Venezuela: pandemia en autoritarismo

La evolución de la pandemia de la Covid-19 en Venezuela ha sido resultado de decisiones y acciones públicas enfocadas más en proteger, preservar y fortalecer el régimen de Nicolás Maduro, que en frenar la expansión del virus o defender a la ciudadanía. La opacidad, ineficiencia y desorden con que se ha actuado responde a cálculos políticos destinados a favorecer las incertidumbres y miedos que acompañan la pandemia, que podrían, de lo contrario, debilitar, desestabilizar, o desplazar al gobierno del poder.

En este artículo expondremos primeramente el contexto de la crisis humanitaria compleja que enmarca la llegada de la Covid-19 a Venezuela, para situar allí los principales condicionamientos que han orientado las decisiones y acciones públicas. En segundo lugar, presentamos decisiones y narrativas del gobierno de Maduro en los primeros meses de la pandemia. Estos apuntan a aprovechar el evento sobrevenido para concentrar más el poder político en torno al Ejecutivo, profundizar los controles sociales y políticos sobre la población y apoyar a aliados internacionales en sus mercados de medicamentos, equipos e insumos para combatir la enfermedad. En tercer lugar, revisaremos las vicisitudes que ha enfrentado el Plan Nacional de Vacunación elaborado en la Mesa Técnica Nacional para el Acceso al Sistema COVAX en 2021 (en adelante Mesa Técnica COVAX), cuyas opacidades y retardos revelan también intereses distintos a los de defensa de los derechos de la población. Terminamos con unos comentarios finales.

Este artículo se apoya en material hemerográfico, bibliográfico, documental y entrevistas a personas involucradas en las acciones públicas hasta ahora realizadas. Estas fuentes se han analizado y cotejado entre sí para obtener una perspectiva veraz sobre el desarrollo de dichas acciones. Venezuela es un país donde pulula la desinformación, aupada tanto por un régimen autoritario hegemónico como por posiciones polarizadas de distintos actores y medios. El artículo continúa lo trabajado en uno previo, que estuvo focalizado en las primeras medidas tomadas en 2020 por el régimen, así como por la Asamblea Nacional (AN 2016) y su presidente, el diputado Juan Guaidó, que representaba entonces a la principal oposición política (ver López Maya, 2020a). Dicha AN2016, cuyo período finalizó en enero de 2021, había establecido un gobierno interino, paralelo al de Maduro, sin mayores recursos ni poder, pero reconocido por más de cincuenta países de la comunidad democrática internacional. Esta AN2016 también desarrolló algunas iniciativas.

La emergencia humanitaria compleja

La pandemia llega al país tras años en que organismos nacionales e internacionales han reconocido que Venezuela padece una emergencia humanitaria compleja.[1] La población está sometida a un conjunto de crisis multicausales y multidimensionales, que incluyen el colapso de la economía, de servicios públicos básicos como agua potable, energía eléctrica y transporte, así como del sistema de salud pública. La emergencia también incluye desarreglos profundos de la esfera política que se expresan en un régimen autoritario hegemónico longevo, crecientemente sostenido por mecanismos de control social, coacción y terror (Magdaleno, 2021, López Maya, 2021).

Tres años antes del arribo de la Covid-19, en marzo de 2017, en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de DDHH de Naciones Unidas, el activista social venezolano Feliciano Reyna se refirió con detalle a esta emergencia humanitaria compleja (Reyna, 2017). Como vocero de más de 170 organizaciones enfocadas en el derecho a la salud en Venezuela, instaba al gobierno de Maduro a “aceptar la cooperación internacional humanitaria para evitar más daños irreparables y pérdida de vidas, particularmente en niñez y adolescentes, embarazadas, personas mayores y con condiciones de salud crónicas, indígenas y personas privadas de libertad”.[2] Ya en 2016, la AN2016 también había declarado una emergencia humanitaria en el sector salud, dada la escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura sanitaria.[3]

Cuando el 13 de marzo de 2020 se declara oficialmente el arribo a Venezuela de la Covid-19, los desarreglos de la economía, los servicios públicos y otros ámbitos de la gestión del Estado seguían deteriorándose y alcanzaban ya una situación catastrófica. Habían transcurrido ya siete años continuos de contracción de la producción. Al cierre de 2020, el achicamiento del PIB con relación a 2013 llegaba al 80%, se estaba en el tercer año de hiperinflación y entrando al cuarto.[4] Desde 2018 se estaba produciendo una dolarización caótica de la economía y se habían desplomado los salarios, que calculados en bolívares carecían prácticamente de poder de compra.[5]

Desde 2014, el gasto público se había reducido al 1% del PIB, uno de los más bajos del mundo, afectando toda la infraestructura del Estado (España, 2020). En el sector salud, en específico, la continua escasez de medicamentos, suministros, y la rápida emigración del personal sanitario calificado ha sido un fenómeno continuo desde entonces. Ese año el gobierno privatizó el acceso a la salud por medio de la universalización de pólizas privadas de seguros entre empleados públicos, lo que provocó el fuerte declive hasta derrumbarse del sistema público. Al llegar la Covid-19, el 81% de la población dependía de este sistema público incapaz de darle servicio (Ídem). La mortalidad general, la infantil y la materna habían regresado a números de cincuenta años atrás. Se había producido una «normalización con un desabastecimiento rondando el 40%” (Encuesta Nacional de Hospitales).[6] En 2019, la ONG venezolana Médicos por la Salud, encontró que solo el 9% de los hospitales estaban dotados de servicio de agua “regular y continuo”. La crisis eléctrica, por su parte, llegó a un pico en marzo de 2019 cuando se produjo el gran apagón, por fallas del sistema nacional, que dejó a los 23 estados del país y al distrito capital sin energía por una duración entre cinco y siete días continuos.[7] A fines de ese mismo mes se produjo un segundo apagón que abarcó dieciséis estados y tuvo una duración más corta. Tuvo efectos devastadores en hospitales, clínicas, industrias y transporte, produjo saqueos a nivel nacional, principalmente en el estado Zulia. Aunque después no se ha repetido un apagón de esta proporción, cortes de luz imprevistos de varias horas diarias y/o racionamientos pasaron a formar parte de la cotidianidad del país.[8] La pandemia no pudo llegar a peor hora.

La emergencia humanitaria compleja se resume y expresa dramáticamente en la masiva migración de venezolanos hacia el exterior en estos años en busca de oportunidades de futuro -empleo, seguridad, educación para sus hijos, etc.- que Venezuela no ofrece.

En el ámbito político, en 2016 el gobierno de Maduro pasó el umbral del autoritarismo competitivo al autoritarismo. En diciembre del año anterior –2015– se produjeron las elecciones parlamentarias, las últimas medianamente competitivas y transparentes de Venezuela, donde los partidos opositores se hicieron de la mayoría absoluta y calificada del Poder Legislativo.[9] A partir de entonces, el gobierno, consciente de que se había convertido en minoría, planificó abolir las ya muy debilitadas formas democráticas liberales del régimen político y fue cercando de manera planificada la AN2016 para impedirle cumplir sus funciones. A inicios de 2016 dictó un estado de excepción y emergencia económica, que prorrogó ininterrumpidamente hasta 2021. Con este instrumento “legal” fue dictando decretos para legislar desde el Ejecutivo y así obstruir cualquier intento de la AN2016 de cumplir sus facultades constitucionales.

En marzo de 2017, con dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), poder plegado a los intereses del gobierno, el régimen buscó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de diputados de oposición para someterlos a juicio y pasar las atribuciones del Poder Legislativo al TSJ. El argumento de los magistrados se basó en un supuesto “desacato” de dicha AN2016 hacia decisiones judiciales tomadas en 2015 contra diputados ya proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como vencedores en las elecciones parlamentarias por el estado Amazonas. Las sentencias, de dudosa legalidad, prendieron todas las alarmas de la comunidad internacional y provocaron que la Fiscal General de la Nación denunciara que se había producido una ruptura del hilo constitución. En qué momento –exactamente– pasó el gobierno de Maduro la barrera al autoritarismo es objeto de disputas entre expertos y analistas, pero existe alto consenso que, o bien en 2017, o bien en 2018, el régimen dejó atrás las ya muy precarias formas democráticas (López Maya, 2021).[10]

La emergencia humanitaria compleja se resume y expresa dramáticamente en la masiva migración de venezolanos hacia el exterior en estos años en busca de oportunidades de futuro -empleo, seguridad, educación para sus hijos, etc.- que Venezuela no ofrece. Muchos viven en condiciones precarias, sin derechos elementales ni empleos estables. Al cierre de 2019, esta migración se calculaba en más de cuatro millones y medio (OHCHR, 2019), de los cuales 1,8 millones se localizaban en Colombia.[11] En definitiva, Venezuela vivía antes del Covid-19 una situación catastrófica. El 2019 en particular se le señala como un año de inflexión, cuando se hizo evidente la extinción del “petroestado” y ocurrió el gran apagón. Actores y sociedad tomaron conciencia de su orfandad ante las inclemencias de la vida (Stock y Osío Cambrices, 2020).

La Covid-19 ¿Una bendición para la dictadura?

El gobierno de Maduro, desde muy temprano en 2020, aprovechó las condiciones de mayor incertidumbre y miedo que trajo consigo la información internacional que se propagaba desde fines de 2019 sobre la pandemia para intentar consolidar su objetivo de perpetuarse indefinidamente en el poder. Para ello decretó, el 13 de marzo de 2020, un nuevo estado de alarma en todo el territorio nacional, que se sobrepuso al Decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción, emitido en mayo de 2016.[12] Ese primer decreto tuvo su justificativo en lo que el gobierno llamó la “guerra económica” del imperio (EEUU) contra el gobierno de Maduro, a la cual ha responsabilizado de todos los desarreglos de la economía. Ese primer decreto sustrajo del Legislativo –donde las fuerzas opositoras tenían mayoría– sus facultades en materia económica y de seguridad, para otorgárselos al Ejecutivo (López Maya, 2021). Ahora, con el objetivo de proteger a la población de los riesgos que traía consigo la pandemia, se daba este segundo decreto, que restringía aún más los derechos ciudadanos.

A) El decreto: primeros pasos

Los derechos restringidos por el nuevo Decreto de Alarma fueron[13]:

• Uso obligatorio de mascarillas en determinados espacios públicos.
• Suspensión de actividades escolares y académicas a partir del 16 de marzo.
• Suspensión de todo espectáculo deportivo o que significara aglomeración de personas.
• Cierre de restaurantes, bares, teatros, auditorios, salones para conferencias, de fiestas, parques infantiles etc.
• Cierre de parques, playas, balnearios.
• Se ordena aislamiento de personas infectadas y cuarentena de las personas sospechosas de tenerlo.

El Decreto también dispuso que, en un acto posterior, se sumarían:

• Restricciones al libre tránsito, pero éste sería regulado por el presidente más adelante.
• El derecho a la libertad económica y al trabajo, salvo lo que dispusiera el presidente.
• La suspensión de vuelos todo el tiempo que el Ejecutivo lo considerase necesario.

Los últimos tres restringidos, que no fueron regulados en el decreto, se anotó que serían reglamentados más adelante a discreción del presidente. Esto hizo que el constitucionalista Allan Brewer Carias afirmara que, en la práctica, Maduro se otorgaba a sí mismo una ley habilitante para una vez más evadir los controles del Legislativo (Mónaco, 2020).

La prontitud del decreto y sus amplios contenidos parecieran orientados por cálculos políticos más que por los efectos que pudiera traer una pandemia que apenas empezaba en el país. Ya desde meses antes la población estaba restringida no solo en su movilidad, sino en todos sus derechos fundamentales. Y la pandemia no hizo más que profundizar esta situación.

Desde 2018, la gente estaba confinada a sus áreas de residencia por la escasez de gasolina. Desde entonces, no había suficiente combustible para una actividad normal del transporte público o para autos particulares (España, 2020). Muchas oficinas públicas y establecimientos comerciales trabajaban en días y horarios restringidos. Por otra parte, la crisis económica seguía escalando, sin aparente interés del gobierno en frenarla. Estos desarreglos se expresaban en el incremento de las protestas. Las fuerzas lideradas por el diputado Guaidó habían convocado para esos días de marzo, cuando se emitió el decreto, a una masiva manifestación de calle que hubo de ser cancelada (Soto y Vásquez, 2020). De esta forma, la pandemia le regaló al dictador una excusa para justificar un mayor control social y político, desmovilizando la protesta y potenciando las incertidumbres de la ciudadanía.

Así mismo, desde fines de febrero del 2020, el gobierno había comenzado la ejecución de ejercicios cívico-militares en una operación llamada Escudo Bolivariano (Mayorga, 2020). En esas actividades participaban milicianos, francotiradores, colectivos armados, sistemas de defensa antiaérea en los alrededores de los aeropuertos y tanques de guerra en las entradas a las grandes ciudades. Esta operación estaba programada para durar dos días. Sin embargo, al terminar ese tiempo, antes de la llegada de la pandemia, Maduro anunció nuevas actividades “sorpresivas”. Minutas de las policías y documentos militares indicaban que Escudo Bolivariano se prolongarí, de manera continua y por tiempo indefinido (Ídem). El día del decreto Covid-19, el Ministro de Relaciones Interiores informó que los organismos de seguridad del Estado pasarían a ser controlados por la FFAA para dirigir un solo plan de emergencia. El Ministro de Defensa también declaró que la FFAA controlaría el tránsito mientras la sociedad se acostumbraba al confinamiento (Soto y Vásquez, 2020). La pandemia justificaba una mayor militarización del país, en prevención de un estallido social que en virtud de la agitada situación el gobierno temía (Mayorga, 2020).

B) La narrativa oficial

Las primeras declaraciones de Maduro y los funcionarios civiles y militares de su entorno se centraron en construir una gran ficción: la de un país bien preparado para lidiar con la pandemia. El Ministro de Salud declaró el mismo día del decreto que los hospitales y centros de salud estaban perfectamente equipados, y el dictador aseguró que miles de pruebas para el despistaje procedentes de China estaban por llegar. Poco después Maduro hizo una aparición televisiva acompañado de una delegación de médicos cubanos.[14] Como parte de esta narrativa ficcional, también se quiso dejar asentado la teoría conspirativa sobre el origen de la pandemia. La Covid-19, dijo Maduro, podría ser un “arma de guerra contra China y contra los pueblos del mundo”.[15]

En contraste, en febrero, profesionales del sector médico y sanitario del país habían advertido que el colapso del sistema de salud no permitiría enfrentar la pandemia que se avecinaba, pues ni siquiera tenía controladas en algunos estados epidemias como la del sarampión y la malaria. Difundieron los primeros videos con información para prevenir, detectar y tratar el virus con la colaboración de epidemiólogos como Julio Castro, director de la ONG Médicos por la Salud, y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, quien luego fue puesto al frente de la Comisión de Expertos designada por la AN2016 para tratar todo lo relativo a la Covid-19.[16] Esta línea de declaraciones va a ser característica de la Comisión de Expertos y, en general, de políticos opositores que hacían vida en la AN2016. Sin embargo, su capacidad de alcanzar a la población del país era escasa debido a la hegemonía comunicacional que ejerce el régimen, que fue inmediatamente ahondada en los días iniciales de marzo.[17]

En efecto, el mismo día de las primeras declaraciones oficiales sobre la pandemia, el gobernador del Estado Zulia, del partido oficialista PSUV, afirmó en rueda de prensa que la información sobre el coronavirus era “un secreto de Estado” y pidió a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detener a un médico del Hospital Universitario de Maracaibo que habría señalado un caso sospechoso de virus.[18] En los dos primeros meses de cuarentena se registraron 12 detenciones de médicos y personal de salud por difundir información independiente.[19] El gobierno centralizó la información sólo permitiendo su divulgación por Maduro y dos de sus funcionarios más cercanos: Jorge Rodríguez, su Ministro de Comunicación e Información, y Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, hermanos entre sí. El Ministro de Salud pasó a un plano secundario. De allí en adelante son estas tres personas quienes aparecerán casi a diario articulando un discurso que pretende ser científico, aderezado con sensibilidad humana. Maduro, por ejemplo, se mostraba en cadena nacional reunido en el Palacio de Miraflores con miembros de su gobierno, todos con tapabocas y guardando el distanciamiento social. También aparecía con su esposa y funcionarios cercanos en la casa presidencial. Aconsejaba ver programas de Netflix y cantaba, imitando a Hugo Chávez. Maduro y los Rodríguez mostraban gráficos, con datos cuantitativos de cómo evolucionaba la infección en Venezuela. A veces, el ministro de Comunicación e Información, quien es médico psiquiatra, se presentaba con una bata blanca, queriendo sugerir que era experto en epidemias. Mientras, Maduro aseguraba que “estaba estudiando mucho” y compelía a sus ministros a hacer lo mismo. Con harta frecuencia se criticó a los países vecinos, capitalistas, y a EEUU –el imperio– por la manera de gestionar la Covid-19 y, por supuesto a los opositores políticos. Colombia fue y sigue siendo un blanco frecuente, donde se cuestiona su manejo del tema de la frontera, la migración y la pandemia (López Maya, 2020a).

El control de medios y actividades de desinformación son en Venezuela políticas de Estado. Desde el primer gobierno de Chávez se fue ampliando el control a los medios independientes, primero con una Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte, 2004), luego con el lanzamiento de la política de Nuevo Orden Comunicacional (Bisbal, 2009; Centeno Maldonado y Mata Quintero, 2017 y Cañizalez, 2021). Se reformó el Código Penal para incluir el delito de “terrorismo informativo”, se retiraron concesiones a medios considerados opositores y, gracias a una prosperidad petrolera sin precedentes, el gobierno compró canales de radio y televisión antes en manos de sectores privados, abrió otros nuevos o apoyó la compra de emisoras a empresarios pro gobierno (López Maya, 2020b). Así, el llamado Sistema Nacional de Medios Públicos en Venezuela es, en realidad, un amplio aparato propagandístico del gobierno que redujo a su mínima expresión el derecho a la libertad de expresión. Los dueños de medios privados independientes y/o opositores, están en su mayoría exilados. Algunos medios operan como redes desde el exterior. Hay estados del país donde sólo llegan las emisoras del Estado. Como alternativas independientes periodistas y portales noticiosos como El Pitazo, Runrunes, Efecto Cocuyo y Armando.Info, operan desde el exterior, pero muchos de ellos han sido bloqueados para que evitar ser vistos desde el país. El acceso a internet en Venezuela se ha achicado y deteriorado, por lo que su capacidad de llegarle a la población tampoco es amplia. Para 2021, solo quedan en todo el país 22 periódicos, de 122 que había hace siete años, una disminución del 83% (Reportes del SEIP, 18-08-2021). Espacio Público, una ONG dedicada al monitoreo de este derecho, registró entre enero y agosto de 2020, al comienzo de la pandemia,  747 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión y 110 detenciones, de los cuales el 28% eran periodistas (Soto y Vásquez, 2020).

Con esta realidad, el gobierno de Maduro ha realizado una puesta en escena donde reinan las medias verdades, las mentiras y las desinformaciones.

Como ilustración de lo que fue la tónica de las informaciones oficiales de los primeros meses de 2020 describamos la del domingo 22 de marzo de 2020:

Maduro, vestido de civil y con tapaboca, apareció rodeado de lo que llamó su equipo “cívico-militar-policial”, que es como llama a la Comisión Presidencial para la Prevención de la Covid-19 creada por él. Ese día también presentó un equipo de “científicos y profesionales», pero no dio sus nombres. Opinó que gobiernos “de derecha” como Colombia y Chile habían tomado de manera frívola la pandemia. En ese programa citó los trabajos de un supuesto científico venezolano, Sirio Quintero, a quien presentó como un “PH». Según Maduro, Quintero ha curado casos de cáncer y ha demostrado que la Covid-19 es un virus resultado de laboratorio y “producto de los núcleos de poder imperial”. Quintero habría encontrado una “cura natural”, comprobada científicamente, a base de malojillo, sauco, jengibre, miel, limones y pimienta. Maduro argumentó sobre la necesidad de integrar los conocimientos ancestrales, de los que llamó “nuestros sabios” con la medicina occidental. Anunció la distribución de nuevos bonos de dinero a través del Carnét de la Patria y apoyos gubernamentales para nóminas del sector privado y personas en la economía informal.[20] En programa posterior apareció bebiendo sorbitos del brebaje de Quintero y denunciando una conspiración en marcha, mientras daba la cifra oficial de afectados con el virus que ascendía a 91.[21]

En otros programas acusó al gobierno de Colombia de infectar a los venezolanos que retornaban a la frontera, inoculándoles el virus. Durante varias semanas él y algunos de sus funcionarios estigmatizaron a los infectados de Covid-19, llamándolos “armas biológicas” (Soto y Vásquez, 2020). En abril de 2020, la vicepresidenta Rodríguez afirmó que la curva ascendente de la enfermedad había sido completamente aplanada. Otra matriz de opinión posicionada en esos meses fue referirse al pésimo desempeño de los países capitalistas en el combate a la enfermedad, vis a vis la admirable actuación de los países aliados de Venezuela, sugiriendo que se debía a que eran anti-capitalistas: Rusia, China o Cuba.

C) Las cifras de la pandemia

Mas que cualquier otro país de la región, las cifras en Venezuela son inverificables. Al Estado venezolano, como ya señalamos, se le conoce por la alta capacidad de control mediático y la sofisticación de sus campañas de desinformación desde al menos 2010 (Puyosa, 2020). Así mismo, achicamientos de los espacios cívicos a través de la cooptación, coerción directa o indirecta, censura abierta, intimidación y acoso, violación de la privacidad, restricciones al financiamiento, violencia física, uso de procedimientos inconstitucionales y abuso de poder han sido el pan de cada día en el país antes de la pandemia y ésta sólo lo ahondó (Serbín, 2021). En 2019, un estudio de la Universidad de Oxford sobre el orden global de la desinformación ubicó a Venezuela entre 7 países que operan propaganda digital para influir en políticas extranjeras junto con China, India, Irán, Pakistán, Rusia y Arabia Saudita (Puyosa, 2020). Lo mismo puede decirse que opera en el plano nacional, donde la hegemonía comunicacional del gobierno es un hecho consolidado.

De esta manera, la información sobre los casos de infectados y muertes en Venezuela ha estado desde un principio centralizada por la presidencia. No existen fuentes alternas para cotejar esos datos. Sólo proyecciones y conjeturas. Siendo los datos oficiales los únicos disponibles, estos revelan que la evolución de la enfermedad fue lenta inicialmente y los casos de infectados y muertos estuvo por debajo del promedio del continente (España, 2020).

Varios factores pueden explicar que la pandemia en Venezuela no se extendió con la rapidez y magnitud de otros pases, independiente de cuáles fueran los números reales. Ya señalamos la situación de virtual confinamiento de la población por la falta de gasolina y transporte público. Otro factor fue el aislamiento con el exterior. En los últimos años no se reciben más de un millón de pasajeros al año, en contraste con países vecinos que promedian diez millones al año. En los países desarrollados se reportan entre cien o mil millones de pasajeros al año (España, 2020). También, durante casi todo el 2020 las pruebas PCR (Polymerase Chain Reaction) fueron muy escasas y sólo se autorizó al Instituto Nacional de Higiene a procesar las pruebas, lo que fue inadecuado para verificar los totales nacionales y, además, significó un retraso de dos y tres semanas en las cifras que se oficializaban (Acfiman, 2020). La estigmatización de los infectados y las amenazas de confinarlos en espacios sin condiciones adecuadas, fue otro factor que llevó a muchos a no reportar la enfermedad. También se presionó a los establecimientos hospitalarios a no asentar fallecidos por esta epidemia sino a utilizar otros diagnósticos (España, 2020; Soto y Vásquez, 2020, Castro Méndez y Castro Trujillo, 2020).

En mayo de 2020, la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (Acfiman, 2020a), publicó un documento donde, utilizando metodologías que aplican en otros países para evaluar la trayectoria del virus y la confiabilidad de las cifras oficiales, concluía que en el país las pruebas que se estaban realizando eran insuficientes, que, además, eran de despistaje rápido y por tanto inseguras; y que debían aumentarse las pruebas PCR-RT por habitante, además de que era imprescindible descentralizar el diagnóstico incorporando más laboratorios. Estimaba un subregistro de la infección en el orden entre 63% y 95%. Negaba que la curva de la infección estuviera aplanada y preveía entre julio y septiembre que alcanzaría entre 1.000 y 4.000 casos diarios, como de hecho ocurrió.[22] Este informe fue inmediatamente rechazado por Maduro, y en un programa bandera de la televisión gubernamental, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, llamó a los organismos de la seguridad del Estado a investigar a la institución científica.[23] Sin embargo, unos días después, informes presentados por la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU (OCHA), y por Human Rights Watch (HRW), junto a los Centros de Salud Pública y DDHH de la Universidad Johns Hopkins, coincidían con la Academia venezolana y se explayaban en las condiciones sanitarias precarias del país.[24] En septiembre de 2020, otro informe de la Acfiman calculaba un promedio diario de casos de entre 7.000 y 14.000, entre esa fecha y fines de año. Esta cifra sextuplicaba el número de casos nuevos que el régimen de Maduro reportaba cada día.[25] En enero de 2021, el infectólogo Julio Castro insistía en la necesidad de aumentar las pruebas PCR. Afirmó que: “Colombia hace 60 mil PCR diarias de una población de 50 millones de habitantes, Chile con 16 millones de habitantes hace 55 mil PCR al día, Venezuela no creo que llegue a mil por día, no lo sabemos, pero debería estar haciendo en función de su población [28 millones] entre 10 mil a 12 mil diarios.”[26]

A pesar de estos contrastes entre la información oficial y la de instancias nacionales e internacionales de salud, el gobierno sigue manteniendo su discurso ficcional de los éxitos del modelo venezolano. Desde junio de 2020 y hasta la fecha de cierre de este artículo, en agosto de 2021, implementó un sistema de cuarentena llamado siete por siete (7X7), que consiste en una semana de cuarentena radical y otra de flexibilización. Sin embargo, dada la precaria situación económica de la mayoría de los venezolanos, este método no se cumple con rigor, ni el gobierno lo procura con seriedad.[27] Para abril del 2021, Venezuela padecía de una nueva ola en alza de la pandemia, más expansiva y de mayor impacto que las anteriores. Pasadas las fiestas de carnaval, las cifras oficiales pasaban de 700 infectados diarios a 1.800, sin que aumentara significativamente la aplicación de pruebas PCR. Se reconoció igualmente que el número de fallecidos promediaba los cien diarios.[28] En junio, operadores funerarios declararon a la prensa que estaban cremado seis veces más cadáveres que en meses anteriores, dato que revelaba, no sólo el aumento de fallecidos, sino también el uso de la cremación para borrar las causas.[29] El epidemiólogo Castro calificaba esta nueva ola como una “onda más larga, más alta y más sostenida” que la primera, con datos oficiales en alrededor de 9.000 casos diarios.[30] Otro dato ha sido la mortalidad del personal de salud. Para julio de 2021, el gobierno reconocía una cifra de fallecidos de 179, una letalidad del 6%. En contraste, la ONG Médicos Unidos tenía registrados 714 fallecidos.[31]

2021: El Plan Nacional de Vacunación

En febrero de 2021, como producto de conversaciones, presiones y negociaciones entre los dos gobiernos de Venezuela y actores internacionales y nacionales, se constituyó una Mesa Técnica Nacional para el Acceso al Sistema COVAX promovido por la OMS y su brazo regional, la OPS. Esta mesa se anunció como constituida por autoridades gubernamentales, actores políticos opositores –cuyos nombres no se especificaron– especialistas de sociedades médicas, académicas, decanos de facultades de medicina, con el apoyo, el seguimiento y facilitación de la UNICEF y la OPS.[32] El propósito fue elaborar de manera consensuada un Plan Nacional de Vacunación de acuerdo con estándares internacionales.

Desde el año anterior, y aún antes de la pandemia, distintos actores sociales y políticos estaban movilizados buscando el acceso a recursos para traer al país ayuda humanitaria que se necesitaba con urgencia (López Maya, 2020b). En particular, el sector salud venía realizando frecuentes asambleas y movilizaciones buscando un “entendimiento entre los actores políticos”.[33] Las fuerzas políticas opositoras que hacían vida en la AN2016, liderados por el diputado Guaidó, habían nombrado al inicio de la pandemia, una Comisión de Expertos, presidida por el infectólogo Julio Castro. Estuvo constituida por representantes de la Sociedad Venezolana de Infectología, Sociedad Venezolana de Salud Pública, Sociedad Venezolana de Medicina Interna, asociaciones médicas diversas, los colegios profesionales de enfermería y otras agrupaciones. En el exterior Guaidó había designado al diputado Miguel Pizarro como comisionado en las Naciones Unidas. Con el apoyo de funcionarios de la OPS, estas diligencias habían logrado en 2020 un primer intercambio entre el gobierno de Maduro y el de Guaidó, a los fines de encontrar la manera de liberar recursos del país que se encontraban congelados en el exterior por la crisis institucional de tener estos dos presidentes. Luego de constituida la Mesa Técnica COVAX, en marzo, la Comisión Delegada de la AN2016 aprobó autorizar al presidente interino Guaidó para que solicitase un endeudamiento al Banco Central de Venezuela por un monto de $ 30.309.040,00 millones destinados a financiar el acceso a la Plataforma COVAX.[34] El gobierno de Maduro designó al ministro Jorge Rodríguez como su representante en la Mesa Técnica COVAX. Rodríguez ha tenido un papel destacado en poder maniobrar entre los que apoyan o adversan la iniciativa dentro del gobierno (Reyna, 2021).

El caso más notorio fue el de los militantes del partido político creado por Maduro, Somos Venezuela que, por decisión del dictador, fueron vacunados antes que se vacunara la mayor parte del personal de salud que estaba incluido en la primera fase y en el primer grupo a ser vacunado

Con los buenos oficios de la OPS, y pese a las deudas que el gobierno de Maduro mantenía con esa multilateral, dado los acuerdos políticos entre ambos gobiernos, la OPS convino en reservar entre 1,4 a 2,4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca para Venezuela. Desde la comisión parlamentaria que dirigía Guaidó comenzaron los trámites administrativos para el pago de $30 millones para la primera dotación y para hacer las inversiones necesarias para garantizar la cadena de frío en el desmantelado sistema de salud venezolano.[35] Sin embargo, pocas horas después del anuncio Maduro rechazó la AstraZeneca, apoyándose en las alarmas que se activaron en otros países tras la aparición de trombos entre algunos de los vacunados. “No va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada, que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales”. Venezuela no necesita “mendigar” vacunas (Ídem). Ese mismo mes se anunció que se administraría la vacuna cubana Abdala en Venezuela y que se participaría en los estudios clínicos al tiempo que se construiría una planta para su fabricación.[36] Maduro anunció la producción de dos millones de estas vacunas. En respuesta la Academia Nacional de Medicina aclaró que los fármacos que están en desarrollo en Cuba “no son verdaderas vacunas” contra la covid-19, “sino productos experimentales” cuya eficacia, composición y seguridad no está avalado por los protocolos internacionales. Adicionalmente, la compra de estas vacunas se hizo “sin el conocimiento de la Mesa Técnica” y violando leyes de la república.[37] Ese mes comenzaron a llegar números pequeños de vacunas rusas Sputnik (120.000 en total) y 500.000 de la china Sinopharn.[38]

Al cierre de agosto 2021 no se tenían cifras transparentes del número de vacunas que habrían llegado al país. Serían hasta entonces unas 800.000 según algunas fuentes, muchas se repartieron de acuerdo a criterios políticos y no a alcanzaron para la población vulnerable, como el personal de salud y los adultos mayores. Las cubanas fueron administradas en junio a un grupo de venezolanos, violando los protocolos de seguridad y el marco jurídico venezolano al no haber sido acreditadas internacionalmente y estar en fase de experimentación.[39] En la primera semana de septiembre, la primera dotación de 693.600 vacunas Coronavac de la firma china Sinovac Biotec, por el sistema COVAX, habrían llegado al país.[40] Para esa fecha la OPS calculaba que un 10% de la población estaría vacunada (Ídem).

En definitiva, si bien se elaboró con apoyo de la OPS y UNICEF –y la Comisión Técnica COVAX ya señalada– el Plan Nacional de Vacunación no ha sido oficializado como Plan del gobierno, lo que le ha permitido a Maduro adoptar decisiones, incluso en abierto desacato a este documento. Tal ha sido el caso, por ejemplo, de no respetar las fases y momentos del orden de prioridades establecidas de los grupos a ser vacunados. El caso más notorio fue el de los militantes del partido político creado por Maduro, Somos Venezuela que, por decisión del dictador, fueron vacunados antes que se vacunara la mayor parte del personal de salud que estaba incluido en la primera fase y en el primer grupo a ser vacunado (Walter, 2021).

Como cierre

El desempeño del gobierno de Maduro se alinea con la de otros gobiernos de la región que han aprovechado las incertidumbres y miedos que la pandemia despertó para continuar las tendencias a la centralización del poder, el cierre de los espacios cívicos y el debilitamiento de los derechos humanos y ciudadanos. El caso de Maduro es siempre más extremo, por ser un gobierno de facto, de autoritarismo hegemónico y claros rasgos sultánicos y totalitarios, lo que lo hecho concentrarse en el sostenimiento del poder como su objetivo único.

A fines de agosto de 2021, el Foro Cívico, en nombre de 220 organizaciones sociales y numerosas individualidades, entregaron un documento a la Defensoría del Pueblo en Caracas. En su contenido expresaron con meridiana claridad la situación del derecho a la salud en Venezuela en los años recientes y particularmente el estancamiento de la Mesa Técnica COVAX y la desinformación con relación al Plan Nacional de Vacunación l. Insistieron en el derecho de la ciudadanía a ser informada y exigieron conocer las razones por las cuales para esa fecha llevaba más de tres meses que no se reunía la Mesa Técnica COVAX, siendo ella un requisito imprescindible para que lleguen las vacunas del sistema.

En el documento recogen un conjunto de irregularidades que caracterizan el desempeño gubernamental en relación a esta materia[41]:

«1. La desorganización en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación: El Plan Nacional de Vacunación que se ejecuta no parece responder a criterios uniformes de prioridad y selección de los beneficiarios de la vacuna […] Además, el personal médico-sanitario aún no ha sido totalmente vacunado, y tampoco existe un plan adecuado para personas con discapacidades, las cuales deberían ser una de las poblaciones prioritarias.

2. Exclusión: Desde el inicio de la vacunación aleatoria, se condicionó al registro en la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud y también en el llamado “Sistema Patria”, donde el Gobierno Nacional afirma que se encuentran más de 18 millones de personas registradas de los casi 28 millones de venezolanos que habitan en el país. Además, se exige contar con un teléfono celular, puesto que por este medio son asignadas las citas, cuando lo cierto es que muchas personas no cuentan con un teléfono móvil, y esto sin mencionar que no existe cobertura telefónica en ciertas zonas.

3. Suspensión de jornadas y ausencia de vacunas: En diversas ocasiones se han suspendido las jornadas diarias de vacunación en algunos centros, por diversos motivos, entre ellos la falta de disponibilidad de las dosis. La desinformación acerca de la cantidad de vacunas recibidas por el Ejecutivo, y la disparidad entre la cantidad de vacunas recibidas en centros y las convocatorias realizadas, no permiten que exista un control viable sobre las dosis a aplicar, ni tampoco que se tenga por parte de la población una verdadera certeza de ser vacunados, a pesar de haber sido convocados para ello.

4. Vacunas no aprobadas por los organismos internacionales competentes: El Ejecutivo Nacional también ha informado sobre el ingreso, el pasado 24 de junio, de un lote de 30.000 dosis de la candidata vacunal Abdala, las cuales se incorporarían al proceso de vacunación iniciado en Venezuela.»

Sobre esta vacuna, que ni siquiera en Cuba había sido autorizada y que, sin embargo, se aplicó a un grupo de venezolanos, otras irregularidades destacan:

«5. Corrupción y venta ilegal de vacunas: Se han conocido denuncias sobre la presunta venta de vacunas por montos en monedas extranjeras, lo que confirma el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el efecto que produce la poca oferta de vacunas en un determinado país.

Exigen que la Defensoría de una respuesta adecuada: «para garantizar el ejercicio real del derecho a la salud de los ciudadanos venezolanos, así como a la información y participación ciudadana, socavados por el Gobierno Nacional…»

En el seguimiento de esta política tan crucial para la vida y bienestar de la población se expresa con nitidez la dramática crisis multidimensional de la sociedad venezolana, y particularmente la crisis política e institucional. Ante esta orfandad de la sociedad ante los efectos de la pandemia, organizaciones sociales como el Foro Cívico han tomado iniciativas para alcanzar acuerdos que resuelvan problemas urgentes y encaucen los conflictos por vía de las negociaciones y acuerdos.

©Trópico Absoluto

Notas

[1] Tipo de crisis humanitaria que ha proliferado desde el final de la Guerra Fría y que es causada por la combinación de diversos factores: el desmoronamiento de la economía formal y de las estructuras estatales, los conflictos civiles, las hambrunas, las crisis sanitarias y el éxodo de la población. Ver http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/85 Bajado el 15-08-2019. Desde 2016 se ha reconocido para Venezuela esta situación en organismos internacionales (WOLA 2020, HRW 2019).

[2]https://www.examenonuvenezuela.com/derechos-civiles-y-politicos/intervencion-de-civicus-sesion-final-del-epu-2016-feliciano-reynadescargado el 27-08- 2021.

[3] https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160125_venezuela_crisis_humanitaria_medicinas bajado el 17-08-2021.

[4] https://www.finanzasdigital.com/2021/01/la-economia-venezolana-balance-2020-perspectivas-2021/

[5]http://redagroalimentaria.org/archivos/documentos/BALANCE%202020%20Y%20PERSPECTIVAS%202021.pdf descargado el 27-08-2021.

[6] Estos datos y los que siguen son tomados de Castro Méndez y Castro Trujillo, (2020).

[7] https://cnnespanol.cnn.com/2019/03/13/cronologia-del-apagon-en-venezuela-dia-a-dia-de-una-crisis-en-la-penumbra/ bajado el 27-08-2021.

[8] https://www.cinco8.com/perspectivas/2019-si-cambio-venezuela/?fbclid=IwAR3Ra5V4TTA5pJ1gj28ZppbFXVenmAS7GTKR2L01a1LsTvao3c9GoxWk-3o

[9] En López Maya (2016) hay un capítulo dedicado a las elecciones parlamentaria de 2015.

[10] Los gobiernos de Chávez han sido considerados como “autoritarios competitivos” y los primeros años de Maduro para muchos analistas, también. Sin embargo, hay cierto consenso de que desde 2016 el estado de excepción, que no cumplió con los procedimientos constitucionales, y la suspensión del referendo revocatorio en 2016, con un procedimiento de dudosa legalidad, acabaron con el estado de derecho en Venezuela. Las sentencias de 2017 buscaban dar el último zarpazo para terminar con la autonomía del Poder Legislativo. Al no lograr hacerlo por las presiones internacionales y nacionales, el gobierno optó por convocar una Asamblea Nacional Constituyente, también saltándose los procedimientos de la constitución. (López Maya, 2021).

[11] En octubre de 2021, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada por ACNUR y OIM había actualizado el número de emigrantes venezolanos a 5.914.519. Esta cifra solo incluye a aquellos ciudadanos registrados en los países de acogida, por lo que debe ser mucho más alta, si se agregan los migrantes irregulares y a aquellos que abandonaron el país con pasaportes de otros países.   

[12] Decreto N° 2.323, G.O. N° 6.227 del 13-05-2016.

[13] El Estado de Alarma y sus contenidos en GO No 6519, extraordinario del 13-03-2020. Un análisis de su inconstitucionalidad y un resumen de sus contenidos que aquí se copian en Mónaco (2020).

[14] Las pruebas de despistaje rápido detectan a personas sin síntomas, pero con alto riesgo de adquirir la enfermedad. También se les llama pruebas de “screening”. https://cronica.uno/maduro-acompano-por-twitter-la-marcha-del-chavismo-de-este-10-m/

[15] https://www.roatanhableclaro.com/post/nicol%C3%A1s-maduro-dice-que-el-coronavirus-es-un-arma-de-guerra-contra-china

[16] https://efectococuyo.com/coronavirus/dr-julio-castro-como-cuidar-a-una-persona-con-coronavirus-en-el-hogar/

[17] Para la política de hegemonía comunicacional ver, entre otros, Bisbal, 2009.

[18] https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/03/10/el-regimen-de-maduro-ordeno-perseguir-a-un-medico-que-denuncio-un-caso-sospechoso-de-coronavirus-en-venezuela/

[19] https://www.derechos.org.ve/actualidad/informe-patrones-de-violacion-de-derechos-civiles-durante-2-meses-estado-de-alarma-en-venezuela

[20] Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=ZLVokWhoG8o

[21] https://www.aporrea.org/actualidad/n353613.html

[22] https://acfiman.org/2020/05/08/estado-actual-de-la-epidemia-de-la-covid-19-en-venezuela-y-sus-posibles-trayectorias-bajo-varios-escenarios/

[23] Esto del tun tun lo utilizan como una advertencia de que pueden sufrir represalias. https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/14/alerta-venezuela-cabello-lanza-advertencia-contra-academia-que-publico-proyecciones-del-coronavirus/

[24] https://www.costadelsolfm.org/2020/05/24/la-onu-dejo-en-evidencia-al-regimen-de-maduro-el-98-de-los-test-de-coronavirus-que-realizo-son-defectuosas/

[25] Acfiman (2020b) en https://eldiario.com/2020/09/09/nuevo-informe-acfiman-covid-19-venezuela/

[26] https://unionradio.net/castro-venezuela-deberia-efectuar-de-10-a-12-mil-pcr-diarias/ del 14-01-2021, bajado el 13-05-2021.

[27] https://www.dw.com/es/as%C3%AD-es-el-plan-de-maduro-para-detener-la-pandemia-en-venezuela/a-57582657 bajado el 24 de agosto de 2021.

[28] https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/ritmo-de-muertes-por-covid-19-se-acelero-en-abril/

[29] https://www.wsj.com/articles/in-venezuela-covid-19-data-is-a-state-secret-but-citizens-see-many-deaths-11622638800I descargado el 11-07-2021.

[30] https://efectococuyo.com/coronavirus/julio-castro-pandemia-en-el-pais-esta-en-un-pico-largo-alto-y-sostenido/?fbclid=IwAR1tg93oySC15zBBzWSZfWfFkW3H4iZrijIIZcQ6T9JHVd5VVRjXtQUlUng  descargado el 11-07-2021.

[31] https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/28/venezuela-no-ha-actualizado-cifra-de-trabajadores-de-la-salud-fallecidos-por-covid-19/ bajado el 14-09-2021.

[32] https://www.efe.com/efe/america/sociedad/se-conforma-en-venezuela-una-mesa-nacional-para-acceder-al-mecanismo-covax/20000013-4463201 descargado el 12 de junio de 2021.

[33] Pablo Zambrano, presidente de Fetrasalud en https://contrapunto.com/nacional/politica/en-que-consiste-la-rutadelapaz-que-proponen-trabajadores-y-dirigentes-sindicales-de-venezuela/

[34] https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/comision-delegada-aprobo-recursos-para-financiar-el-acceso-a-la-plataforma-covax bajado el 14-08.

[35] https://elpais.com/internacional/2021-04-08/el-conflicto-politico-atasca-la-vacunacion-contra-la-covid-19-en-venezuela.html bajado el 14-08-2021

[36] https://efectococuyo.com/coronavirus/venezuela-producira-al-mes-dos-millones-de-vacunas-cubanas-afirma-maduro/ bajado el 4-08-2021.

[37] https://efectococuyo.com/coronavirus/academia-nacional-de-medicina-advierte-que-productos-cubanos-no-son-verdaderas-vacunas/ descargado el 8-07-2021

[38] https://www.efe.com/efe/america/sociedad/llega-a-venezuela-otro-lote-de-80-000-vacunas-sputnik-v-contra-la-covid-19/20000013-4520303.

[39] https://apnews.com/article/noticias-54ab533b92a4bf36d527cf930bbf9f0d.

[40] https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Venezuela-recibe-primer-lote-de-vacunas-bajo-el-mecanismo-Covax-20210907-0077.html bajado el 14-09-2021.

[41] Tomado de la nota de prensa. Ver https://www.scribd.com/document/521816026/Defensoria-Del-Pueblo-Foro-Civico-25-8-21

Referencias

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Margarita López Maya (New York, 1951) licenciada en historia y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Profesora titular (jubilada) del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV. Su campo de investigación es el proceso socio histórico y sociopolítico contemporáneo de América Latina, particularmente de Venezuela, enfocado en temas como la protesta popular, nuevos partidos, proyectos políticos contra hegemónicos, actores sociales, y temas de coyuntura de la era chavista. Entre sus publicaciones destacan: Estados Unidos en Venezuela: 1945-1948 (revelaciones de los archivos estadounidenses) (UCV, 1996), Del viernes negro al referendo revocatorio (Alfadil, 2005, 2006), Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI (Grupo Alfa, 2007 y 2009), Democracia participativa en Venezuela. Orígenes, leyes, percepciones y desafíos (Centro Gumilla, 2011). En 2013 la Editorial El Nacional publicó El Estado descomunal. Conversaciones con Margarita López Maya del periodista David González. Su libro más recientees : El ocaso del chavismo. Venezuela 2005-2015 (Editorial Alfa, 2016)