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Venezuela: Las estadísticas como problema

Cuando se habla de la devastación del país, con frecuencia se suele apelar a un conjunto de cifras y estimaciones que varían notablemente de una fuente a otra. Esto se debe a que el desmontaje institucional incluyó también a las instituciones de medición estadística y económica. El saqueo a cielo abierto de la república implicaba, por fuerza, desaparecer las herramientas para su cuantificación. Por ello, en las últimas dos décadas se suprimieron no solo los informes y las publicaciones oficiales, sino también a buena parte del personal técnico y profesional dedicado a estas tareas. El balance de esta cuantiosa pérdida de datos para comprender la magnitud del deslave es el trabajo que aquí acomete Omar Bello Rodriguez.

Barrio R1. Cabimas. Foto: Emiliano Terán Mantovani. 2022.

La información estadística, como problema, puede decirse que surge desde el momento en que cualquier sistema estadístico, fomentado por el estado, comienza a perder parte de sus propiedades de tal modo que va dejando ya de ser considerarlo como una herramienta que sea idónea, confiable.

Ciertamente, la perdida sostenida de varios de los inputs que le son atribuidos termina reflejándose en la merma de la cantidad y calidad de los datos numéricos que se ofrece a la sociedad. De allí que pueda decirse que, bajo tales supuestos, ella vaya mermando, de un modo silencioso, en su patrimonio estadístico. Situados dentro de tal proceso de desmejora, el sistema tiende a distanciarse de los estándares internacionales y, en particular, se va alejando de la posibilidad que para la sociedad representan los datos abiertos (open data), propósito que constituye el summum de lo que sería la transparencia estadística dentro de un estado democrático.

Al presentarse tales anomalías, el vacío que así va quedando busca de ser llenado, de un modo que no está exento de limitaciones, por iniciativas que son adelantadas por entidades privadas orientadas a la  creación de nuevos datos estadísticos, ya no oficiales, dejando de verse colmadas las exigencias que generalmente se le imponen al sistema estadístico oficial. Dichas iniciativas, aunque encomiables, implican la transformación de lo que constituye un bien público, la información estadística del Estado, en un bien económico, que comienza a hacerse inalcanzable para muchos usuarios. Una vez llegado a tal situación, tendríamos que hacernos la pregunta de si puede acaso verse superado el problema anotado y restituirse las propiedades del sistema oficial, es decir, dilucidar de si esto irreversible.

En principio pudiera decirse que sí, pero a condición de que pueda lograrse un robusto esfuerzo institucional que permita la restitución progresiva de cada uno de los requisitos o claves que permitan hacerle idóneo, confiable, en lo que hace a la recolección y análisis apropiado de los datos numéricos, haciendo posible las comparaciones o variabilidades que hagan comprensible los distintos fenómenos, principalmente los que ocurren dentro del ámbito económico.

Además de esta dimensión, digamos que nacional del problema, podría también tenerse en cuenta la problemática que puede originarse del proceso de digitalización global, aquél que da origen a un nuevo tipo de registro, el de la llamada real time data, aquella  surgido del caudal informativo manejado por las grandes plataformas digitales, con todas las oportunidades y desafíos que ello implica.

En las líneas que siguen se hacen varias consideraciones sobre la pertinencia de este marco de referencia, procurando darles conexión con lo que sería el examen de las vicisitudes que exhibe el caso venezolano. Primero, se hace una inicial constatación de los indicios de desmejora que viene presentando el sistema estadístico oficial, procurando ilustrarlas con las observaciones expuestas por voces muy acreditadas. Después se desarrollan, en dos partes, lo que puede entenderse como una interpretación más general acerca de la información estadística: una primera, que está referida a la consideración de la información estadística, como bien público, al objeto de diferenciarla de aquélla otra que no proviene de iniciativas del Estado, seguida, de una segunda parte, orientada a una interpretación de lo que podrían considerarse como las claves o requisitos  para la edificación de un sistema estadístico que pueda  considerarse confiable. El escrito termina con una sucinta lectura de los principales hitos que han acompañado a la historia del sistema estadístico nacional, procurando destacar los que han sido sus momentos de mayor progreso, para cerrar con anotaciones sobre algunas de las desmejoras observadas en tiempos más recientes

I. Indicios de desmejora del marco cuantitativo

Los resultados macroeconómicos de Venezuela correspondientes a 2021[2] han puesto de relieve, una vez más, la persistencia de un problema institucional que estaría asociado con la merma que viene experimentando el sistema estadístico oficial, aquél que está a cargo del Estado, que se hace responsable de la generación de lo que puede ser considerado como un bien público, es decir, de aquellos datos estadísticos a los que accede la sociedad de modo habitual y preferente, sin que haya exclusión de persona alguna y sin que su consumo rivalice con el  de otros bienes.

Se discute mucho la valoración que puede dársele a los resultados del PIB real, en 2021, dividiéndose las opiniones entre quienes consideran que pudo haberse presentado un rebote estadístico, desde un bajísimo nivel, el de 2020, mientras que otros lo estiman como el comienzo de lo que sería un punto de inflexión, dirigido hacia el alza, más típico dentro de la trayectoria de una curva en forma de V. Sea lo que fuere, el caso es que se ha carecido, hasta ahora, de una cifra oficial en la que se determine, además de la variación relativa del PIB total, su composición por actividades económicas y, además, por sus componentes del lado del gasto[3]. La desaparición de esta información ocurre desde el primer trimestre de 2019[4], motivo por el cual dicho indicador viene siendo sustituido por un abanico de estimaciones realizadas por varias entidades privadas e instituciones internacionales que hacen esfuerzos por llenar tal vacío, tarea por demás plausible, pero que no se encuentra exenta también de presentar sus propias limitaciones[5].

Por así decirlo, se ha carecido, hasta ahora, de un indicador oficial básico, así como de la familia  de coeficientes que pueden derivarse de él. Así, por ejemplo, no existe una información oficial que nos diga a cuanto alcanza el PIB por habitante, variable que nos permitiría valorar, de un modo muy grueso, los cambios que se pueden haber dado en las condiciones materiales de la sociedad, además de servir también para hacer posible la comparación con sus pares internacionales, como parte de una métrica que permita determinar  de si  Venezuela pudo haberse encontrado, o no, dentro de una senda de convergencia económica, o de cuan amplia haya sido ya la divergencia alcanzada. Nada de esto se hace ahora posible sobre una base que tenga  inequívoca certidumbre.

Testimonios de las dificultades

La referida desmejora ha motivado, en varias ocasiones, pronunciamientos de conocidas voces, muy acreditadas, que han llamado la atención en torno de dicha anomalía. Así, por ejemplo, el economista Ronald Balza Guanipa ha destacado, de forma muy clara, algunas de las limitaciones más importantes con las que se tropieza para hacer el análisis económico[6]. Su enumeración incluye las fuentes estadísticas que se han visto desmejoradas, entre ellas la data de PDVSA[7], hoy suspendida; la  falta de actualización en las estimaciones macroeconómicas (PRACEM) por parte del Banco Central de Venezuela; la discontinuidad de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)[8], que datan de 2013 y, en algunas tablas, de 2008; la desaparición de las cifras generadas por el Ministerio de Finanzas que se detuvieron en 2018; la precaria información utilizada por la  Oficina Nacional de Presupuesto, cuyo último dato se corresponde  al de  la Ley de Presupuesto 2016.

En este mismo sentido se había pronunciado el  economista Francisco Rodríguez, quien llegó a referirse  también a las cifras  relativas a las finanzas públicas, indicando a ese respecto que, desde julio 2016,  la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) había interrumpido la publicación de su información sobre el gasto público semanal, suspendiéndose la publicación de su página web, de la cual se extraía también información sobre el gasto proyectado del gobierno central y desapareciendo, además, las cifras relacionadas con el presupuesto y sus modificaciones. La última información de este tipo, se refiere, sería la presentada por Venezuela por ante la SEC (K1),  a fines 2017.[9] También, desde la perspectiva internacional se han emitido juicios en los que se ha destacado la merma significativa experimentada por la información macroeconómica que procede desde Venezuela, tal como lo expresara el FMI en varias oportunidades. Dicha entidad ha sostenido que “no podemos ofrecer una opinión sobre la calidad de los datos, ya que no hemos tenido la oportunidad de realizar una evaluación completa en ausencia de contactos con la autoridad”, situación que se ve corroborada por la suspensión de la Misión de Consulta Anual, desde 2004, prevista en el artículo cuarto, Sección 5, del Convenio Constitutivo de ese organismo. Agregando, a este respecto, que el “suministro adecuado de datos constituye un primer paso esencial para comprender la crisis económica de Venezuela e identificar posibles soluciones”, según la opinión que sostuviera su Comité Ejecutivo[10].

Tomando en cuenta dichos testimonios pudiera decirse que se ha ido experimentando una pérdida de datos numéricos con un valor analítico apreciable. En efecto, cuando se hace la revisión de las páginas web de las entidades oficiales, que son las responsables en la producción de tales datos, se observa que muchos han dejado de producirse, o que cuando se hacen han dejado de presentarse de modo oportuno, o que se ha perdido detalle en cuanto a lo que se ha presentado, si es que se les compara con datos que fueron ofrecidos en el pasado.

Puede decirse que los sistemas más afectados se han correspondido con los de cuentas nacionales, reducidas a su mínima expresión, cuya valoración, a precios constantes, se encuentra sustentada, además,  en una año base que no posee ninguna representatividad; con el registro de la balanza internacional de pagos, que ha desaparecido, así como las estadísticas de comercio exterior, del mismo modo que de la posición financiera externa; con los índices de precios, dada la desaparición temporal del INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor), del mismo modo que la de los índices de precios a nivel del productor de la industria manufacturera, el comercio al por mayor y de insumos de la construcción. Lo mismo ha sucedido con la mayor parte de la estadística de finanzas públicas, incluyendo los saldos de la deuda pública, destacando la ausencia de una medición rigurosa del déficit del sector público. Las mediciones de los índices de pobreza han sido asumidas por levantamientos periódicos efectuado por un grupo de universidades, como tal como lo representa la Encuesta de Condiciones de Vida, ENCOVI, bajo la coordinación de la UCAB y con participación de las USB y UCV, cuya data se publica desde 2014. 

Cuando se mira toda esta desmejorada situación se hace oportuno recordar que no siempre se tuvo un estatus del sistema estadístico nacional que se viera tan disminuido. Venezuela llegó a tener, durante la segunda mitad del siglo XX y hasta comienzos del XXI, un sistema estadístico que se comparaba, en cuanto a su cobertura y a la calidad de los datos, con los mejores que podían observarse en países importantes de la región, por decir algo, con el DANE de Colombia o con la Fundación Getulio Vargas de Brasil.

II

Toda economía perteneciente a cualquier sociedad moderna requiere de un flujo continuo de datos estadísticos de muy variada índole que también le sirven al Estado. Puesto que no se funciona de un modo autárquico, la estadística producida también suele ser utilizada por la sociedad internacional. Dicha información suele ser provista principalmente por agencias del estado, aunque también le hace compañía una parte que procede desde el sector privado, cuyo movimiento tiende a verse ampliado, en tiempos más recientes, por el impulso que proviene de la digitalización. Entre ambos tipos de información median algunas diferencias, tal como lo exponemos a continuación.

Información estadística como bien público

La generación de datos estadísticos en cualquier economía moderna se encuentra bajo el cuidado de los estados nacionales, mediante la disposición de un establecimiento institucional conocido como su sistema estadístico estatal (SEE), que se ve generalmente regulado mediante leyes especiales. Al hacerse la valoración económica de dicha información bien puede calificársela como la de un bien público, en los términos que lo describe la teoría económica[11].

En efecto, se trata de bienes, bajo la forma de datos numéricos, que pueden ser proporcionados sin que se excluya a nadie de su consumo. Una vez que son puestos a disposición por el estado todos los potenciales consumidores pueden acceder a ellos, sin restricciones. Distinto sería el caso de otros bienes producidos por el Estado en los que puede serle impuesto al usuario algún tipo de carga o pago (en el caso de la educación, una matrícula, o en el del acceso a un parque o museo, el pago de una entrada). Pero, además, dichos datos no rivalizan, como suelen hacerlo la mayoría de los bienes económicos, en el sentido de que pueden ponerse a disposición de cada posible demandante, sin que ello entrañe que otro se vea impedido de adquirirlo. De allí que, una vez producido el flujo de la estadística oficial, su suministro, para un consumidor adicional, tiene un coste marginal de cero.

Pudiera decirse, además que el sistema estadístico estatal representa el lugar de encuentro de un complejo de estructuras administrativas, que agrupan los inputs, representados por el personal técnico encargado de las tareas y demás recursos logísticos, incluyendo los que brinda las tecnologías de información y comunicación, que son empleados en el levantamiento de los datos numéricos y en su conversión en tablas generalmente estandarizadas, fundadas en metodologías que generalmente son establecidas mediante el consenso de expertos a nivel internacional.

De este modo, puede decirse que el sistema  se encuentra  ya preparado, para  darle salida a los datos, al output, significado por los diversos cuadros ofrecidos por sus sistemas de información al público, es decir, aquellos que son entregados a la sociedad, contentivos de estadísticas básicas, datos sobre cantidades y precios,  también de variables macroeconómicas agregadas, valiéndose bien sea del uso del papel, como soporte para su difusión, en el caso de publicaciones físicas, como su forma más tradicional, bien sea con el empleo de medios digitales, como su forma contemporánea.

El fundamento final de este sistema reside en el cuerpo teórico provisto por las ciencias que le sirven de apoyo: la estadística, junto a la economía, complementados con el aporte que les proporcionan las tecnologías de información y comunicación. A lo dicho podrían agregarse otros juicios de valor. La información estadística proporcionada por el Estado tiene forzosamente consecuencias políticas, ya que su acceso permite a las personas tomar el conocimiento del estado en que se encuentra la economía, pudiendo así hacerse una mejor valoración de las políticas públicas que condicionan su propio bienestar. A su vez, el SEE le sirve al propio estado, ya bajo la forma de una base de datos, a partir de la cual puede dársele consistencia cuantitativa a la política económica, a sus estrategias, planes, medidas. Situados en el marco de un estado democrático, le sirve también al estado para la rendición de cuentas, rutina que representa una propiedad esencial del sistema constitucional.

Además de la información estadística, mediante su acceso a publicaciones oficiales, a páginas web, portales, la sociedad hace uso de información adicional, mediante el conocimiento de opiniones sostenidas por diferentes intérpretes, llámense prensa y demás medios de comunicación social especializados, a través de sus páginas de opinión, periodismo de investigación atendidos por analistas  propios y/o las informaciones que se originen desde informes emitidos por unidades de investigación económica erigidas desde diferentes fuentes: instituciones internacionales, bancos de inversión, agencias calificadoras de riesgo, institutos de investigación de universidades, entidades privadas  productoras de evaluaciones económicas, entre otros. 

Las economías nacionales más avanzadas, correspondientes a estados democráticos, generalmente suelen guiarse por la búsqueda de la transparencia informativa. De modo que, en ese caso, se avanza dentro del propósito que permita a la sociedad gozar del beneficio que le proporcionan los llamados datos abiertos (open data). Tal herramienta consiste en la apertura de portales web, sostenidos por el Estado, en las cuales se ofrece el acceso inmediato, sin excepciones y sin registros previos, a la mayor suma posible de información cuantitativa y cualitativa, de un modo continuo, sin restricciones, en forma gratuita, con protocolo estandarizado, facultado para ser reutilizable. Una orientación paradigmática de este direccionamiento lo constituye el proyecto que desarrolla actualmente la Unión Europea[12]

Información estadística como bien económico privado

A un costado de la data pública siempre pudo desarrollarse un flujo de información estadística obtenida por fuentes provistas por la iniciativa privada, apelándose a encuestas, recopilaciones de estadísticas básicas, propias de las empresas, a estados financieros. Dicha información generalmente servía al propósito de apoyar la gestión empresarial y, al verse recolectada por iniciativa de sus gremios, también se hacía su difusión a afiliados, a clientes y al público en general[13]. Con el surgimiento de las ONG´s pudo darse, además, la compilación de data inherente a los asuntos que les concernían a estas nuevas organizaciones, alcanzándose cierto grado de divulgación pública[14].

Tales informaciones se recogían en publicaciones plasmadas en papel, en ediciones relativamente limitadas, antes de que se llegara y se fuera imponiendo el medio digital. A cierta altura ganaron también espacio las publicaciones editadas y distribuidas mediante el procedimiento de suscripción, en las que se compendiaban datos de diferentes fuentes, con predominio de la estadística pública, acompañadas de reseñas en las que se hacía, además, el análisis de las variables macroeconómicas y se incorporaban servicios de pronóstico para los datos principales[15] Los cambios en las tecnologías de información y comunicación fueron imponiendo diversas influencias en el mercado de la información económica. A ese respecto destaca, dentro de dicho mercado,  la sucesiva creación de bases de datos, a diversa escala, a partir de las cuales pudo organizarse una oferta de servicios más prolija, en que ya la información estadística abandonaba su condición de bien público, tal como la que exhibe desde su fuente primaria estatal, para convertirse en un producto económico, rodeado de atributos de valor, costes, precios, conforme ocurre para cualquier establecimiento productivo.

Tales bases de datos se nutren de la estadística proporcionada por el Estado, además de la que se obtiene desde acreditadas instituciones internacionales compiladoras, como lo constituyen Banco Mundial, FMI, CEPAL, Oficina de Estadística de Naciones Unidas, UNCTAD, OMC, para mencionar acaso las de mayor significación. Dicha data termina viéndose transmutada, lo que implica una agregación de valor que luego se traduce en una nueva forma de presentación, con diferencias que obedecen al tipo de producto que se ofrece dentro de un mercado que bien puede considerarse como de competencia imperfecta.

Puesto que muchas de estas bases de datos no son representativos como productores de estadísticas primarias, más bien suelen alimentarse con datos oficiales, su transformación se produce mediante su presentación bajo la forma de nuevas tablas y gráficas, incluyéndose, además datos estimados por las propios equipos técnicos de esas empresas y de pronósticos que se ofrecen como servicios por suscripción. Las más de las veces, las informaciones originales suelen verse rediseñadas, refaccionadas, agregándosele indicadores complementarios[16]. Muy común lo representan las tablas con coeficientes referenciados a alguna variable envolvente, como puede serlo el PIB (deuda/PIB, déficit público/PIB), o del ámbito demográfico (el tradicional PIB per cápita). Para adelantar tales trabajos se apela a hace uso de diversos métodos estadísticos[17], incluidas las técnicas que ofrece la econometría[18], con vistas a la determinación de proyecciones y pronósticos plurianuales, que son presentados bajo la forma de escenarios, tal como suele sucederse generalmente de parte de bancos globales de inversión, como parte de un servicio que se ofrece a su clientela, o de empresas organizadas para el suministro de información y análisis.

Al hacer mención al trabajo de predicción, el adelantado por los llamados forecasters, cabe hacer también mención a la modalidad, más reciente, la del nowcasting, algo así como el pronóstico del presente, utilizada también por algunos bancos centrales.[19] Todos estos servicios resultan de gran utilidad para fundamentar la toma de decisión de empresas (y de hogares), en cuanto se refiere a la formulación de presupuestos, estudios de mercado, decisiones de inversión. Además de lo anotado puede suceder que, en algunos países, ante la falta de confiabilidad que presenta la data oficial y/o a la de su desaparición, algunas de las empresas especializadas, ya mencionadas, busquen llenar tales vacíos informativos, abocándose a la estimación de variables macroeconómicas que buscan convertirse en sustitutivas de las cifras oficiales[20]. El vacío informativo oficial y las anomalías económicas dan pie también para el surgimiento de una información estadística, ad hoc, como parte de la diferenciación del producto dentro de un mercado de información.

Ahora bien, el alcance de la información estadística, considerado como bien económico privado, no queda agotado con las iniciativas que antes se han enunciado. Se hace preciso destacar ahora los avances logrados por la informática, la expansión en el uso de internet y las innovaciones en la tecnología de las comunicaciones, que propiciaron en el curso de las últimas décadas un proceso de sostenida expansión de la digitalización. Tal desarrollo pudo verse catalizado, en el último bienio, por los efectos originados por la pandemia del COVID 19, que forzaron el uso generalizado de medios digitales por empresas y hogares, desde 2020.

Como parte del mencionado proceso de digitalización han surgido nuevas fuentes de datos, entre ellos la llamada real time data, aquella información que fluye asociada a la búsqueda, al intercambio, al movimiento de las personas, que trasciende a la información tradicional, arrojando una nueva modalidad de indicadores, a partir de los cuales se construyen inferencias que alimentan los modelos convencionales y nuevas formas de interpretación de la realidad, incluyendo la predicción de comportamientos, valoración de sentimientos, como parte de manipulaciones que no están no exentas de implicaciones éticas. Dicha información se caracterizad por su alta frecuencia obtenida en tiempo real, además de su elevada volumetría que la convierte en big data, facilitada por la mayor capacidad de procesamiento de los ordenadores en manos de grandes plataformas digitales[21], que se alimentan de la información que les proveen los usuarios, a través de distintos ecosistemas[22]. Posteriormente tales informaciones son procesadas, analizadas, haciéndolas comprensibles para la toma de decisión y convirtiéndoles así en una fuente de valor.

Como se dijo antes, la data estadística tiene consecuencias políticas, sea que los datos obtenidos den cuenta de resultados positivos, lo que refuerza al gobierno de turno en lo que hace a su política económica, sea que no lo sea, en cuyo caso pueden darse dos posibles conductas: una, más constructiva, aquélla que admite el dato desfavorable, que incluso corre con el eventual coste político que implique su entrega a la opinión pública, permitiendo que sirva para introducir las rectificaciones que conduzcan a recuperar un buen desempeño. Esta representaría la trayectoria más provechosa, preservándose así la verdad estadística. Por lo contrario, puede darse otra conducta en la que no se admite el resultado desfavorable, procediéndose a prácticas anómalas orientadas al bloqueo de la información, a su sustitución por data ad hoc, fabricada para ofrecer una visión diferente, que sea más afín al relato político prevaleciente[33]

La data estadística como problema

El anterior marco de referencia general puede servir de preámbulo para intentar una valoración de la información estadística, ya como problema, visto ahora desde la perspectiva del sistema venezolano. Veamos esta dimensión procurando adentrarnos con un mayor grado de prolijidad. Una de las formas de hacerlo se hace posible mediante una reconstrucción sucinta de los antecedentes históricos que han rodeado este asunto público, a fin de valorar el esfuerzo realizado, en el pasado, y de poder así calibrar las posibles mermas que se observan durante las últimas décadas.

Recordando antecedentes

Pudiera decirse que la creación de la Dirección General de Estadísticas, bajo la tutela del Ministerio de Fomento, en 1871, pudo marcar el punto de partida para la institucionalización de un sistema estadístico nacional que estuviera a cargo del Estado. Su labor estuvo centrada inicialmente en la realización de los primeros censos de población, el primero de los cuales (1873), arrojaba una cifra del orden de 1.732.411 habitantes, seguido luego por los de 1881 y 1891, dentro de una secuencia que se hizo decenal.

La reducida dimensión de la economía y la poca fortaleza fiscal que tenía el Estado en aquel tiempo no permitían todavía que se diese el funcionamiento de una robusta organización estadística, eran momentos en los que aún prevalecía una sociedad atrasada, que se veía limitada por su alto grado de ruralidad.

Despliegue dentro del proceso de modernización

Cabría destacar varios desarrollos paralelos que se hicieron concurrentes al mismo fin, el de dotar al país de un sistema estadístico nacional que progresivamente pudiese considerarse aceptable, apto para las necesidades nacionales. En primer lugar, cabe destacar la continuidad y sucesivas iniciativas tomadas desde la Dirección General de Estadística (DGE) con vistas al fomento de  nuevas informaciones; en segundo término, el surgimiento de varias oficinas de estadística, tales como lo fueron la de los despachos de  Agricultura y Cría, Hacienda, Minas e Hidrocarburos, Trabajo, Obras Públicas, CORDIPLAN;  en tercer orden, la aparición del BCV (1941), como un actor importante al que pudo corresponderle el desarrollo de las estadísticas macroeconómicas, aquéllas que comenzaron a ser preparadas conforme a la asimilación de los estándares metodológicos internacionales.

Un paso importante pudo serlo el dictado de la Ley de Estadística y Censos Nacionales (1944)

La Dirección General de Estadísticas

De la no bien ponderada labor de la Dirección General de Estadística da justa cuenta un testigo internacional de excepción, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos[34], en cuyas estanterías se conserva el acervo de publicaciones de la entidad venezolana, lo que representa una demostración del esfuerzo desarrollado entre los años cuarenta y principios de los setenta.

Destacan así publicaciones importantes como las que corresponden a los Anuarios Estadísticos de Venezuela, a sus Boletines Mensuales, además de  los de Comercio Exterior, a Indicadores Socio Económicos y de Coyuntura, también a la Encuesta de Hogares por Muestreo (desde 1967), a la Encuesta Industrial, con resultados desagregados por estados, al Boletín Trimestral de Estadísticas Industriales, incluso un curioso Boletín de la Riqueza Pública para las provincias en Venezuela, además de Apuntes Económicos en los que se hace mención a estados, hoy desaparecidos del mapa político-regional, tales como los fueron Barcelona, Cumaná, Zamora.

En este sentido se hace necesario destacar el invalorable aporte brindado por el economista español, José Antonio Vandellós, quien se hizo cargo de la dirección de estadística del Ministerio de Fomento, desde la cual no sólo pudo adelantar tareas tan importantes como las descritas, entre ellas las del censo de población, los censos económicos (industrial, comercial y de empresas que prestan servicios, 1936), el Censo Agrícola y Pecuario (1939), los “Anales del comercio exterior venezolano” (1938), sino que, además,  estuvo entre quienes dieron impulso a la capacitación estadística sistemática, desde la Universidad Central de Venezuela, a través de una progresión que incluye los primeros cursos realizados (1936), la creación de la Escuela de Preparación en Técnica Estadística (1939), que luego evoluciona hacia la creación del Departamento de Estadísticas y Ciencias Actuariales (1952), para finalmente dar origen a la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, cuyo funcionamiento tuvo inicios desde 1953[35].

Oficinas ministeriales de estadística

Durante las décadas posteriores a los años cuarenta (s. XX), una vez adentrado el proceso de modernización en Venezuela, a la vera del petróleo, dichos esfuerzos pudieron verse reforzados, de modo institucional, con la creación de varias oficinas que fungieron como líderes dentro de sus dominios sectoriales, tal como lo representaba la Oficina de Economía Petrolera del Ministerio de Minas e Hidrocarburos (MMH)

Precisamente, mis primeros contactos con los datos preparados por esa entidad tuvieron lugar, a comienzos de los sesenta, cuando recibía por correo, en el lugar donde residía[36], la “Carta Semanal” preparada por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos (MMH), una sobria publicación que contenía precisas cifras de la producción diaria de petróleo crudo de Venezuela, con discriminación por gravedades, en grados API, por cuencas petroleras, lo que denotaba dos cosas: de una parte, la eficiente supervisión gubernamental que se ejercía, in situ, sobre las operaciones petroleras, entonces realizada por corporaciones extranjeras principalmente estadounidenses y, de otro lado, la transparencia informativa que garantizaba el conocimiento y escrutinio público en cuanto respecta a la entrega de la información económica más importante dentro del país.

De aquel tiempo a los actuales las cosas parecen haber cambiado mucho. Hoy en día, la cifra oficial de la producción petrolera suele conocerse a través de la página web de la OPEP[37], dejando dudas, por su coexistencia con una estadística paralela, la obtenida de las llamadas “fuentes secundarias”.  Nos asalta siempre una duda: ¿cuál cifra debería tomarse como representativa de la verdad estadística? Se editaba también, en aquél fructífero tiempo, como publicación anual del MMH, “Petróleo y Otros datos Estadísticos”, mejor conocido como el PODE, contentivo de las tablas más completas sobre la industria petrolera venezolana que se hayan producido en el país, durante toda su época petrolera, cuya preparación corría a cargo de la Oficina de Economía Petrolera del referido Ministerio[38].

Sin dudas, se trataba de un esfuerzo que cabe hacerlo ahora digno de mención.

Tiempo después, con la creación de PDVSA (1975), pudo ampliarse la información aludida con sus Informes anuales (1995- 2000), al darse a conocer las interioridades de sus estados financieros, una valiosa data complementaria a la del MMH, particularmente la que pudo verse recogida en su página web, que incluía, además, informes y resúmenes de las actividades principales de la corporación, su red de empresas filiales. Infortunadamente, en algún momento, dicha información se dio por interrumpida, dejando sin respaldo al seguimiento que podía hacerse respecto de la marcha de la principal empresa pública nacional y con ella de la industria petrolera.

Desde entonces, la ausencia de información oficial ha tratado de ser suplida con fuentes del extranjero, a veces en forma fragmentaria, precaria, sin la disposición de cuadros periódicos, estructurados en los términos que se obtenían en las fuentes nacionales ya citadas. Cabría hacer referencia a los datos ofrecidos por acreditadas agencias de noticias, tipo Reuters, o incluso a la que proviene de agencias oficiales de otros países, como es el caso de la EIA, de Estados Unidos. En cuanto se refiere al sector económico más tradicional, el de la agricultura,  se tenía como valiosa pieza estadística el Censo Agropecuario (1952), además del Anuario Estadístico Agropecuario de Venezuela (1962- 1984), publicado por el Ministerio de Agricultura y Cría, una muy completa recopilación con toda la data básica sobre la producción del sector agrícola, vegetal y animal, desagregada por tipos de cultivos y razas de ganados,  alcance que no pudo ser nunca igualado en todo el tiempo posterior.

En contraste con esa riqueza informativa, hoy en día, la data oficial del PIB agrícola, prácticamente se desconoce. La ofrecida por el BCV, encuentra su ubicación dentro de un rubro denominado como “Resto”. Allí se le localiza, precariamente como ”agricultura privada”, al lado de cifras de actividades distantes  como las de “restaurantes y hoteles” y  “otras actividades públicas”. Frente a tal limitación informativa, al público interesado solo le ha quedado la opción de ver y escuchar, por aquí, por allá, la presentación de datos incompletos ofrecidos por gremios privados que no obedecen a un propósito estadístico estructurado[39]. Valga decir que valioso fue también resultó el esfuerzo acometido, en esos años, por CORDIPLAN, entidad que tuvo a su cargo la realización de las Encuestas Industriales (1961, 1968, 1973), así como la Primera Encuesta de Gastos e Ingresos en Venezuela (1964).

El aporte brindado por el BCV

Acompañando a los esfuerzos ya relatados, los de la DGE y los de algunos de los Ministerios aludidos, el sistema estadístico venezolano recibió un impulso vigoroso desde el Banco Central de Venezuela (BCV, 1940), institución que llegó a constituirse en la fuente más completa y confiable de datos macroeconómicos en Venezuela, durante varias décadas. A ese respecto, quepa recordar la primera estimación efectuada del Ingreso Nacional de Venezuela (1949), precursor del posterior desarrollo del Sistema de Cuentas Nacionales, siguiendo las metodologías de Naciones Unidas[40].

En lo que hace al esfuerzo investigativo, para la gestación del sistema de cuentas nacionales de Venezuela quepa hacer mención a  la meritoria labor adelantada por  el economista Bernardo Ferran, experto internacional en cuentas nacionales, a quien hicieran compañía otros destacados economistas, entre los que se cuentan, Antonio Crema, Romano Suprani, Gloria Abilahoud, Francisco Casanova, Pablo Guzmán, a quienes correspondieron tareas relacionadas con la introducción en el país de la primera versión del Sistema de Cuentas Nacionales de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas (1968)[41]. Del mismo modo se cuentan las estimaciones de la Balanza Internacional de Pagos, cuya preparación seguía las pautas del Manual preparado por el FMI así como los primeros Índices de Precios al Consumidor (Costo de la Vida, IPC Área Metropolitana Caracas), además de los Índices de Precios al por Mayor, a Nivel del Productor, que seguían metodologías homólogas a las llevadas por el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos[42].

El BCV también se hacía cargo del repertorio de estadísticas monetarias (Base Monetaria, M1, M2), apoyadas en las metodologías aplicadas en países desarrollados y contando, además, con el apoyo técnico que brindaba el FMI y el Centro de Estudios Monetarios de América Latina (CEMLA). En el pasado se contaba con una información completa acerca del balance fiscal del gobierno central, se conocía con certeza los movimientos de ingresos y egresos acordados y desembolsados, previstos en cada Ley de Presupuesto, así como el movimiento de los créditos adicionales aprobados por el poder legislativo (Comisión de Finanzas), cuya fuente primaria procedía del Ministerio de Hacienda[43]. El BCV completaba la información, mediante el armado de una cuenta de sector público, con la compilación de información adicional proveniente de entidades regionales, municipales, institutos autónomos y empresas del estado. Además, editaba periódicamente un minucioso boletín con todo el movimiento de la deuda pública nacional (directa e indirecta)[44].

Una vez creada la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) pudo disponerse de una estadística relativa a la Cuenta Consolidada del Sector Público (1983- 1989), que representaba un insumo fundamental para guiar la política fiscal y adelantar así la programación financiera del Estado[45]. Para aquel tiempo la Contraloría General de la República publicaba, de modo anual,  el Balance de la Hacienda Pública Nacional.

Toda esta voluminosa data pudo verse recogida en un amplio repertorio de publicaciones, que vino a enriquecer la bibliografía sobre el acontecer económico del país, siendo, por lo demás, de entrega gratuita al público, material que sirvió para que se adelantasen muchas obras interpretativas sobre la economía venezolana, de la pluma de muy diversos y respetados autores. Entre dichas publicaciones destacaba una muy acreditada, el Informe Económico anual del BCV, contentivo de un completo apéndice estadístico, muy visitado por los investigadores. Se editaba también la Memoria Quinquenal, además de publicaciones especiales, contentivas de series cronológicas largas, tales como fueron las recogidas en las singulares obras denominadas como “Economía en los “Últimos 25 años”, y “Economía en los últimos 35 años”, que permitieron dar fundamento cuantitativo para la elaboración de los primeros modelos econométricos[46].

A todo esto pudo unirse, a cierta altura, la publicación anual conocida como “Declaración de Fin de Año del Presidente del BCV”, texto que contenía, además de una interpretación preliminar del comportamiento de la economía venezolana, la entrega anticipada al público, antes del cierre de cada año, de la data macroeconómica oficial, entre ella de las cifras del PIB (total y por actividades económicas), resumen de la balanza de pagos, en correspondencia con iniciativa  que fuera tomada por Benito Raúl Losada, durante el ejercicio de su primera Presidencia del  BCV. En los años ochenta pudo verse ampliado el repertorio de información especializada con la aparición de varios anuarios, que se sumaban al Boletín Mensual y el Semanal: Anuario de Cuentas Nacionales, Anuario de Estadísticas de Precios y Mercado Laboral, Anuario de Estadísticas Financieras, con abundancia de tablas y gráficos. Así mismo, se dio inicios a las estimaciones trimestrales del PIB[47] y a la publicación de un Boletín Bimestral de Coyuntura, que constituían novedades dentro del medio venezolano.

Desde el BCV se desarrollaron, además, ulteriores compilaciones de series cronológicas, que resultaron de gran utilidad para la investigación económica. Con motivo del 50 aniversario del BCV (1940- 1990), dicha institución hizo la edición de las “Series Estadísticas de los Últimos Cincuenta Años” (en 5 tomos), bajo la Coordinación General del economista Ignacio Antivero.[48] Posteriormente fue editada, de modo complementario, “Series Estadísticas de Venezuela, 1989-1999” (en 3 tomos). Además de ello, se editó la obra que recogía las “Estadísticas Socio- Laborales, (1936- 1990)”, cuya preparación estuvo dirigida por el economista Héctor Valecillos Toro.

Desde entonces, para todos los años posteriores a 1999, no volvieron a editarse en el país publicaciones que tuvieran tal alcance, hecho que representa una pérdida significativa de memoria estadística. Cabría mencionar también el desarrollo de otras iniciativas, emprendidas por investigadores individuales, de mucho renombre. A este respecto, cabría destacar obras como las de Ramón Veloz, “La economía y finanzas de Venezuela de 1930 a 1944”[49], así como la de Miguel Izard, “Series estadísticas para la historia de Venezuela” (1970, Mérida). Más allá de estos esfuerzos, la obra más importante de compilación de estadísticas agregadas, por iniciativa individual, pudo corresponderse con el valioso aporte del economista Asdrúbal Baptista, con su notable trabajo Bases cuantitativas de la economía venezolana, 1830- 2008, en el que se recogieron datos de fuentes principalmente oficiales, y, además, pudo construirse la preparación original de varias series largas, con datos estimados desde 1830 por el autor, destacando el esfuerzo de separación de los datos macroeconómicos convencionales, de  aquellos otros, pertinentes a una economía petrolera, en la que se puso de relieve la naturaleza rentística de una parte del valor agregado registrado en la información oficial conocida.[50]  

Creación de la OCEI

En 1978, puede decirse que llegaba a su término la versión descentralizada del sistema estadístico nacional, sustentado aún en una tecnología de información analógica, más parsimoniosa, dando  lugar a un nuevo cambio en la estructura administrativa del servicio estadístico del estado, con la creación de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI, 1978), que recogía funciones que venían siendo desempeñadas por la DGE, en el Ministerio de Fomento, procurándose alcanzar una organización que tuviese un alcance mucho más amplio, al incorporar de modo explícito el componente tecnológico de la informática[51] y buscando, a la vez,  que se alcanzara una más apropiada división del trabajo, entre  las diferentes oficinas de estadística situadas en  ministerios y entes públicos, bajo la rectoría de la OCEI. Puede decirse que la autonomía de gozaba el BCV para el desarrollo de su trabajo estadístico no se vio mermada, buscándose más bien encuentros técnicos orientados a fortalecer el sistema.

Cabe hacer mención al importante trabajo desarrollado por dicha Oficina, representado por la continuidad dada a las Encuestas Industriales (1974- 1992) [52], a la Encuesta de Hogares por Muestreo (1976- 1984), así como otros relevamientos estadísticos importantes entre los cuales destacan, el Anuario de Comercio Exterior (1982. 1996), así como los Indicadores de la Fuerza de Trabajo (1984- 2000). Del mismo modo también puede mencionarse el proyecto relacionado con la construcción del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con lo cual se daba continuidad al IPC, estimado para varias localidades: AM de Caracas, Maracaibo, ambos a cargo del BCV,  el de Mérida, conducido por la ULA, el de Barquisimeto por FUDECO.

La OCEI cede su puesto al INE

En 2001 se puso término a la vigencia de la OCEI, dando paso a la creación del Instituto Nacional de Estadística (INE), hecho que tuvo lugar de modo asociado con la entrada en vigencia de Ley de función pública estadística (2001).

En esta nueva Ley se disponía que el Sistema Estadístico Nacional representaba el conjunto de principios, órganos, funciones y recursos interrelacionados por medio de los cuales las ramas del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal producen información estadística de interés nacional. Dentro de tal definición, se contemplaba también a los organismos desconcentrados del Poder Público Nacional, a las empresas del estado venezolano y a cualesquiera otras entidades con autonomía funcional que ejercieran la función estadística.

Si se llegara a hacer un inventario de las fuentes estadísticas con las que se cuenta actualmente en el país, y se las comparase con aquellos registros que estuvieron disponibles durante el mencionado tiempo pasado, tendría que admitirse que se ha experimentado un claro retroceso

Los datos numéricos aportada por el INE cobraron mucha significación en los años en que prevalecieron altos ingresos petroleros (2004- 2013), que permitieron mejorar las remuneraciones del personal de la administración pública y el paquete de transferencias sociales del Estado a amplios grupos de familias, gran parte del cual fue sostenido con las finanzas de PDVSA. Coincidiendo con todo esto fueron introducidas modificaciones metodológicas a la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), a partir de lo cual pudo resaltarse una disminución del índice de pobreza integral, al tiempo que se hacía mucho énfasis en cuanto al mejoramiento del coeficiente de Gini, aquel que mide el grado de  desigualdad distributiva del ingreso[53].

A juicio de algunos analistas dicha iniciativa mereció observaciones en las que se ponía en entredicho algunos de los nuevos datos publicados, que sirvieron para resaltar el mejoramiento de las condiciones sociales de la población. Tiempo después, estos mismos indicadores sirvieron para sostener que se había alcanzado una reducción adicional del índice de pobreza, tal como se revelaría en la data oficial ofrecida entre 2014 y 2018. No parece congruente que esto haya sucedido en el contexto de una crisis económica sistémica, cuando pudo constatarse un hundimiento del nivel de actividad económica.

Quizás para zanjar este desacuerdo, hacia 2014, tuvo entonces sus inicios una investigación, no gubernamental,  por iniciativa de la UCAB, con la colaboración de otras universidades (UCV y USB), lo que dio origen a un sistema alternativo de medición de la pobreza en Venezuela que comprendía, no tan solo la pobreza de ingresos, habitualmente utilizada en las comparaciones internacionales, sino también la llamada pobreza multidimensional, aquél indicador que el INE denominaba como pobreza integral o estructural[54].

En tiempos más recientes, el INE parece haberse abocado más a favor de la realización del XV Censo de población y vivienda, según disposición realizada en 2019[55], levantamiento concebido como apoyo del Plan General (Segundo Plan de la Patria 2029- 2025) y del Plan de Fortalecimiento de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. En este nuevo levantamiento censal mucho se han ponderado muchas de las novedades introducidas, entre ellas, el levantamiento de cédulas inmobiliarias asociadas a un código QR, la boleta censal web en CsPro, el nuevo cuestionario de empadronamiento, el panel de procesamiento destinado a la totalización de los resultados al momento que se vayan produciendo.

Indicios de desmejora

Las claves o requisitos normativos de un sistema estadístico idóneo ya fueron puntualizadas anteriormente, forman parte de lo que puede considerarse como un orden más bien normativo. Alcanzarlas no resulta tarea fácil, máxime cuando las instituciones que le sostienen van viéndose debilitadas. Los problemas comienzan a surgir cuando tales requisitos son pasados por alto, subestimados o ignorados por la élite dirigente. Cuando esto acontece, la verdad estadística puede irse difuminando, incluso pueden darse episodios de intervención del sistema estadístico en algunos de sus puntos más sensibles. La matriz institucional que sostiene dicho sistema puede verse debilitada progresivamente, la data oficial comienza a ser cuestionada por usuarios calificados, desde dentro y fuera del país. Algo sigue funcionando, pero lo hace con un fondo más ruidoso. Se constatan retiros de personal técnico clave, que se separan del servicio, se experimenta así una pérdida de capital humano que se hace muy difícil de recuperar, tomando en cuenta el tiempo que supone formar nuevamente profesional especializado. El sistema de mérito, que garantiza la mayor calidad de los resultados, va siendo sustituido por códigos más afincados en la lealtad política. Disminuye la asignación del gasto para el mantenimiento y fortalecimiento del sistema.

Todo esto se percibe a través del deterioro que exhibe la información ofrecida a través de portales y de algunas páginas web oficiales, que van colocándose muy por debajo de sus versiones pretéritas y, ni que decir, de las que exhiben sus pares internacionales. A veces las metodologías experimentan ajustes oportunistas, con fines destinados a dar más relieve a determinados resultados. Tal proceder debilita la credibilidad del personal que se hace responsable de dichos cambios y de la propia data que se entrega al público. Se experimenta, además, pérdida de valiosa data, mientras que la que es producida se presenta, muchas veces,  con una  menor calidad o se ve sustituida por otra que no da continuidad a la serie cronológica previamente ofrecida, las informaciones medulares se entregan de un modo retrasado, lo que las hace inoportunas, se dan informaciones muy simplificadas con menoscabo de su detalle y  las partes que se consideran más sensibles  pueden llegar a verse intervenidas, perdiéndose  así la transparencia  que se debe frente a al colectivo de usuarios. Se van perdiendo, de modo silencioso, algunos de los vínculos internacionales aquellos que deben mantenerse en beneficio del sistema. El país deja de figurar en muchos registros estadísticos internacionales. Aparece el nombre de Venezuela, en determinadas tablas, pero sin que aparezcan los datos. Se rehúye a la auditoria internacional de la información producida.

Si se llegara a hacer un inventario de las fuentes estadísticas con las que se cuenta actualmente en el país, y se las comparase con aquellos registros que estuvieron disponibles durante el mencionado tiempo pasado, tendría que admitirse que se ha experimentado un claro retroceso, en varios de sus segmentos, lo que tiene consecuencias desfavorables para el proceso de toma de decisiones. De allí que se vaya constatando el desarrollo de una especie de pérdida continuada de memoria estadística dentro del colectivo social, algo imperceptible, pero que va ocurriendo. Una excepción a todo lo relatado podría decirse que la constituya la información oficial que se ofrece relacionada con los estados financieros de los bancos y otras instituciones financieras. Quizás pueda explicarse por la rigurosa supervisión a que se ven sometidas dichas instituciones y la disposición del órgano regulador de compilar y ofrecer dicha data en su página web para su consulta por el público[56]

Yéndo más allá, con fines de ilustración acerca del estado en que se encuentra el sistema estadístico venezolano, se podrían destacar algunos de las carencias que nos van pareciendo más preocupantes, inicialmente puntualizados en las notas de pie de página 47 y 48. Para iniciar, por lo más visible, cabe hacer la mención al indicador del PIB, cuya última data anual oficial fue publicada hasta 2018, volviéndose a repetir aquello según lo cual, ante una desmejora significativa experimentada por un determinado indicador macroeconómico, tiende a darse la interrupción de su publicación, tal como ocurrió, de modo temporal, al sucederse el blackout del INPC. Por este motivo, desde 2018-2019, el nivel y variación de la actividad económica del país viene siendo sustituido por un haz de estimaciones, sostenidas con metodologías y bases de datos diferentes, bien sea las realizadas por instituciones internacionales (caso FMI, CEPAL), o por bancos globales de inversión (CREDIT SUISSE. BOFA), o, también, por las adelantadas por conocidas entidades locales (OVF, ECOANALITICA, ECONOMÉTRICA, IIES-UCAB), o incluso, la surgida de parte de servicios de consultoría y opinión situados fuera del país (TORINO CAPITAL).

En vez de conocerse información oficial única acerca de la variación del nivel de actividad económica, se dispone entonces de un repertorio de estimaciones, con niveles y tasas de variación a veces muy disímiles, que no tienen forma de ser validadas debido a la falta de la cifra oficial que debe servirles como referencia. A partir de dichas estimaciones se construyen entonces pronósticos, con resultados también disímiles, como parte de un proceso sucesivo y acumulativo, mediante el cual se van originando cifras que van reflejando un alejamiento respecto de la última data oficial y que, por tanto, van haciéndose incomparables entre sí. Los valores así estimados generalmente hacen referencia al PIB total. Por tanto se desconoce, de modo suficiente, lo que está pasando al interior del aparato productivo, de su composición por actividades económicas, de la manera como los cambios en los precios relativos están impactando a las distintas actividades económicas. Cuando se hace referencia a éstas, se apela a informaciones de una tercera fuente, generalmente inconexa con la data oficial. No hay tampoco cifras del lado del gasto, por lo cual se desconoce, a ciencia cierta, los movimientos del consumo privado, la inversión bruta fija, la variación de existencias, el gasto público y la exportación neta.

Vamos así llegando a un punto en que el universo informativo macroeconómico va cerrándose y rodeándose de incertidumbre, lo que va colocando al país en un punto que se torna lejano con la búsqueda de la verdad estadística. Además, se percibe cierto desconocimiento de los métodos que se siguen para hacer algunas de las estimaciones no oficiales y resulta obvio que su vínculo operativo con instituciones internacionales no llega a darse, al menos de modo oficial. Puede decirse que el Informe Económico del BCV, de una periodicidad anual, ya ha experimentado su desaparición, desde hace una década (2012), privándose así al público de una información que se consideraba de muy alta confiabilidad, incluyendo su inapreciable anexo estadístico. Del mismo modo, el INPC representa otro indicador clave que se ha visto malogrado. Tras la aparición del fenómeno de la hiperinflación, a fines 2017, cuando su presentación periódica hizo mutis, dejando a muchos agentes económicos ayunos de esa información.

En este caso, tal desaparición dio origen a problemas que se tenían para honrar determinados cumplimientos fiscales, así como también para la actualización de contratos regidos por alguna fórmula de indexación. Dicha situación dio origen a una proliferación de índices de precios al consumidor, gestionados, en su mayoría, por entidades del sector privado, que arrojaban resultados también disimiles.[57] Adicionalmente, se tenía el IPC estimado por la Asamblea Nacional- 2015, índice que también denotaba ritmos diferentes respecto al de las otras estimaciones.   Una vez vencida la manifestación hiperinflacionaria, al tenor de la métrica establecida por Phillip Cagan (50%, o más, intermensual), el BCV reanudó la publicación del INPC. No obstante, las fuentes privadas continuaron produciendo estimaciones del mismo indicador, no se sabe si por inercia, en las que nuevamente se presentan distancias importantes entre sus resultados y los del índice oficial. De los demás índices de precios –al por mayor, precios al nivel de productor de la industria manufacturera, valores unitarios de exportaciones e importaciones, deflactor implícito del PIB, PIB nominal–, muy poco se sabe. No se conoce tampoco de la existencia de una información relativa al comercio exterior, que incluya, en forma desagregada, todo el intercambio comercial del país, por países, por tipos de bienes y por numerales arancelarios. Para aproximarse a un dato aproximado del total de importaciones de mercancías, se suele apelar a estadísticas sobre las exportaciones provenientes de otros países, que son dirigidas hacia Venezuela. Menos se sabe en relación a las importaciones de servicios no factoriales, tales como fletes, seguros, otros.

El dato de exportaciones, no controladas, no resulta tampoco conocido, pese a que de él forman parte rubros que parecen haber alcanzado cierta significación, tales como el contrabando de oro y de otros minerales provenientes de la minería ilegal (diamantes, coltán), el contrabando de extracción, de gasolina y también el de ganado. Tampoco se conoce de alguna valoración oficial relativa al comercio de sustancias psicotrópicas que circulan desde Colombia. La data relativa al quantum de exportación petrolero discurre dentro de imprecisiones debidas a la existencia de datos de producción que son también disímiles, como ya se dijo (registros oficiales en la OPEP, de fuentes secundarias), mientras que la cuantificación de precios petroleros parece haber perdido exactitud. Como se sabe, las sanciones económicas impuestas a PDVSA, desde 2019, dieron origen a técnicas de evasión, en la comercialización del crudo y gasoil, que hicieron más opaca dicha información, habida cuenta de los descuentos que debieron ser otorgados.

La información relativa a la balanza cambiaria dejó de publicarse desde hace mucho tiempo. Ahora solo se dispone de una data fragmentaria, relativa a los valores negociados en los mercados de divisas autorizados, pero se carece de una tabla integrada que sea comprensiva para el universo de todos los flujos. La cuantía de divisas negociadas en el mercado informal siempre ha representado un secreto bien guardado. Se carece de registros de la balanza internacional de pagos, estadística que resulta fundamental para valorar el grado alcanzado por la restricción financiera externa del país. La cifra de reservas internacionales, aunque se publica regularmente, a veces ofrece dudas, ya que no viene acompañada de notas técnicas en las que se precise el tratamiento estadístico seguido para la valoración del oro monetario, ni para las relaciones de éste con el oro mercancía, así como lo que concierne a los cambios en la posición neta con el FMI. La importante estadística acerca de la posición financiera externa de Venezuela también dejó de publicarse. Solo se llega a alguna pálida información parcial, rastreada en las tablas del BIS, que sirve acaso de información parcial.

En el país no se han efectuado censos económicos desde hace varias décadas y, además, la encuesta industrial dejó de levantarse tras su interrupción en tiempos de la OCEI, del mismo modo, la información sobre las cantidades físicas de los distintos renglones productivos sólo alcanza a obtenerse de modo fragmentario y sin una conexión explícita con las cuentas nacionales. No hay estadísticas oficiales relativas al mercado de trabajo, en las que pueda conocerse información sobre el empleo y desempleo por sectores económicos, así como de las remuneraciones pagadas. Se intenta ahora construir una serie paralela, agenciada por iniciativa privada. Las estadísticas de finanzas públicas prácticamente han dejado de publicarse, con la excepción de los datos ofrecidos por el SENIAT, relativos al ingreso fiscal no petrolero. Se desconoce el régimen efectivo que se sigue para el pago de la regalía petrolera y los impuestos a la actividad petrolera. Las tablas con información relativas a los pagos fiscales, que publicaba PDVSA, dejaron también de presentarse, del mismo modo que la cifra acerca del financiamiento de las llamadas “Misiones”.

El gasto público total y su composición constituyen otro secreto estadístico. A lo sumo se dan informaciones puntuales, relativas a los sucesivos pagos que se hacen de bonos otorgados a funcionarios del Estado y al personal jubilado, pero sin que se disponga de una información estructurada, que tenga un orden y secuencia cronológica. Sencillamente no se dispone de una serie de tiempo de ese indicador, lo que se hace ahora más complicado por los pagos en moneda nacional y en divisas. Para reparar esta insuficiencia, a veces se apela a estimaciones del nivel y variación del gasto pagado del gobierno central, a partir de movimientos en la liquidez bancaria, pero nada se sabe del resto del sector público.

De modo que no llega a hacerse posible el conocimiento del déficit fiscal, del gobierno central, y, mucho menos, el del sector público consolidado, pese a que se trata de informaciones que resultan vitales para el manejo de la política económica. Probablemente tales datos sí sean conocidos al interior de la alta administración pública, pero no son objeto de publicación.  

Todos los coeficientes que se manejan (déficit público como porcentaje del PIB, deuda pública/ PIB, etc.), se corresponden a datos procedentes de estimaciones privadas, que son muy diferentes entre sí, tanto del lado del numerador, como del denominador. La información sobre la deuda pública, la que ofrecía el despacho de Finanzas, también experimentó su desaparición, por lo cual se desconoce su saldo y la cuantía del servicio de deuda externa acumulado, después del default de la deuda pública externa titularizada. Todo se limita a estimaciones, que se hacen incluyendo las que preparan bancos y tenedores de deuda pública externa venezolana[58]. Se desconoce la evolución del saldo de la deuda pública bilateral contraída con China y otros estados.

Toda esta desmejora cabría atribuirla a la pérdida de integridad que ha experimentado el sistema fiscal, comenzando con lo que correspondía a la gestión fiscal, aquella fundada en la Ley de Presupuesto, de cada año, que se vio menoscabada por el establecimiento de varios presupuestos paralelos[59], no previstos en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública, a través de los cuales el poder ejecutivo pudo disponer de holgadas fuentes de financiación de gastos extrapresupuestarios, en  montos que fueron considerables., sin  que hubiese ningún escrutinio público, ni tampoco rendición de cuentas. Las distorsiones creadas como parte de la crisis económica sistémica, desplegada desde 2014, han devenido en la aparición de varios registros estadísticos sobre la deuda pública, por iniciativa privada, que no están siendo reflejadas en la estadística oficial.  Entre las estimaciones que parecen tener mayor fundamento se encuentra la ofrecida por TORINO CAPITAL.

No se dispone de una cifra oficial que pueda dar cuenta del valor de las remesas netas de inmigrantes, venidas al país, pese a la enorme magnitud de la población económicamente activa venezolana situada en el extranjero, en su defecto solo se sabe de estimaciones gruesas realizadas por analistas privados.

La cifra de la población venezolana que ha emigrado al extranjero no se encuentra recogida explícitamente dentro de las estadísticas demográficas llevadas en el país. Solo se dispone de la obtenida desde otras fuentes, muy diversas, entre ellas algunas de origen internacional, que denotan guarismos muy elevados, que se mueven en un rango estadístico que resulta inaceptable, llegando ya a hablarse de 10 millones de personas. 

Más recientemente, se ha publicado en CONSULTORES 21, “Diáspora, Servicio de Análisis de Entorno, N°13”, julio, 2022, una información en la que se  indica que la población venezolana en el extranjero se situaría en alrededor de 5.801.314 personas, para junio 2022 (17,5% del total de población 2021, proyectada por el INE).

En Venezuela funciona un sistema monetario dual, lleno de imperfecciones. Junto al de la moneda de curso legal, el del “bolívar digital”, cohabita un acervo y flujo de moneda extranjera, principalmente de dólares estadounidenses, cuya dimensión y composición completa se desconoce, en cuanto se refiere al acervo total y a los flujos de entrada y salida, por categorías[60].  Apenas se dispone de alguna estimación parcial, de una fuente privada, que está referida al porcentaje de pagos que se hacen en el comercio, con papel moneda extranjero, dólar estadounidense u otra divisa de reserva, pero se carece de una estadística de agregados monetarios, en moneda extranjera, que pueda considerarse integral y que sirva para hacer una valoración más completa de las relaciones entre el dinero y los precios.

Como es bien sabido, la disposición de buena información numérica, mejor aún de un sistema estadístico integral, constituye un prerequisito esencial para que cualquier economía pueda desenvolverse de un modo confiable, al menos en lo que hace a su proceso de toma de decisiones, tanto en el ámbito microeconómico, de las empresas y hogares, como el macroeconómico atinente al sector público. Los estudios de mercado, a partir de los cuales se estructuran las decisiones para determinar la factibilidad de nuevas inversiones, requieren del apoyo de una buena base de datos de la economía real y nominal, del mismo modo que se necesita para la toma decisiones en todo el ámbito financiero, no solo de las empresas, sino de los movimientos patrimoniales de las personas naturales. No es posible hacer política macroeconómica sin la disposición de sistemas de estadísticas agregadas que sean integrales y confiables, como tampoco programación monetario-financiera. Tampoco se puede emprender planificación económica alguna sin la data necesaria para darle sustento al conjunto de objetivos estratégicos y metas. Mucho menos se puede hacer investigación económica, si se carece de las series de tiempo que sirvan para fundamentar la verificación empírica de las hipótesis.

El análisis coyuntural y estructural de la economía nacional, sea como un todo, o el de alguno de sus componentes sectoriales, no puede abordarse con propiedad si no se dispone de una estadística actualizada, consistente y oportuna.  Dicha dificultad se hace extensiva a la construcción de modelos econométricos y también para los levantamientos de las muestras, ya que no se cuenta con bases censales. La indisposición de una buena base estadística hace que las comparaciones internacionales con Venezuela se vean oscurecidas, alejándose muchas veces de la verdad, pues se comparan datos confiables, elaborados en otras latitudes, con datos que no siempre reúnen el mismo estándar.

©Trópico Absoluto

Notas

[1] OEBR. Versión preliminar, terminada en agosto, 2022, sujeta a revisiones y rectificaciones ulteriores

[2] A comienzos de este año cobraron mucho relieve varias estimaciones presentadas de las principales variables de la economía venezolana durante 2021, e incluyendo, en algunos casos,  sus pronósticos para 2022.  

[3] Más recientemente, el presidente de la República ha hecho saber que muy pronto el BCV dará a conocer las cifras de este indicador, lo que pondría término a tres años y varios meses sin la disponibilidad de esta información

[4] La última información del PIB, a precios constantes, por sectores institucionales y por actividad económica,  se realizó en mayo de 2019. En el caso de las estadísticas del Sector Externo no se conocen cifras de la Balanza de Pagos, Posición de Inversión Extranjera, Deuda Externa, Comercio Exterior desde el primer trimestre de 2019. No se publican índices mensuales de precio, volumen y valor de la industria manufacturera y del comercio desde enero de 2019. No se publican los índices trimestrales de las Remuneraciones a los Asalariados. Las estadísticas del índice nacional de precios al consumidor se publican con irregularidad, actualmente se desconocen los resultados de junio y julio de 2022.

[5] En fecha más reciente, el OVF ha anunciado una estimación del crecimiento del PIB, para el primer semestre 2022 (12,3%), utilizando su “Indicador Mensual de Actividad Económica”

[6] Véase en PRODAVINCI en Twitter, “Qué esperar de la economía venezolana en 2022”

[7] PDVSA publicó sus últimos reportes de Gestión e Informe Financiero en el año 2016. 

[8] El INE tiene un rezago en la publicación de las siguientes estadísticas: Hogares pobres por tipo de método, según año (2013), Hogares pobres por ingreso (IS 2015), Hogares pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas, según indicador (2019), Tabulados Básicos de la Fuerza de Trabajo (IT – 2020), Población de 15 años y más ocupada, según sector empleador y rama de actividad económica (IIS- 2018), Población de 15 años y más en la fuerza de trabajo, según población (diciembre 2018)

[9]  Torino Capital, Venezuela Red Book, 1Q, 2018

[10] FMI, Declaración del directorio ejecutivo sobre la República Bolivariana de Venezuela, FMI, mayo 2, 2018

[11] Véase en Microeconomía, de R.S. Pindick y D. L. Rubinfeld , un desarrollo sobre la teoría de los bienes públicos (pp. 580-586)

[12] Unión Europea, véase Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, www.eu.org

[13] Un ejemplo que ilustraría tal modalidad de información podría ilustrarse bien con una que fuera llevada por CAVEINEL (Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica), en los tiempos en que funcionaban empresas eléctricas privadas., lideradas por la Electricidad de Caracas (EDC)

[14]  La información aportada por FUNDACONSTRUCCIÓN puede considerarse un ejemplo representativo del tipo de datos anotados producida por una ONG, con alta calidad. En este caso valga recordar el aporte profesional brindado a esa institución por la profesional de la estadística, Milagros Negrón

[15] Me parece justo recordar el papel pionero desempeñado en Venezuela por Carlton Prunhuber (REVISTA ECONOMÍA VENEZOLANA, 1966- 2005) y Robert Bottome (VENECONOMÍA, 1982), junto a Joseph Mann y John Sweeny, con las primeras ediciones de publicaciones especializadas sobre la economía venezolana, bajo el sistema de suscripción. A ellos, pudo seguirle, tiempo después, el importante esfuerzo emprendido por los economistas Pedro Palma y Cristina Rodríguez, con su publicación METROECONÓMICA, que se veía acompañada del servicio de proyecciones de variables macroeconómicas, como parte del apoyo brindado por la econometría, en cuya aplicación se destacaron como sus iniciadores dentro del país

[16] Un ejemplo podría serlo el del EMBI (Emerging Market Bond Index) de J.P Morgan, que representa un indicador original de esa firma, mediante el cual se busca hacer la medición del riesgo país

[17] Incluye métodos básicos, entre los que se incluyen las técnicas de suavización (promedios móviles, suavización exponencial), filtración adaptativa, regresión y correlación, descomposición de las series de tiempo, estimaciones subjetivas y aproximaciones cualitativas. Véase S. Wheelwrigth, S Makridakis, Forecasting Methods of Management, John Wiles and Sons

[18] Se suele distinguir entre la econometría asociada al desarrollo de métodos para la verificación empíricas de teorías económicas, apoyándose en la estadística matemática, y la econometría aplicada, usada para estudiar observaciones de la economía positiva, orientadas a la predicción de determinadas variables y a ejercicios de simulación con fundamento en modelos econométricos

[19] La data oficial de crecimiento trimestral del PIB estadounidense, preparada por el U.S. Bureau of Economic Analysis, adolece de una limitación, ya que su entrega no puede hacerse en tiempo real. A fin de aminorar ese vacío temporal de información, el Federal Reserve Bank of Atlanta[19]  prepara el GDPNow, el “nowcast” del referido indicador, un proxy en tiempo real, valiéndose de un modelo de pronóstico del presente. Dicha medida se sustenta en la data periódica disponible durante el trimestre en que se hace la estimación, sin que en su elaboración se haga uso de ajustes subjetivos, obedeciendo solamente a los resultados matemáticos del modelo. Véase también Pat Higgings, “Going inside GDPNow www.atlantafedorg,CDPNow, quien destaca que, en el caso de algunos modelos parecidos adoptados en Europa, si parece guardar importancia el juicio subjetivo

[20] Un caso que ilustra tal determinación puede serlo el del IPC en Argentina (Administración Cristina Kirchner), cuando el indicador oficial perdió su representatividad, debiendo ser sustituido por otro tipo de mediciones paralelas.

[21] Entendidas las plataformas digitales como una arquitectura tecnológica  que funciona como eje organizador (hub) en un ecosistema con efectos de red, recursos, transacciones entre los participantes. Ella  permite el desarrollo de sus propias funciones informáticas, permitiendo integrar tecnologías de información, informática y conectividad. Termina representando un modelo de negocios que crea valor mediante la facilitación del intercambio, Véase F. Da Silva y G. Nuñez Reyes “La era de las plataformas digitales y el desarrollo del mercado de datos en un contexto de libre competencia”, Naciones Unidas CEPAL, diciembre, 2021

[22] De los ecosistema se habla como un grupo interdependiente de actores que comparten plataformas digitales estandarizadas para lograr propósitos mutuos

[23] Por el índice de capitalización, varias de ellas se encuentran entre el top de las diez más grandes del mercado bursátil

[24] La velocidad del cambio técnico asociado a la digitalización marcha siempre unos pasos por delante de la capacidad de los estados nacionales para dictar legislaciones que sean capaces de canalizar constructivamente el manejo de la nueva data

[25] The real-time revolution. Enter third wave economics. How the pandemic reshapes the dismal science”, The Economist, October 23rd 2021, ()

[26] Digital Economic Lab. HAI. Standford Universitý. Destacan proyectos de investigación, tales como los referidos a What is the value of data”, Measuring, predicting and assessing the diffusion of data-driven decision making”, “GDP B: A new well-being metric in the era of the digital economy”

[27] Allí se hace referencia a las etapas en las que prevalecieron los llamados  “lobos solitarios” (Adam Smith y teóricos subsiguientes), con más manejo deductivo que de verificación empírica, la de los teóricos ya envueltos en trabajos en colaboración, dotados del auxilio que les proporcionaba el mayor poder explicativo proveniente del desarrollo de los métodos cuantitativos más sofisticados, tal como los ofrecidos por la econometría.

[28] En el caso venezolano se contaba con un personal idóneo, dotado de competencia técnica en métodos estadísticos, para lo cual se disponía, desde principios de los cincuenta, con el aporte que brindaba la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, así como de la participación de profesionales de la economía, ya formados, no sólo del conocimiento de métodos estadísticos, sino también de las enseñanzas originadas desde la cátedra de Contabilidad Social,  promovida inicialmente en la Escuela de Economía, perteneciente a  la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales , UCV.

[29]Al respecto, puede hacerse mención, en el caso de España, de la existencia de un código de Conducta Ética en el INE, destinado a prevenir la corrupción, el acoso laboral, la difamación, fundamentado en el Código de Conducta Ética del Servidor Público aprobado según decreto N 36-2007 (octubre, 24, 2007)

[30] Una excepción histórica de este requisito lo pudo representar el caso de las mediciones pioneras del Ingreso Nacional,  efectuadas en Inglaterra , con participación destacada de Richard Stone, Premio Nobel

[31] Quepa mencionar, solo a modo de ilustración, el aporte brindado por la Oficina de Estadísticas de Naciones Unidos, con su Manual de Cuentas Nacionales, incluidas las sucesivas revisiones, así como del FMI, en lo que se refiere al Manual de la Balanza Internacional de Pagos, o, también, la contribución  del Buró de Censos de Estados Unidos, en lo que concierne a la elaboración de los  índices de precios

[32] En algún momento llegué a conocer, de primera mano, momentos de desencuentros en cuanto se refiere a la data macroeconómica, por ejemplo, a la medición del crecimiento económico, a través de la variación anual del PIB real. Aunque el BCV representaba el organismo nacional competente, al menos ante la Oficina de Estadística de la ONU, no siempre el dato numérico obtenido resultaba congruente con la creencia gubernamental, situación que exigió, en sus momentos, intercambios técnicos destinados a aclarar y resolver divergencias, algunas veces con respecto a la data ad hoc levantada por el gobierno, siempre dentro de un diálogo de alto nivel técnico

[33] En el caso español parecen haberse dado algunos desencuentros recientes, entre el poder ejecutivo (Vicepresidencia de Economía) y el INE, en cuanto se refiere a datos sobre el crecimiento económico y también el IPC. Dicha situación ha llevado, finalmente, a la separación del director del INE. En este caso, ¿Se ha resentido la credibilidad del sistema estadístico?,  ¿Queda bien parada la verdad estadística?

[34]  Library of Congress, https://catalog.loc.gob

[35] Jorge Días (www.jorgedias7.wordepress.com), 2015

[35] Quepa también mencionar el aporte de otros distinguidos catedráticos, entre quienes se cuentan el estadígrafo Antonio Repisos Granados., el actuario Víctor Masjuan Teruel, el economista Raniero Egidi Belli, así como el estadígrafo Ernesto Rivas González, quien ocupó la dirección de dicha Escuela durante doce años (1959- 1971)

[36]  Una modesta vivienda situada en la parroquia de San José de Caracas, lugar donde se recibían, además de la Carta Semanal del MMH, dos estupendas publicaciones: la Revista Nacional de Cultura, editada por el Ministerio de Educación y “El Farol”, publicación mensual de la Creole Petroleum Co. (EXXON) en la cual colaboraba, en tareas de diseño, nuestro universal artista Carlos Cruz Diez

[37] https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm

[38] Bajo dirección estuvieron, entre otros, los destacados  economistas Ramsey Michelena y Reinaldo Figueredo Planchart

[39] FEDEAGRO viene  llevando un registro de 12 cultivos del subsector agro vegetal

[40] “Sistema de Cuentas Nacionales y Correspondientes Cuadros Estadísticos de las Naciones Unidas (SCN), 1953 y sus revisiones posteriores

[41] A esta lista cabría agregar la de otros destacados técnicos que llegaron a ocupar posiciones descollantes en la gestión de la contabilidad agregada producida por el BCV. Valga mencionar, entre otros, al economista Alcides Villalba, a cargo de los registros de la balanza de pagos, a quien le hacían compañía los economistas Manuel Lander y German Utrera. También, de promociones posteriores de economistas, no pueden dejar de mencionar a los economistas Angel Boet y Trino Valerio, a quienes correspondieron tareas importantes asociadas con el cambio del año base del SCN

[42]  Aun a riesgo de dejar de hacer mención del importante papel desempeñado por  otros técnicos del BCV, dejo constancia, en este escrito,  del invalorable aporte que fuera dado por un grupo de muy destacados estadígrafos, entre los cuales descuellan Antonio José Fernández, Modesto Freites, Carlos Hernández Delfino, Freddy Garrido, Abdelkarder Sánchez, Oswaldo Delgado, Luis Armando Rodríguez, en tanto que, en la preparación de los índices de precios, resultó invalorable el esfuerzo de estadígrafos de mucha  valía como Félix Noel Franco, Nelson Morillo y también del economista Carlos León, entre otros.

[43] En este trabajo destacaba un competente grupo de economistas, entre cuyos nombres ahora  recuerdo a  Ignacio Antivero, Mercedes Perrone, Francisco Tamayo, Rafael Duran, Ángel David Mendoza

[44] Preparado por el economista Julián Fajardo Lotufo

[45] A comienzos de los años ochenta, contando con esta información pudo prepararse el Programa Económico Cuantificado (PEC), con la participación del Ministerio de Hacienda, OCEPRE, CORDIPLAN y BCV. Allí se daban cita destacados economistas al servicio del estado venezolano, como Jorge Marcano, Jesús Guerra, Ricardo Haussman, Pedro Rosas Bravo. Dicho trabajo estaba destinado a respaldar las gestiones de reestructuración de la deuda pública externa con el Comité de Bancos Acreedores, presidido por Chase Manhattan Bank. Dicha iniciativa muy bien puede considerarse como un antecedente al trabajo técnico que se hizo posteriormente para instrumentar el programa de ajuste macroeconómico, acordado con el FMI, en 1989

[46] Creo recordar que en su elaboración tuvieron activa participación varios distinguidos economistas, entre los que se cuentan, Marcos Sandoval y Hugo Romero Quintero

[47] Este proyecto estuvo dirigido por el economista Pedro Rosas Bravo, adscrito entonces a la plantilla técnica del BCV

[48] Dicha publicación contó también con la participación de un destacado grupo de técnicos de esa institución, entre los cuales cabe mencionar a las economistas Mireya de Cabré, América de Schwarts  y, también, al economista Luis A. Peláez, uno de  los mejores conocedores de la información sobre agregados monetarios*

[49] Reimpreso en 1984

[50] Después de una primera edición, se hizo una segunda, para un lapso ampliado de las series de tiempo, que se extendieron hasta 2008, bajo el sello de Ediciones ARTESANOGROUP

[51] Para este momento se transitaba por la tercera generación en el desarrollo de los ordenadores, al incorporarse los primeros procesadores comerciales (INTEL 4040, 1971) y microprocesadores, así como por el impulso tomado por la industria del software (sistemas operativos, utilitarios), todo lo cual configuraba las bases para que fuese madurando un cambio técnico de gran relevancia, en el ámbito de la informática. Se estaba todavía en los albores de la digitalización que iba a desplegarse, con la cuarta generación.

[52] Entre los estadígrafos que dieron sustentación técnica a dicha encuesta cabe recordar a Félix Leonardo Seijas, además de Jorge García Duque, quien ocupaba un alto cargo en el Ministerio de Fomento

[53] Véase Ministerio del Poder Popular de Planificación, INE, “Estadísticas de pobreza 1998- 2018”, basado en Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM). Allí se computa una reducción del índice de pobreza, desde 2013 (19,6%) a 17,3% (2018), algo difícil de entender si se toma en cuenta que durante ese período aconteció un hundimiento del nivel de actividad económica en el país

[54] Mención especial merece, en este notable esfuerzo, el aporte técnico d el sociólogo Luis Pedro España, reconocido especialista en temas sociales y  de políticas públicas

[55] Gaceta Oficial del 23 de septiembre 2019

[56]Cabe destacar que la información periódica proporcionada por la SUDEBAN, en su página web, dentro de la que destacan su Boletín Trimestral, la Evolución de la Cartera de Créditos, entre otras tablas importantes. A este respecto, se hace merecedor de mención el esfuerzo de sistematización e interpretación de la información financiera de parte de algunas consultorías privadas. De entre ellas,  destacaría la que se hace desde Síntesis Financiera, valiosa publicación de análisis económico, desarrollada bajo la sucesiva dirección de dos prominentes economistas, de gran integridad profesional, como lo son, Ruth Krivoy y Tamara Herrera

[57] Además de las ya mencionadas firmas de inteligencia económica, cabe recordar las estimaciones privadas pioneras que fueron realizadas por el CENDAS (Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, 1984), relacionadas con la medición mensual de la canasta alimentaria (con 60 productos representativos del valor calórico, desde 1998) y, en años más recientes , de parte de CEDICE (Inflaciómetro medición de una, canasta de 61 bienes y servicios). A esto se ha agregado la llamada “Cesta Petare”, una medición de la variación semanal del precio de ocho productos, como iniciativa atribuida a Oscar Schemel

[58] A cierta altura comenzaron a conocerse de varias estimaciones relativas al  grado de endeudamiento del sector público, en las que se incluía, además de la deuda pública reflejada en la estadística oficial, otras categorías de deuda pública como, por ejemplo, las obligaciones surgidas por los fallos asociados a los arbitrajes internacionales (CIADI y otros), la deuda asociada a operaciones de pignoración de reservas internacionales, las obligaciones de venta de divisas a empresas que habían cumplido con los requisitos previstos en el control de cambios y/o que habían prestado servicios (caso de líneas aéreas), variantes de deuda flotante, deudas contraídas por PDVSA con los socios extranjeros en sus filiales y/o con empresas de outsourcing petrolero

[59] Una variedad estuvo constituida por la delegación que se hizo a la empresa petrolera, PDVSA, para que atendiera varios programas de gasto social, de origen gubernamental, comprendidos dentro de la figura de las llamadas “Misiones”. Otra se correspondió con el presupuesto paralelo conducido a través del Fondo Nacional de Desarrollo (FONDEN), alimentado con la confiscación parcial de reservas internacionales del BCV y los aportes obligatorios impuestos a PDVSA.  Además de esto, se dispuso de los fondos obtenidos a través de los préstamos otorgados por el gobierno de China, bajo la forma de cofinanciamiento con el BANDES, que pudo constituirse, también, en un espacio destinado a la movilización de recursos de la hacienda pública que no pasaban por los controles habituales aplicados a los fondos previstos en la Ley de Presupuesto Nacional.

[60] Se conocen los depósitos en moneda extranjera efectuados por el público en bancos (cuentas 20, cuenta de libre convertibilidad, en efectivo, así como efectivo mantenido en bóvedas), pero se desconoce el acervo y flujo total en manos de los agentes económicos no financieros. 

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