición llamó a no votar en dicho referéndum y, según datos oficiales, los venezolanos aprobaron por una abrumadora mayoría la continuidad de Pérez Jiménez al frente del Ejecutivo y de los otros poderes (86,7% síes frente a 13,3% de noes, del total de votos válidos), poco después, se produjo el levantamiento, primero militar y después civil, que condujo a la huida y derrocamiento del dictador el 23 de enero de 1958.

En el período chavista-madurista el uso de los procesos electorales como fuente de legitimidad ha sido más compleja. A partir de 1999, la realización de elecciones periódicas ha sido considerada fundamental para legitimar el ejercicio del poder, evitar amenazas o peligros de fuerzas internas o externas y, en definitiva, avanzar en la construcción de un modelo sociopolítico alternativo a una democracia capitalista (Alarcón B. e Hidalgo, 2024).

Desde sus inicios a finales de los años noventa, el chavismo se presentó como exponente de una democracia distinta a la representativa, una democracia participativa en la que los ciudadanos tendrían una implicación más continuada en la toma de decisiones (López Maya, 2004). En el marco de este nuevo modelo, se celebraron en el primer gobierno de Chávez numerosas elecciones y varios referendos, que exhibirían diversas irregularidades, poniendo en entredicho algunas de las victorias electorales del chavismo de ese período (Jiménez e Hidalgo, 2014). A partir de 2005, el modelo participativo se cambió por otro socialista (Socialismo del Siglo XXI) que, si bien se vendió como inédito y novedoso, terminó siendo más bien el caduco soviético-cubano. Las elecciones siguieron, y se hicieron aún más injustas y manipuladas por el poder.

Con Maduro, se perdió casi todo rasgo de competitividad electoral. La dosis de competencia está condicionada a las perspectivas de triunfo, esto es, a peores expectativas mayores restricciones a la participación de las fuerzas opositoras en procesos electorales. Se han registrado numerosos problemas de integridad electoral y, en ocasiones, han sido palmariamente fraudulentos (Jiménez, Hidalgo y Klimet, 2017; Corrales, 2020; Alarcón B. e Hidalgo, 2023). Un claro ejemplo de esto último es lo sucedido en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el abrumador triunfo de la oposición (67% frente a 30%), de acuerdo con las copias del 85,18%, de las actas divulgadas por esta^[5] fue desconocido por el chavismo-madurismo, que se atribuyó la victoria con el 51,95% de los votos sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la fecha de terminar este trabajo haya publicado los detalles de los resultados electorales por centro y mesa de votación, como fue rutinario en elecciones previas. Para cometer este fraude, el gobierno se valió del control que tiene sobre el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como del apoyo de la alta cúpula militar y distintos cuerpos de seguridad. Este proceder desencadenó una continua turbulencia política, que mermó su legitimidad y contribuyó a los acontecimientos del 3 de enero de 2026, que describiremos más adelante.

Las relaciones del Ejecutivo con otros poderes públicos

En regímenes autoritarios no existe real separación e independencia de los poderes públicos. Quien ha ejercido la Presidencia controla los otros poderes, aunque las constituciones digan lo contrario. El caso del nuevo autoritarismo de Maduro tiene algunas diferencias con la forma y los procedimientos de Gómez y Pérez Jiménez. Primero, porque el control ha sido gradual y antecede al dictador, que, si bien lo profundiza, había hallado muy avanzado ese proceso por las prácticas de los gobiernos de Chávez. La otra novedad ha sido el uso de estructuras paralelas a las estatales-constitucionales o legales. A continuación, analizamos cómo han sido esas relaciones en los tres casos.

• La subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo

En el siglo XIX, el Poder Judicial de Venezuela fue débil y como el poder lo detentaban los caudillos, no se esperaba de los jueces independencia frente a ellos (Pérez Perdomo, 1993). Pero, por otra parte, como los caudillos necesitaban constituciones, leyes, sentencias y códigos para revestir sus actos de legalidad, buscaron el conocimiento y la inteligencia de juristas, pero eso no significaba que estuvieran sometidos a la regularidad del derecho (Pérez Perdomo, 2014).

Con los regímenes autoritarios de Castro y Gómez la situación fue cambiando. Lo que se dio en la práctica con Gómez fue una especie de «sistema de justicia dual» (Pérez Perdomo, 2024). Por una parte, había una justicia formal, que funcionó con creciente profesionalización e independencia. El general lo llamaba la «justicia de los doctores»; por otro lado, operaba otro sistema, que podría llamarse la «justicia del tirano», para los casos políticos, donde los jueces no intervenían, sino que miraban para otro lado, y las decisiones las tomaba personalmente el dictador. Gómez manejaba todo lo relativo a los opositores y presos políticos, haciendo uso del terror a través de su brazo represor conocido como La Sagrada, un cuerpo de oficiales y soldados de origen tachirense -como Gómez- que le eran absolutamente leales (Pérez Perdomo, 2007).

Durante el autoritarismo liderado por Pérez Jiménez también operó este sistema de justicia dual: cuando se trataba de asuntos políticos los jueces no interferían, cualquier problema político era dirigido ahora a la Seguridad Nacional, el órgano de inteligencia policial creado por la Junta Militar en 1948 y que actuó esos años como el brazo represor primero de la Junta, y luego de la dictadura (Pérez Perdomo, 2016). Por otra parte, continuó la profesionalización de la justicia ordinaria dentro del objetivo de seguir modernizando las estructuras del Estado. Los nombramientos de los jueces ordinarios, como cuando Gómez, también salían de listas del Ministerio de Justicia.

El régimen de Maduro, como los viejos autoritarismos, también ha ejercido un férreo control sobre el Judicial. Pero, tiene diferencias con la forma y los procedimientos anteriores. El esquema actual de subordinación no incluye una justicia dual. Al contrario, la profesionalización, autonomía e independencia de los jueces se ha debilitado, pues son los criterios de lealtad a la revolución y a su líder los que prevalecen sobre cualquier otro requisito, como corresponde a un Estado autoritario de naturaleza patrimonial y crecientemente sultanístico (López Maya, 2021). Los presos políticos son llevados ante los tribunales ordinarios y militares y se practica una justicia amañada tanto en lo ordinario como en lo político. Aunque hubo concursos para competir por los cargos de jueces al inicio del primer gobierno de Chávez, eso nunca más ocurrió (Pérez Perdomo, 2016), la gran mayoría son provisionales, muy dependientes del control ejercido por el órgano superior, el TSJ (Comisión Internacional de Juristas, 2021). También se publicitó una «revolución judicial» y se acometieron innovaciones y cambios, pero todo ello fracasó, porque no estaba dirigido a fortalecer el Poder Judicial, sino a debilitarlo, para realizar una revolución política (Louza Scoramiglio, 2011).

EL autoritarismo reciente de Venezuela en este aspecto es similar a otros populismos autoritarios, pues en el marco de la reorganización de todos los poderes públicos, en los inicios de la etapa chavista, fue particularmente relevante la intervención del Poder Judicial (Levitsky y Ziblatt, 2018). Reformas legales, política de nombramientos y distintas prácticas ajenas en muchos casos a la Constitución y las leyes han sido esenciales en el tiempo (Brewer-Carías, 2010). Destaca, por ejemplo, la cooptación del máximo órgano judicial prácticamente desde el inicio de la era chavista, y en particular a partir de la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004, que permitió ampliar su composición. Gracias a su mayoría en la AN, el chavismo maniobró para copar con fieles dicho órgano, circunstancia que se agravó con el tiempo. La mayoría obtenida en la AN entre 2000 y 2015 por fuerzas oficialistas le permitió reformas en el TSJ para garantizarse el control, irrespetando procedimientos establecidos en la Constitución de 1999 y obviándose en muchos casos los perfiles requeridos. Con Maduro en el poder, la instrumentalización y politización se ha incrementado debido a las necesidades del régimen ante su creciente autocratización.

Un par de ejemplos sirven para ilustrar. Tras la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015, el TSJ jugó un papel clave para quitar la mayoría calificada a la oposición, ordenando la “desproclamación” de los diputados electos del estado Amazonas, y el diputado del circuito indígena sur, todos indígenas y de partidos de oposición. Al rechazar la AN dicha sentencia, argumentando su improcedencia bajo los dispositivos constitucionales, donde la figura de la “desproclamación” a diputados proclamados es inexistente, la sala constitucional declaró a la AN en “desacato” y procedió a arrogarse sus competencias legislativas (marzo de 2017) (Comisión Internacional de Juristas, 2021). Otro ejemplo destacado ha sido las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, donde la sala electoral del TSJ ratificó el triunfo de Maduro, sin que el CNE terminara los cómputos, ni mostrara las, obligadas por ley, actas que daban ese triunfo. El fraude fue puesto al descubierto pocas horas después por la Plataforma Unitaria Democrática, alimentando una crisis político institucional que contribuyó a llevar al país a los sucesos del 3 de enero, cuando EEUU intervino militarmente para capturar a Maduro y llevarlo a una cárcel de ese país bajo acusaciones de narcoterrorista.

• Poder Legislativo             

Durante el siglo XIX el Congreso tuvo una vida irregular y un desarrollo escaso. La situación no varió durante el periodo autoritario andino. Si bien algunos parlamentarios se atrevieron a plantear problemas e ideas sobre el país para resolverlos, las discusiones principales giraron en torno a materias administrativas. Prevalecía la voluntad política del caudillo (jefe) (Briceño-Iragorry, 1985).

Durante el período de Gómez, el Legislativo siguió sujeto a la voluntad del caudillo. Votaban para el Congreso hombres mayores de 21 años que supiera leer y escribir en las elecciones a diputados en una sociedad rural y mayoritariamente analfabeta. En las haciendas se hacían «planas» para aprender a firmar el nombre propio y el nombre del candidato del gobierno (Aveledo, 2024). Las listas de candidatos las elaboraban las asambleas de municipalidades consultando al dictador. Las asambleas legislativas estadales preparaban la lista de senadores, que escogían del seno de dichas asambleas. Para esta época, comenzó a fortalecerse el Estado por el ingreso fiscal petrolero, creándose el situado constitucional, un ingreso del gobierno central que se distribuía entre los presidentes de los estados (nombrados por Gómez). Esto facilitó el debilitamiento de la independencia de los poderes regionales.

Al caer el presidente Gallegos en 1948, se cerró el Congreso y la Junta Militar gobernó por decreto. Luego del fraude electoral de 1952, ya indicado supra, en enero de 1953 se promulgó un Estatuto Provisorio, para darle un piso legal al gobierno autocrático de Pérez Jiménez, que tendría vigencia hasta 1957. Con este dispositivo, Pérez Jiménez controló hasta el final de su gestión todos los cargos de elección popular, salvo el Legislativo Nacional. Pero, al supervisar los nombramientos de los concejos municipales y asambleas legislativas de los estados, pudo influir directamente en las listas de diputados y senadores de dicho Legislativo. Esto transcurría pese a que de acuerdo con la Constitución de 1953 los diputados se elegían por votación universal, directa y secreta, y los senadores por la correspondiente Asamblea Legislativa en los estados y por el Concejo Municipal en el Distrito Federal (Brewer Carías, 2008: 1365). Por otro lado, en 1957, por terminar el Régimen Provisorio, se estableció un Estatuto Electoral, también llamado Ley del Plebiscito, elaborado para la elección presidencial. Ahí se estableció que la votación se haría sólo con dos tarjetas: una del sí y otra del no, una azul y la otra roja. A la del no se le prohibía hacer propaganda, o cualquier tipo de actividad a favor, dejando un vacío legal sobre qué sucedería si ganaba esa opción contraria a Pérez Jiménez.

En el nuevo autoritarismo de Maduro, también se ha buscado el control del Legislativo, pero ha sido un proceso extendido en el tiempo porque ha necesitado enfrentar más obstáculos que dictadores anteriores, porque la celebración de elecciones periódicas han sido parte del discurso de legitimación del régimen.

Debe subrayarse el legado que recibió Maduro de su antecesor en términos del debilitamiento de la autonomía e independencia de la AN (Brewer Carías, 2010; López Maya, 2016). En esta tendencia no sólo influyó la vocación autoritaria y antiliberal de Chávez. En un contexto fuertemente conflictivo y polarizado, también contribuyeron los cálculos errados realizados por las fuerzas políticas opositoras en los primeros años de su gobierno, cuando no se presentaban a los procesos, argumentando que el gobierno cometería un fraude. Eso le permitió, por ejemplo, al chavismo el control absoluto del parlamento durante el periodo 2006-2011.

Gracias a ese control sobre la AN, se aprobaron en esos años leyes habilitantes de amplio alcance, dirigidas a debilitar principios, valores e instituciones de la democracia representativa. Esto facilitó que el presidente gobernara, en definitiva, sin contrapesos legislativos. Asimismo, se aprobó en la AN del segundo período de Chávez someter a referendo un proyecto de reforma constitucional, que sentaría las bases de una democracia revolucionaria. En ese referendo el proyecto fue rechazado por estrecho margen. Además, una reforma electoral de 2009, redujo drásticamente el principio constitucional de la representación proporcional, transformado el sistema en uno cuasi-mayoritario. Finalmente, Chávez logró durante su segunda presidencia que se aprobara sin mayor consulta un conjunto de leyes “socialistas”, que tenían como objetivo crear las bases de un nuevo Estado, el Estado Comunal, que se superpondría en un primer momento a las instituciones de la democracia representativa contempladas en la Constitución, para hacerlas eventualmente irrelevantes (López Maya, 2016). El Estado Comunal carecería del concepto liberal de un Legislativo independiente del Ejecutivo.

Al asumir el poder Maduro, se profundizó la tendencia. Aunque para el periodo 2011-2016 el partido de gobierno obtuvo la mayoría absoluta, ello resultaba insuficiente para aprobar determinadas leyes o realizar ciertos nombramientos. De ahí que, el gobierno recurriese a diversos mecanismos como la obstrucción de procedimientos parlamentarios, la destitución de cargos directivos, apertura de expedientes a representantes opositores, todo ello con el fin de doblegar a la oposición y favorecer la labor del Ejecutivo. Consiguió sus objetivos. De hecho, la AN aprobó una Ley Habilitante en 2013, que le otorgó una amplia delegación de la función legislativa al presidente (posteriormente aprobaría otra en 2015). En ese sentido, Maduro siguió a Chávez, quien había logrado que la AN le aprobase leyes habilitantes muy amplias en cuatro ocasiones (1999, 2000, 2007 y 2010).

Por otro lado, tras el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas de 2015, el gobierno de Maduro, con apoyo del TSJ, desarrolló un plan para anular las funciones de la AN. Fue particularmente conflictiva la creación inconstitucional de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017, que funcionó por tres años, y que lejos de dedicarse a la redacción de una nueva constitución se convirtió en un órgano legislativo de facto. Esa ANC convocó a elecciones presidenciales adelantadas en 2018 donde, sin la participación de las principales fuerzas políticas opositoras, el CNE dio como ganador a Maduro. Esta elección fue considerada por la oposición política y la comunidad democrática internacional como fraudulenta.

Debido a ello, la AN designó siguiendo lo pautado en la Constitución, a su presidente de 2019, el diputado Juan Guaidó, como presidente provisional de Venezuela hasta tanto se dieran unas elecciones ajustadas a derecho. Luego, creó un Gobierno Interino, que operó hasta enero de 2023. Eso dio lugar a una situación institucional crítica, al tener Venezuela durante los años siguientes, dos legislativos, dos ejecutivos, e incluso un TSJ en el país y otro en el exilio.

En esta álgida confrontación política, Maduro logró reconcentrar más el poder, decretando en marzo de 2016 un estado de emergencia económica, decreto prorrogado numerosas veces. En 2020, Maduro decretó, además, un «estado de alarma» para combatir la pandemia del Covid-19, ordenando a los militares a ponerse al frente de las medidas y restringiendo aún más derechos durante un largo periodo de tiempo (López Maya, 2020). Todo ello, con el respaldo del TSJ.

Por otra parte, la dictadura se ha movido a lo largo de estos años para crear una suerte de oposición leal ajustada a sus necesidades, por medio de diversas manipulaciones realizadas en la esfera electoral, entre ellas las inhabilitaciones políticas de candidatos (por vía administrativa) o las intervenciones judiciales de partidos políticos opositores. También ha venido cooptando líderes de fuerzas opositoras utilizando mecanismos clientelares para instituir o fortalecer determinados liderazgos y grupos políticos sobre otros (Alarcón B. e Hidalgo, 2023). Ello se pudo observar, por ejemplo, en los comicios parlamentarios de 2020 que, boicoteados por la oposición mayoritaria, otros grupos minoritarios encontraron acomodo político-institucional con diversos apoyos del gobierno. El resultado fue que, de los 277 escaños en disputa, la coalición de fuerzas chavistas liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se hizo con 256, siendo desde entonces la AN un mero apéndice instrumental del poder Ejecutivo.

• Otros poderes

A diferencia de las dictaduras previas, el régimen de Maduro se rige por la Constitución de 1999, que contempla otros poderes independientes, que, sin embargo, también ha alineado con el proyecto político en curso. Por un lado, el denominado Poder Ciudadano, que es ejercido por el Consejo Moral Republicano, y está integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General, quienes son nombrados por la AN. Sólo en 2017 se abrió un impasse con la entonces Fiscal General por sus desavenencias con el Ejecutivo con motivo de la ya señalada asunción de las funciones legislativas por el TSJ, considerado por la fiscal como una “ruptura del hilo constitucional”. La fiscal acabó siendo destituida y en el exilio.

Esta también el Poder Electoral ejercido por el CNE, que es también nombrado por la AN. La mayoría de sus cinco miembros se han plegado siempre a las directrices provenientes del Ejecutivo, adoptando decisiones favorables al oficialismo y validando no sólo irregularidades de distinto alcance que han afectado a la integridad de los procesos electorales sino flagrantes fraudes, como el ocurrido en julio de 2024.

Adicionalmente, el Gobierno central madurista se ha fortalecido recurriendo a otras herramientas, como el establecimiento de una suerte de gobiernos paralelos, cuando algunos resultados electorales les han sido adversos. Comenzó con Chávez en 2009, con la creación de la Autoridad Única en el Distrito Capital, y continuó con Maduro en 2013 con el establecimiento de CorpoMiranda en la entidad federal de Miranda. Esta figura extra constitucional ha continuado desde entonces con el nombramiento de «protectores» en estados en los que la oposición ganó gobernaciones entre 2013 y 2018.

Además del desmantelamiento del proceso descentralizador existente en la Constitución de 1999, en la era chavista madurista, el Ejecutivo ha impulsado medidas para construir un inconstitucional Estado Comunal. En el contexto del estímulo de una democracia participativa y protagónica, a partir de los años 2006-2007 se incentivó la creación de consejos comunales en las comunidades (Smilde y Hellinger, 2011). No obstante, estos acabaron siendo instrumentos de poder al servicio del gobierno nacional, que controla los recursos destinados a dichos consejos y sus agrupaciones (las comunas). El Estado Comunal, en el marco del modelo socialista, no fue concebido para ser portador de más democracia sino de menos, y también de mayor centralización del poder político (López Maya, 2021).

Relaciones civiles y militares

Las relaciones cívico-militares son diferentes en estos tres autoritarismos atendiendo a cuestiones como el rol de las FF.AA. en el sistema político, su orientación, funciones, organización, beneficios y privilegios. En lo que sigue caracterizaremos estas relaciones enfatizando sus discontinuidades.

• El general Gómez: la subordinación de lo civil y militar al jefe

Gómez eliminó a los caudillos militares y civiles de los viejos partidos en el contexto de la formación del Estado nacional, continuando la labor de Cipriano Castro en la formación de un ejército nacional y su profesionalización, que fue el fundamento de su poder político.

Proveniente del estado andino de Táchira, imprimió un fuerte carácter regional a la organización militar ya que se rodeó de personal procedente de la zona andina gracias a lazos familiares, de confianza y amistad. El autoritarismo de Gómez se sustentó alrededor de la tríada Jefe-ejército-administración, en la que el Jefe tomaba todas las decisiones clave (Velásquez, 1976). De ahí que las relaciones cívico-militares estuviesen condicionadas por su poder total y tiránico, revestido de cierto ropaje liberal en lo político en los inicios de su largo dominio. Conviene recordar que, si bien Gómez no siempre ejerció formalmente la presidencia de la República, mantuvo hasta su muerte en 1935 el puesto de Comandante en Jefe del Ejército. 

• Pérez Jiménez: la subordinación de lo civil a un proyecto militar

Después del período de la Junta Militar (1948-1952), el sector más militarista, encabezado por Pérez Jiménez acabó imponiéndose, y se vino la dictadura. Pero, a diferencia de Gómez, se institucionalizó más bien un régimen personalista semejante en algunos aspectos a los autoritarismos tecnocráticos posteriores en el Cono Sur y Brasil (Collier, 1980). En este periodo, los civiles jugaron un rol subordinado a la institución castrense. Oficialmente, la ideología del Nuevo Ideal Nacional proveyó los fundamentos de la modernización venezolana, que le aseguró al dictador apoyos civiles y militares, mediatizados en muchos casos por relaciones clientelares que se vieron favorecidas por el modelo desarrollista. La idea de los militares entonces fue construir un país potencia regional en el Caribe, poderoso, cuyo eje central sería la industria militar como parte de la identidad militar y nacional (Sucre Heredia, 2007).

En lo organizativo, prosiguió la profesionalización iniciada con Castro y Gómez, otorgándole ciertas ventajas de diverso tipo a sus integrantes (Trinkunas, 2011). Asimismo, algunos militares altamente capacitados desempeñaron tareas de administración y gobierno (por ejemplo, como gobernadores o dirigiendo empresas estatales) (Trinkunas, 2011; Norden, 2021). Y, como con Gómez, las relaciones personales también fueron fundamentales en los nombramientos dentro de las FFAA. Para contrarrestar el poder de otros militares y hacer frente a posibles riesgos provenientes de dicha institución o de otros actores, Pérez Jiménez se sirvió de la Seguridad Nacional, una institución centrada en funciones de inteligencia policial, que acabó siendo fuertemente represiva. Y aunque eficaz en infundir temor, coaccionar y ejercer control durante años, no pudo impedir el alzamiento militar de inicios de enero de 1958, que daría soporte al descontento popular en contra de la dictadura y conduciría a la huida de Pérez Jiménez y el comienzo del proceso democratizador el 23 de enero (Levine, 1973). 

• Maduro: un pueblo armado subordinado al jefe

En el autoritarismo de Maduro, la identidad y los objetivos de las FF.AA. teóricamente han mutado a una concepción revolucionaria. Inicialmente, con Chávez, se buscó construir lo que dijo llamarse una alianza cívico militar para compartir el poder, pero ya en 2007, con el Socialismo del siglo XXI, lo cívico se fue fusionando con lo militar en una noción Jefe-pueblo, donde el pueblo es un pueblo armado al servicio de la revolución y su partido. El partido, por su parte, está controlado por el presidente de la República, quien es también el comandante en Jefe de la FF.AA.. La tendencia pretoriana de esta concepción se fue profundizando debido, primero, al fuerte carisma y personalismo que Chávez imprimió a la presidencia, donde incluso se impulsó un culto a su personalidad. Posteriormente, se han hecho con poco éxito esfuerzos estatales por consolidar también el culto a Maduro (López Maya, 2019).

Conviene subrayar que, a diferencia del perezjimenismo, el control de lo militar se busca principalmente en el elemento ideológico, y la sujeción es, por tanto, subjetiva al hacer a los militares partícipes, y hasta protagonistas, del proyecto revolucionario (Huntington, 1968). 

En esta identidad revolucionaria militar, junto a Simón Bolívar y los próceres, se incluyó a Chávez, como ya se señaló, en rango de igualdad con El Libertador en su lucha contra el imperio, antes español y ahora de EE.UU.. Se trata de una narrativa estratégica, que incorpora la idea de la guerra popular prolongada -al estilo de la China de Mao Zedong y la guerra de Ho Chi Minh en Vietnam- como norte del ejército frente a las amenazas internas y externas, debiendo todos (el pueblo) participar en la que ahora se define como una “defensa integral” de la patria, esto es, la defensa de la revolución, que es la nueva independencia (San Miguel, 2020). Esto es muy distinto a los planteamientos de los autoritarismos previos, que preparaban a las FF.AA. para una guerra convencional.

En el autoritarismo del chavismo-madurismo, a partir de la concepción revolucionaria, se ha optado por fortalecer el poder militar dentro de un esquema que fusiona lo militar con lo civil, incorporando grupos civiles armados no profesionales, y haciendo participar al pueblo llano en la defensa nacional con la creación por Chávez en 2008 de una Milicia Nacional Bolivariana. Todo esto es de influencia cubana. Parte de esta nueva noción militar es el acercamiento, también estratégico, a China, Rusia e Irán, países que dan apoyos técnicos y formativos, y han sido proveedores de armamento^[6].

Observamos entonces una ruptura estructural en la concepción y roles de la institución militar con el pasado. En este sentido el régimen de Maduro y el de Gómez son afines, pues han conllevado una transformación profunda de las relaciones militares entre Estado y sociedad (Ramos Pismataro y Otálvaro, 2008). En la Constitución de 1961, impulsada por los partidos que crearon el orden democrático en 1958, las FF.AA. eran consideradas una “institución apolítica, obediente y no deliberante” (art. 132). Pero en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, a los militares se les considera profesionales sin “militancia política”, que se encargan de la defensa de la nación, pero juegan también un rol activo en el desarrollo nacional (art. 328). Por otra parte, en el marco del reforzamiento de los poderes del Ejecutivo, la CRBV de 1999 también estableció que el Presidente es quien realiza los nombramientos de los oficiales (a partir del cargo de coronel o capitán de navío) (art. 236, numeral 6) – nombramientos que en 1961 eran potestad del Poder Legislativo.

La nueva concepción constitucional de la FFAA se ha desarrollado en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) de 2005, ampliada desde entonces a través de distintas reformas. Destaca en ella una reestructuración a fondo del sector con la creación de dos cuerpos especiales: la Reserva Nacional y la Guardia Territorial, esta última inspirada en la experiencia cubana. Se ha dividido también la cadena de mandos en dos: una que ejerce directamente el Presidente como Comandante en Jefe, que es la Línea de Mando Operacional, dirigida a las actividades de conducción de operaciones o empleo de la FF.AA., y la otra, la Línea de Mando Funcional o Administrativa, que se ocupa de actividades de adiestramiento y administración y la ejerce el Presidente a través del Ministro de la Defensa. Esto sería parte del concepto “fusión” cívico-militar.

Esta FF.AA., que ya en desde la primera reforma de la LOFAN recibió el nombre de Bolivariana (FANB), devino en una organización partidizada y fuertemente desinstitucionalizada. Por otra parte, como Maduro no ha tenido la influencia, que por su liderazgo y condición militar tuvo Chávez, ha hecho mayores concesiones de poder y privilegios al sector castrense. Por ejemplo, ha incorporado un mayor número de militares en el gabinete ministerial. En marzo de 2023 un 42,42% de los ministerios estaban ocupados por militares (14 de 33 ministros), frente al 22% al inicio de su mandato en 2013 (Control Ciudadano, 2023). Si bien se han producido oscilaciones en el tiempo, los militares han ocupado más puestos políticos destacados en momentos críticos que cuando Chávez.

Miembros de esta institución también ocupan posiciones clave en empresas básicas del estado y manejan decenas de empresas, entre las cuales destaca la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y Gasíferas (CAMIMPEG), que desarrolla actividades en áreas económicas estratégicas del país como el petróleo y la minería de la “zona especial” del Arco Minero del Orinoco (Transparencia Venezuela, 2021). El peso del estamento militar en distintos ámbitos políticos, estatales, económicos y sociales (por ejemplo, en la distribución de alimentos) ha llevado a algunos a considerar que estamos ante una coalición militar-civil, pero se trata más bien, como ya señalamos, de una fusión.

El poder otorgado a los militares ha venido acompañado del desarrollo de mecanismos de vigilancia, de contrapeso y de defensa de la revolución. Así, en el seno de la institución militar se cuenta con la poderosa Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que recibe asesoría cubana, y que rinde cuentas al Presidente. Además, el régimen se apoya en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (SEBIN), dependiente de la Vicepresidencia de la República. Y tiene el apoyo de otros organismos como la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE), que realiza labores de inteligencia policial y que sustituyó a las controvertidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). En años recientes, los niveles de hostigamiento, de represión y, en suma, la severa violación de derechos humanos, tanto a civiles como a militares, no se entiende sin el papel desempeñado por estas instituciones.

A ellas debe sumarse en la concepción de pueblo armado, la presencia de “paramilitares” (los denominados colectivos) que coordinan acciones con los cuerpos policiales y militares en la defensa del gobierno de Maduro, colaborando en la represión de manifestaciones pacíficas y creando atmósferas de terror y violencia. Participan incluso en desfiles militares y actos públicos. También juega su papel la Milicia Nacional Bolivariana (MNB). Según cifras oficiales el número de milicianos hacia 2020 superaba los cuatro millones de ciudadanos. Sin embargo, desde el punto de vista de su formación y entrenamiento como combatientes, se calcula en veinte mil personas aproximadamente (San Miguel, 2020: 53).

En los últimos años de Maduro, las necesidades represivas del gobierno y una creciente desconfianza hacia la FF.AA., condujeron a éste a valorar a la policía como un apoyo crucial. Maduro vendió este nuevo esquema como una “unión cívico-militar-policial perfecta”. Ejemplo fue la acción represiva emprendida tras las protestas civiles desatadas a partir de la sospecha del fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 (Human Rights Watch, 2024). Cuerpos de la PNB y colectivos en coordinación con ellos reprimieron de modo inusitado a la población en las horas siguientes a la declaración oficial dada por el CNE, del triunfo de Nicolás Maduro. Entre esa fecha y diciembre de 2024, la ONG Foro Penal registró una cifra de 28 fallecidos (incluido un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana), y se produjeron alrededor de 2.400 detenciones (Foro Penal, 2024)[7].

Entorno internacional

El contexto internacional y su juego de alianzas favorecieron la continuidad de las dictaduras de antaño y sostuvo la del nuevo autoritarismo hasta 2026. Los tres autócratas supieron jugar sus cartas para preservar el poder. Pero, mientras que Gómez y Pérez Jiménez buscaron entendimientos con la potencia dominante en la región, EEUU, Maduro, siguiendo lo iniciado por Chávez, se opuso a ella, para defender un proyecto adverso al “orden” mundial liberal, aliándose con países que se encuentran buscando un sistema internacional alternativo.

Gómez llegó al poder respaldado por EEUU y empresas internacionales, actores que se beneficiaron enormemente de su gestión hasta su muerte. A diferencia de su antecesor Castro, quien mantuvo enfrentamientos con potencias extranjeras y acreedores, Gómez honró las obligaciones financieras contraídas por el país. Al efecto, fue fundamental el orden que impuso en las finanzas nacionales y las rentas que el Estado obtuvo de las inversiones extranjeras, en particular de las concesiones a compañías como la Royal Dutch Shell y la Standard Oil. La explotación petrolera a partir de 1914 se convirtió en una creciente fuente de ingresos fiscales, que contribuyó terminar de pagar la deuda nacional para el año 1930, así como al financiamiento del incipiente Estado moderno, la provisión de ciertos servicios a la población y el sostenimiento de redes particularistas de apoyo (Ewell, 1984, Guerra, 2020).

La vigencia de la Doctrina Monroe (y el Corolario Roosevelt) permitió a EE.UU. tener a Venezuela bajo su esfera de influencia y a la vez mantener alejados de las costas venezolanas a las potencias de Europa. El desarrollo de la industria petrolera en la siguiente década no hizo sino acrecentar los vínculos entre ambos países, en desmedro de las concesiones inglesas. Gómez trató también de preservar buenas relaciones con países limítrofes. Además, sostuvo una postura neutral durante la I Guerra Mundial, a pesar de las presiones de Washington. Tal posición no fue óbice para que, finalizada la Gran Guerra, Venezuela ingresara en la Sociedad de Naciones.

El respaldo de EE.UU. prosiguió durante el periodo de Pérez Jiménez, dictador en clara sintonía ideológica con dicho país, para entonces hegemónico en el Hemisferio Occidental. En el contexto de la Guerra Fría, la administración de Dwight Eisenhower apoyó regímenes de fuerza en América Latina en el entendido que garantizaban mejor sus intereses. En el caso de Venezuela se sumaban además su posición geográfica y recursos naturales, en particular su petróleo (Huntington 1968, Levine, 1989).

La colaboración estadounidense en distintos ámbitos (político, seguridad, económico, etc.) favoreció el proyecto modernizador perezjimenista del Nuevo Ideal Nacional, a la vez que reforzó la relación de subordinación con EE.UU.. Con todo, el estrechamiento de vínculos entre ambos países fue de la mano del despliegue de una estrategia por el gobierno venezolano de alcance limitado, para no aceptar incondicionalmente las restricciones impuestas por EE.UU. a las importaciones de petróleo, y procurar cierta autonomía en algunos temas como el comercial, la cooperación, suministros de armamentos, y en lo tocante a la agenda latinoamericana (por ejemplo, en la proyección hacia Centroamérica y el Caribe) (Vivas Gallardo, 1999). 

El contexto externo en el que operó el nuevo autoritarismo venezolano ha sido muy diferente. El orden liberal mundial posterior a la II Guerra Mundial atraviesa una crisis en las últimas décadas (Ikenberry, 2018) en la que la democracia ha retrocedido, en particular en los últimos diez años (V-Dem, 2023). Por otra parte, América Latina ha estado sujeta a una creciente influencia de diversos actores regionales y extrarregionales, y no ha contado con eficaces mecanismos de resolución de crisis, ni con los consensos necesarios para preservar las democracias liberales. De todo ello aprovechó el dictador Maduro para perdurar en el poder.

La política de alianzas internacionales de Maduro bebió en las fuentes de su antecesor en el cargo, Hugo Chávez, quien a partir de 1999 inició una política exterior orientada por el antimperialismo de impronta cubana, la apuesta por un mundo multipolar y la “exportación” de la denominada Revolución Bolivariana. Para ello, las élites chavistas hicieron uso del elevado ingreso petrolero recibido durante la etapa de Chávez (Romero y Mijares, 2016). El intento por implantar un modelo político antiliberal, de corte socialista, no sólo modificó las relaciones venezolano-estadounidenses, dominadas ahora por las tensiones y los conflictos, sino que favoreció el estrechamiento de lazos con Cuba, China y Rusia.

Debido a la autocratización del régimen de Maduro, el primer gobierno de Trump impuso sanciones económicas y financieras como mecanismo de “máxima presión” desde 2017. Otros actores, como la Unión Europea, también adoptaron sanciones a partir de noviembre de ese año, con el fin de inducir un cambio democrático de gobierno. Además, los estadounidenses recurrieron sin éxito a otros instrumentos, como el involucramiento en operaciones extra constitucionales con diversos grupos venezolanos para desplazar a Maduro del poder. El fracaso de tales acciones hizo que el gobierno de Joe Biden (2021-2025) flexibilizara las sanciones en 2023, con la intención de que se celebraran elecciones presidenciales libres en Venezuela en 2024, algo que finalmente no sucedió.

La nueva presidencia de Trump cambió radicalmente esa política de flexibilización y preparó en 2025 una estrategia de despliegue militar en el Caribe como instrumento de presión, que comenzó en septiembre de ese año, y terminó con la operación Absolute Resolve, de captura de Maduro y Cilia Flores en enero de 2026, bajo acusaciones de ser narcoterroristas. Maduro y Flores fueron llevados a un centro de detención en la ciudad de Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo, introducción de cocaína a EEUU y conspiración para usar armas.

Aunque existieron en estos años espacios de diálogo y cooperación, la relación con EEUU fue principalmente de confrontación. Para enfrentar a ese país y a acciones de otros países defensores del orden liberal, Maduro procuró diversificar y reforzar sus alianzas con regímenes no democráticos o híbridos. A los ya indicados, sumó a Irán y Turquía, entre otros. En las relaciones se entremezclaban, aunque no por igual en todos los casos, intereses económicos, con ideológicos, y estratégicos (Boersner Herrera, 2022; Mijares, 2025).

En América Latina los apoyos al gobierno de Maduro se fueron reduciendo drásticamente, por la deriva autoritaria del régimen y la violación de derechos humanos, a lo que se sumó la imposibilidad de tejer alianzas alimentadas por el petróleo como en el pasado con Chávez. Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el régimen quedó más aislado que nunca, pues sólo países como Bolivia, Nicaragua, Honduras o Cuba reconocieron el fraudulento triunfo de Maduro. El importante apoyo de los cubanos en áreas críticas como inteligencia y seguridad se mantuvo, y la diversidad de situaciones políticas, intereses de gobiernos y, en definitiva, la fragmentación de fuerzas existentes en la región, también pareció garantizar durante los meses siguientes la permanencia de su gobierno. En dirección opuesta, Brasil después del fraude electoral se opuso al ingreso de Venezuela en los BRICS, bloque que podía facilitarle el uso de diferentes mecanismos financieros a cambio del acceso a sus materias primas (Álvarez R., 2024). El rechazo obedeció a la pérdida de confianza y distanciamiento de ese gobierno, tras un primer momento en el que intentaron mediar, junto con otros países, en la crisis postelectoral venezolana.

A modo de conclusión

El análisis comparativo entre estos tres regímenes ha revelado afinidades entre sí, pero las diferencias ideológicas y los entornos internacionales introducen contrastes notables en algunas de las dimensiones que hemos revisado.

Todos comparten como piso común de legitimidad el culto a Bolívar, pero en el caso del autoritarismo de Maduro es menos pronunciado, dado que El Libertador comparte su lugar con Hugo Chávez, quien si bien aparece como cuasi-reencarnación del héroe pasado, es también la figura que forja una nueva independencia al fundar la patria socialista. Chávez, antes de su muerte, designó a Maduro para sucederle, en consonancia con una típica legitimación de tipo tradicional (Weber, 1922). Por otra parte, los regímenes de Gómez y Pérez Jiménez sustentaron una propuesta económicamente liberal y modernizadora. En contraste, el proyecto socialista del chavismo que aparece con Maduro se fue desdibujado por una estrategia económica de sobrevivencia en el poder, que lo llevó a un drástico conjunto de medidas económicos y sociales de corte neoliberal. Esto en medio de un discurso anticapitalista y anti desarrollista. En lo ideológico, los dos primeros regímenes se respaldan en el cesarismo democrático mientras, por el contrario, con el gobierno de Maduro no se trata de un problema de atraso y/o anarquía sociocultural, sino de opresión causada por el imperialismo y sus “lacayos” internos.

En los tres regímenes lo común han sido eventos electorales pero amañados, lo que nos revela la necesidad de alguna legitimación de las dictaduras por esta vía. En ninguno de los casos se guardaban las apariencias de un proceso liberal con garantías justas y equitativas para los candidatos o transparencia en los resultados. Así, en Venezuela, lo electoral como parte de la legalidad autoritaria, no es nada nuevo. Dicho esto, es de reconocer que en el régimen de Maduro este asunto de amañar elecciones alcanzó otra escala, siendo complejo, sofisticado y desfachatado al extremo.

Sobre la independencia de los poderes públicos, también coinciden estas autocracias en desconocer tal principio. Sin embargo, el gobierno de Maduro nos parece el más drástico, al politizar todos los cargos y funciones de desempeño de los otros poderes con el objetivo de garantizar su control sobre todos los hilos del poder y perpetuarse indefinidamente. Como resultado, y en contraste con las dictaduras pasadas, el régimen de Maduro ha revertido la modernización de las estructuras del Estado y su lógica racional-legal, produciendo un aparato altamente condicionado por intereses particulares y extremadamente ineficaz y corrompido. Esto explica el dominio en el Estado de todo tipo de influencias privadas incluyendo las del crimen organizado y sus mafias. En los autoritarismos del pasado el dictador se aseguraba el control de decisiones sobre lo político y los políticos, pero dejaba márgenes para que ámbitos como la justicia ordinaria, o los servicios públicos, se desenvolvieran con criterios profesionales y técnicos.

En cuanto al Legislativo, en los viejos y el nuevo autoritarismo, la deliberación no se consideraba relevante y por tanto fue prácticamente inexistente en los tres. Y las autoridades regionales y municipales, o bien fueron designadas por el Jefe o bien, como hacía Maduro, se permitían elecciones, pero si no ganaba el candidato del gobierno los neutralizaba a través de varias tácticas políticas, judiciales o administrativas, incluyendo inhabilitaciones, acusaciones de corrupción y nombramientos de protectores.

Quizás sean las relaciones cívico-militares la dimensión más contrastante entre los viejos autoritarismos y el actual. La concepción revolucionaria hizo que el régimen de Maduro se distanciara, tanto de nociones como el de la subordinación de lo civil a lo militar que observamos con Pérez Jiménez, como de la alianza cívico-militar pregonada en los primeros años de la era chavista. Tampoco pareciera análoga a la tríada Jefe-Ejército-Administración de Gómez. Se trató más bien de un desdibujamiento de las fronteras de lo civil y lo militar para construir una relación Jefe-Pueblo Armado, donde se colocó al presidente, Maduro, en el vértice superior de ambos como Comandante en Jefe. La contraparte fue un pueblo devenido en sujeto armado.

Dicho esto, lo que constituye hoy la FANB es un mundo de personas con muy disímiles niveles de formación castrense. Se supone que el objetivo de este sector sería preparase para una guerra prolongada a lo Mao Zedong o Ho Chi Minh. Los componentes tradicionales, conformados y desarrollados en el pasado y hoy venidos a menos, conviven con milicias, paramilitares y otros cuerpos. El gobierno los complementó, adicionalmente, con toda una gama de cuerpos policiales y de inteligencia, que le sirvieron no solo para la represión interna, sino también para vigilancia sobre la institución armada.

Es opaca la información sobre cómo funciona en muchos aspectos este sector clave del Estado venezolano, que por tantos años fue el sostén principal del régimen. Sin embargo, la evidencia de los privilegios y prebendas ha estado a la vista en las numerosas demandas que se procesan en el exterior sobre enriquecimientos ilícitos y desfalcos a entidades públicas venezolanas. Lo mismo aplica para las flagrantes violaciones de DD.HH.. De allí que, la desinstitucionalización del sector, su corrupción y fragmentación organizacional puso en entredicho su capacidad de defender un Estado de derecho o la soberanía popular, siendo más bien un instrumento al servicio de las familias civiles y militares en el poder. Esto quedó demostrado en la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando el sector prácticamente quedó paralizado ante el operativo de EEUU, no tuvo capacidad alguna de reaccionar.

Finalmente, en términos de sus alineaciones internacionales, no pudo ser más distinta al pasado. Su eje principal fue el antiimperialismo, con el país, EE.UU., cuyos lazos con Venezuela fueron en el pasado muy estrechos, en virtud del negocio petrolero. Este cambio comenzó con Chávez, pero con Maduro se fue profundizando, alineando el país con otros de fisonomía autocrática, o con esta vocación, que vienen conformando un bloque que lideriza China e incluye Rusia e Irán, y en América Latina Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Este recorrido analítico ha puesto de relieve cómo, al igual que el largo régimen autocrático de Gómez, el régimen de Maduro y a diferencia de Pérez Jiménez, transformó la sociedad y el Estado Venezolano de manera estructural. En el mundo fluido e incierto de estas últimas décadas, el chavismo y el gobierno de Maduro supieron aprovechar las oportunidades que les brindaron organismos internacionales débiles, e intereses geopolíticos que aprovechaban tendencias antidemocráticas para consolidarse en el poder. No estuvo, sin embargo, claro, cuál era la propuesta de futuro que Maduro estaba ofreciendo a los venezolanos, que a lo largo de estos años vieron retroceder los logros de la modernidad obtenida en el siglo XX y quedaron subsumidos en una crisis humanitaria compleja, que la dictadura no quiso o supo atender.

©Trópico Absoluto

Notas

[1] Se conoce como una ruptura populista un proceso de quiebre de las relaciones establecidas entre Estado y sociedad por la emergencia de un movimiento contestario usualmente liderado por un líder carismático. El líder ofrece un desplazamiento radical del orden y de las elites anteriores, así como un nuevo comienzo de la historia.

^[2] El libro seminal El Cesarismo democrático fue publicado en 1919.

^[3]  Descendiente de los fundadores de la ciudad de Caracas, y como tal, parte de la aristocracia criolla colonial. Sus mujeres eran las únicas que podían usar mantillas en la iglesia, de allí viene mantuanos.

^[4] En las elecciones de 1952 el partido Unión Republicana Democrática (URD) obtuvo la mayoría de los curules (escaños) para la Asamblea Nacional Constituyente encargada de elegir al presidente de la República, pero los resultados fueron desconocidos por la dictadura que acabó forzando al exilio a su líder, Jóvito Villalba.

^[5] https://resultadosconvzla.com/

^[6] https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3130566/venezuela-preparada-guerra-popular-prolongada

[7] Provea, por su parte, calificó esta represión como una de las más registradas en el país desde finales de los años 80 (cuando el Caracazo) (PROVEA, 2025)

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Weber, M. (1922) Economía y sociedad, V.1 y 2. FCE: Bogotá.

Margarita López Maya (New York, 1951) licenciada en historia y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Profesora titular (jubilada) del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV. Su campo de investigación es el proceso socio histórico y sociopolítico contemporáneo de América Latina, particularmente de Venezuela, enfocado en temas como la protesta popular, nuevos partidos, proyectos políticos contra hegemónicos, actores sociales, y temas de coyuntura de la era chavista. Fue presidenta de la Latin American Studies Association LASA (2022-2023). Entre sus publicaciones destacan: Estados Unidos en Venezuela: 1945-1948 (revelaciones de los archivos estadounidenses) (UCV, 1996), Del viernes negro al referendo revocatorio (Alfadil, 2005, 2006), Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI (Grupo Alfa, 2007 y 2009), Democracia participativa en Venezuela. Orígenes, leyes, percepciones y desafíos (Centro Gumilla, 2011). En 2013 la Editorial El Nacional publicó El Estado descomunal. Conversaciones con Margarita López Maya del periodista David González. Su libro más reciente es: Democracia para Venezuela: representativa, participativa o populista? (Grupo Alfa, 2023)