/ Política

Intervención, antiimperialismo y derecho a la alegría

Por | 8 enero 2026

La salida forzada de Nicolás Maduro abre un escenario tan ambivalente como revelador: alivio y celebración para un pueblo devastado, indignación antiimperialista para buena parte de la región. El texto propone una ucronía incómoda: una transición democrática pudo haberse logrado sin intervención extranjera si la soberanía popular hubiese sido defendida con la misma vehemencia que la soberanía estatal. La ausencia de esa voluntad allanó el camino a la imposición estadounidense. Entre incertidumbres y riesgos, queda una certeza: el derecho de los venezolanos a decidir su destino no puede seguir siendo postergado.

Venezolanos concentrados en la Puerta del Sol (Madrid) celebran la caida de Nicolás Maduro

Era la madrugada del 3 de enero, todavía sin siquiera haber terminado las felicitaciones de año nuevo, cuando las imágenes de bombas cayendo sobre Caracas empezaron a inundar primero las redes sociales y luego las portadas de medios internacionales. Estaba pasando eso que muchos temían y otros tantos deseaban: una intervención en Venezuela que diera al traste (aunque no ha sucedido por completo) con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Horas después, con las declaraciones de Donald Trump sobre su extracción hacia Estados Unidos y las afirmaciones sobre el interés proteccionista y extractivista que guio las acciones, la alegría de los venezolanos por el mundo contrasta con la reacción indignada y militante con la que una parte de la opinión pública en América Latina reacciona a las demostraciones unilaterales de fuerza del gobierno actual de los Estados Unidos.

Empezaré por decir que la vía por la que Maduro ha sido extraído de Venezuela no me parece la ideal, por supuesto; de hecho, no conozco a casi nadie que le parezca eso, pero tampoco conozco a nadie que haya estado apostando por lo “ideal” cuando el margen de acción de la sociedad venezolana para elegir lo más deseable era prácticamente nulo. Diré, a la vez, que la alegría de venezolanas y venezolanos que han celebrado hoy por el mundo me parece legítima y que, de hecho, la comparto. Conozco de cerca ese sufrimiento, tan similar al cubano; uno que ha llevado al éxodo masivo, a la imposición del terrorismo de Estado, a la represión generalizada y el descalabro económico.

Sobre la vía para terminar con la dictadura de facto de Nicolás Maduro y sus secuaces, es posible, sin embargo, decir que todavía hasta hace algún tiempo había sin duda una mejor, y quizás no sea inútil contar una ucronía posible de cómo todo pudo haber sido diferente para que ella pueda servir de espejo en el que examinar la interminable recurrencia de los ciclos de negación de los horrores dictatoriales (cuando son “de izquierda”) y su efusivo epílogo antiimperialista cuando Estados Unidos entra en el escenario.

En esa ucronía, el fraude cometido por Maduro en julio de 2024 era reconocido inmediatamente como tal, como era reconocido el movimiento de movilización pacífica de una gran parte de los venezolanos en la labor de defensa del voto. Ese reconocimiento llamaba a una movilización continental que, con un criterio transideológico centrado en la defensa de la soberanía popular venezolana, convocaba a acciones urgentes conjuntas para forzar a Maduro a dejar el poder y entregarlo al presidente electo. Esa presión era sustentada además por una denuncia sostenida de las violaciones de derechos humanos desde mucho antes de las elecciones de julio de 2024 generando, gracias a los múltiples informes y reportes sobre el tema, un conocimiento informado que solidificara la creciente articulación para el retorno del orden democrático al país. La construcción de una agenda regional para la restauración democrática en Venezuela habría sido multilateral y multisectorial, con apego al derecho internacional y con un margen de negociación amplio que podría haber implicado temas tan relevantes como la defensa de los recursos naturales venezolanos como propiedad de la nación.

Por su legitimidad y su fuerza –derivada de la articulación entre varios gobiernos con el sustento de organizaciones políticas y de sociedad civil regionales y la vigilancia de la represión del régimen para garantizar la manifestación pacífica en protesta por el fraude– esa presión multilateral habría podido lograr, en unos meses, la renuncia del gobierno ilegítimo y fraudulento, y habría contribuido a la instauración del gobierno electo, en respaldo de la soberanía popular venezolana.

Pero claro, esa vía requería que la defensa de la soberanía popular fuera considerada tan importante como la de la soberanía del Estado, y que la reacción conjunta no fuera detonada solamente frente a la amenaza imperialista estadounidense, sino también ante la evidencia de los crímenes de la dictadura venezolana y la acumulación de sus víctimas. Requería que la tragedia venezolana fuera entendida como una amenaza para la estabilidad regional. Requería que el sesgo ideológico no impidiera reconocer y posicionarse frente a los crímenes del régimen venezolano. Requería, en fin, que la reacción sistemática ante los atropellos del régimen venezolano no fuera la apatía, el silencio o la complicidad abierta.

Pero también puede ser que, tras un proceso incierto y difícil, Venezuela recupere la soberanía popular, que es la única capaz de dar legitimidad a un gobierno y garantizar que la tiranía termine de una vez.

La ausencia de esa vía ha abierto el camino a la que ha terminado por imponerse, dejando vía libre a la prepotencia errática y cada vez más abiertamente extractivista y arbitraria del actual gobierno de los Estados Unidos. Y vale la pena recordarlo; recordar que la inacción de unos suele convertirse en el permiso para la imposición de otros, quizás para evitar aquello de que la historia se repite a sí misma.

En el presente escenario coyuntural siguen más incógnitas que certezas: sacaron a Maduro pero queda el resto de la cúpula gobernante; puede suceder que el liderazgo González-Machado sea pasado por alto y que haya un cambio fraudulento hacia la continuación del régimen bajo égida estadounidense en la figura de Delcy Rodríguez; el petróleo venezolano puede dejar de ser propiedad de la nación; la soberanía popular puede terminar siendo nuevamente arrebatada; el precedente del uso arbitrario de la fuerza y el desconocimiento del orden internacional puede convertirse en el new normal en la región, etc., etc. Pero también puede ser que, tras un proceso incierto y difícil, Venezuela recupere la soberanía popular, que es la única capaz de dar legitimidad a un gobierno y garantizar que la tiranía termine de una vez.

Sin embargo, hay dos consecuencias inmediatas que emergen de considerar lo que pudo haber sido de haber habido voluntad. Mientras la movilización de la soberanía ante el imperialismo considere únicamente la soberanía de un Estado frente a otro en el contexto de la disputa política, y no la soberanía que emana del pueblo como sujeto central de la vida de un país, será inevitable que una y otra vez, su negación conduzca a escenarios de violencia e intervencionismo. Urge hacerse responsables, para que cuando ese intervencionismo detone el espíritu antiimperialista, al menos recordemos que pudo haberse evitado.

La segunda consecuencia, es que, a pesar de todo eso, el pueblo venezolano merece el alivio que ha traído, por un momento, la noticia de que Maduro no estará más al frente de la pesadilla que ha vivido ya durante demasiado tiempo. Merece la alegría de librarse del tirano, aunque la vía no haya sido la ideal y aunque quede aún un espinoso camino por delante. Al menos yo, celebraré con ellos y desistiré de la pulsión de hacer declaraciones de principios para ubicarme a uno de los lados de una trinchera cuyas etiquetas son tan problemáticas como inciertas: una que pretende que la única batalla que ocurre ahora mismo en Venezuela es la del imperialismo contra la soberanía de los pueblos porque no, no es lo único; se disputa también el derecho de un pueblo a decidir sus gobernantes y, sobre todo, por decirlo en los propios términos de la campaña de la movilización popular que condujo a la victoria electoral de Edmundo González y María Corina Machado, la posibilidad de regresar a casa.

Hilda Landrove es investigadora, ensayista y promotora cultural cubana radicada en México. Se ha dedicado durante años al emprendimiento social y cultural, y más recientemente a la investigación académica en temas de antropología política. Es Dra. en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre sus principales líneas de investigación se encuentran la acción política en contextos cerrados, los movimientos políticos de los pueblos amerindios y las dinámicas del poder y el contrapoder a través de las disputas narrativas en la esfera pública. Es profesora de Cátedra del Tecnológico de Monterrey (campus Querétaro). Conduce y coordina el podcast Caminero.

Este artículo se publicó originalmente en la revista Rialta. Se reproduce aquí con autorización de su autora.

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