Venezuela: el ejercicio del poder y la naturaleza del régimen

No es fácil, ni para la comunidad internacional, ni para la sociedad venezolana y sus actores, comprender qué tipo de régimen político es el que actualmente impera en Venezuela. La llegada al poder en 1998 de Hugo Chávez, un líder típicamente populista, conllevó una nueva etapa en la historia política del país, que en sus inicios apuntó a profundizar la democracia, pero que muy pronto tomó otro camino, desembocando con Nicolás Maduro en un régimen autoritario, con vocación totalitaria y rasgos sultánicos. ¿Cómo ocurrió el proceso que permitió tan drástico desvío?

Con miras a contribuir con una respuesta seria sobre esta interrogante, en este ensayo nos apoyaremos en una de las dimensiones de todo proceso sociopolítico del poder, el tipo de legitimidad a la cual apeló Hugo Chávez y el movimiento bolivariano para hacer los cambios políticos que ofreció y estabilizar su proyecto. Argumentaremos que fue de tipo esencialmente carismática, para lo cual nos apoyaremos en la teoría weberiana sobre el ejercicio del poder y las formas de dominación (Weber, 1922). Como resultado, el ejercicio del poder produjo una continua erosión de las instituciones democráticas, sustentadas en una legitimidad del tipo racional-legal, también conocida en la teoría weberiana como de dominación burocrática. Por otra parte, la prosperidad petrolera sin precedentes de la que gozaron los dos períodos presidenciales de Chávez (entre 2003 y 2013), facilitó esta estrategia, al complementar esa legitimidad con múltiples formas de distribución del cuantioso ingreso fiscal a sectores a los cuales se consideró esenciales para sostener el proyecto de cambios. Esto creó condiciones para la deriva crecientemente autoritaria del régimen político, que condujo a su crisis actual y es uno de los ingredientes de más peso en la emergencia humanitaria compleja que hoy padece la población.

En lo que sigue dividiremos el ensayo en tres partes, que corresponden a los tres períodos presidenciales, los dos de Hugo Chávez (1999-2013) y el de Nicolás Maduro entre 2013 y 2019.

Primera presidencia de Hugo Chávez: entre la racionalidad legal representativa y el ejercicio carismático del poder

El movimiento bolivariano, liderado por el carismático teniente coronel Hugo Chávez, apareció en el escenario sociopolítico venezolano tras el fallido golpe de Estado de febrero de 1992. Seis años después, en 1998, un Chávez incorporado a la vida civil y reconvertido en candidato ganó de manera limpia y contundente las elecciones presidenciales, haciendo uso de un típico discurso populista, polarizador, que cohesionó alrededor de la oferta de un cambio político democrático profundo a la mayoría de los electores dispersos e insatisfechos con la democracia representativa y sus resultados (Laclau, 2005). El primer mandato de Chávez, de acuerdo a los tres tipos de legitimidad weberiana, estuvo mayoritariamente apoyado por una racionalidad legal-racional de naturaleza democrática, es decir, apoyada en un marco constitucional y legal, aceptado y obedecido por gobernantes y gobernados. Su victoria electoral de 1998, así como la posterior de 2000 (tras la aprobación de la nueva Constitución), y el revocatorio presidencial que ganó en 2004, avalaban su legitimidad democrática y favorecían un ejercicio del poder racional-legal. Aun así, Chávez ejerció el poder respetando sólo parcialmente esa legitimidad, obedeciendo solo en parte las restricciones constitucionales y legales contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). En frecuentes ocasiones las confrontaba, u obviaba, como durante las campañas electorales, cuando se inmiscuía contradiciendo la ley para respaldar a sus candidatos, o cuando él y sus funcionarios designaban miembros de los poderes públicos sin cumplir con los requisitos. De igual forma, Chávez mantuvo un discurso polarizador que paulatinamente convirtió en narrativa oficial, discriminando a los ciudadanos entre “patriotas» y “escuálidos” o “traidores a la patria”; sentando con ello las bases de una agresiva discriminación política que se ponía en práctica desde las mismas instituciones del Estado.

Por otra parte, la nueva Constitución, aprobada en 1999 a instancias de Chávez y su movimiento, se orientó hacia el establecimiento de un nuevo régimen político más amplio en su acepción democrática. Con la CRBV el nuevo régimen buscó desarrollarse como “participativo y protagónico”, manteniendo las instituciones propias de un régimen representativo, pero complementándolas con una extensa variedad de mecanismos e instituciones de democracia directa (Altman, 2011). Esto disgustó a algunos actores sociales y políticos poderosos, creando significativas turbulencias en la esfera socio-política. Esta intención del constituyente se vería trucada en la realidad por el mismo Chávez.

La naturaleza carismática del liderazgo de Chávez entró tempranamente en tensión con la forma racional-legal de ejercer el poder. En su afán de cambios rápidos, con su mentalidad de militar y en su concepción populista del quehacer político, Chávez tendió a menospreciar la legitimidad que dan procedimientos legales e instituciones de representación y mediación, y se dedicó a socavar la separación e independencia de las ramas de los otros poderes públicos, en especial del judicial y el legislativo, las cuales logró someter a su voluntad. En el forcejeo entre su ejercicio carismático del poder y el racional-legal de la institucionalidad democrática, el régimen fue desplazando el sentido participativo consagrado en la CRBV, dándole una direccionalidad de arriba hacia abajo, fortaleciendo tendencias a la cooptación de las organizaciones asociativas. De manera creciente, el régimen tendió hacia un autoritarismo competitivo. Éste se define como un tipo de régimen híbrido, donde si bien existen instituciones y reglas del juego democrático, el ejercicio de las mismas tan solo favorece a quienes detentan el poder (Levitsky y Way, 2010).

Segunda presidencia de Chávez: camino a un régimen autoritario

En la primera reelección presidencial llevada a cabo en diciembre de 2006, Chávez obtuvo un triunfo histórico con 63% de los votos válidos. Estas elecciones se caracterizaron ya por salirse de las lógicas propias de la legitimidad racional-legal, al desarrollarse de manera poco equitativa y justa la competencia, utilizando el oficialismo de manera abusiva los recursos públicos para su campaña, en detrimento de los candidatos opositores a Chávez. Durante este segundo gobierno, la tensión existente entre la legitimidad racional-legal sobre las que se sustentaban las instituciones y la legitimidad carismática de la que Chávez hacía uso para evadir la ley, terminó favoreciendo la emergencia de un régimen no democrático, autoritario, al cual se le adjuntó una ideología socialista. Este cambio estuvo facilitado por un inesperado crecimiento de los precios del petróleo. Un alza sin precedentes –por lo elevado de los precios y su duración en el tiempo– que le permitió a la llamada “revolución bolivariana” en el gobierno, ahora reducida a un movimiento chavista, disponer de recursos ilimitados para crear circuitos clientelares, tanto en la sociedad venezolana como en la arena internacional. Este movimiento estratégico le permitió crear innumerables alianzas con países a los que se otorgaban todo tipo de recursos, que sirvieron para reforzar el ejercicio carismático del poder que usaba Chávez para desconocer el orden legal-institucional.

El socialismo del siglo XXI, nombre de la ideología y del nuevo modelo societal, se presentó como una propuesta alternativa al capitalismo en lo económico y a la democracia representativa en lo político. Chávez la había anunciado en distintos discursos desde 2005 y la introdujo como oferta electoral en la campaña presidencial de 2006. Una vez reelecto, Chávez presentó en agosto de 2007 una propuesta contentiva de este nuevo modelo de sociedad a la Asamblea Nacional (AN), bajo la forma de una reforma a la CRBV. Allí se diseñaba un nuevo régimen político, que abolía las instituciones representativas para dar preeminencia a mecanismos de democracia directa. Se privilegió un sujeto colectivo, llamado poder popular, sobre el individual con sus derechos humanos, y aparecieron los sistemas de decisión asamblearios en detrimento del sufragio universal. El Estado emergente de estos cambios se denominó Estado Comunal, teniendo sus bases territoriales en consejos comunales y comunas, en vez de los municipios y las gobernaciones (González, 2013).

La CRBV exige taxativamente para cualquier cambio constitucional su aprobación por parte de la ciudadanía mediante un referendo (artículo 344). Éste se convocó y se realizó en diciembre de 2007, arrojando como resultado un rechazo a la propuesta. Con ello, la instauración del llamado socialismo como modelo alternativo, no fue legitimada democráticamente. Fue entonces cuando el gobierno de Chávez, sostenido en su inmensa popularidad carismática y en los recursos petroleros abundantes que ingresaban al fisco nacional, se abocó a una planeada erosión definitiva de las hasta entonces formas democráticas representativas del ejercicio del poder y su sustitución por modalidades cesaristas.[1]

Como corresponde a la forma carismática de ejercicio del poder, la lealtad comenzó a ser el principal valor para acceder al aparato administrativo del Estado.

El socialismo emergente, al ser rechazado por el voto popular, comenzó a implantarse a través de mecanismos ilegítimos, pero supuestamente “legales”, avalados por los otros poderes públicos: la AN y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Poder Ciudadano (Fiscalía, Contraloría, Procuraduría). Ello fue posible gracias a estrategias desarrolladas por Chávez desde su primer gobierno, que le facilitaron controlar a muchos de los funcionarios asignados a estas ramas del poder público. Los procedimientos fueron diversos. En el Poder Judicial, a su petición, se aumentó el número de magistrados del TSJ y se evadieron regulaciones para la designación de los magistrados, cuya lealtad a Chávez se convirtió en el méritos fundamental exigido para optar al cargo. En el Legislativo, la lista parlamentaria de candidatos oficialistas era revisada en última instancia por Chávez antes de ir al proceso electoral. Así aseguraba la lealtad personal hacia él de todos los que irían al Legislativo. Igual ocurría con los candidatos oficialistas a gobernaciones y alcaldías. Como corresponde a la forma carismática de ejercicio del poder, la lealtad comenzó a ser el principal valor para acceder al aparato administrativo del Estado. Como parte de esta forma de dominación, los vínculos familiares y de amistad pasaron a ser un criterio válido para acceder a posiciones públicas.

Chávez ganó sus últimas presidenciales en octubre de 2012, pero nunca llegó a ejercer ese tercer mandato. Antes de ausentarse del país, para someterse a tratamiento médico en Cuba, del cual regresó a Venezuela sólo para morir, designó como sucesor a Nicolás Maduro, quien entonces ejercía la vicepresidencia. A raíz de su fallecimiento en marzo de 2013, y de acuerdo a lo pautado por la CRBV, en abril se hicieron nuevas elecciones presidenciales, quedando triunfante Maduro, con un escaso margen sobre el candidato opositor Henrique Capriles Radonski (1,4% de ventaja).  Ya estas elecciones carecieron de condiciones democráticas razonables, lo que despojó al nuevo presidente de una legitimidad racional-legal clara.

Nicolás Maduro: un ejercicio neopatrimonial del poder y un régimen autoritario de rasgos sultánicos

Desaparecido el líder y la legitimidad carismática, desde 2013 se hizo visible con Maduro todo un conjunto de desarreglos de la sociedad venezolana, que el carisma de Chávez y la prosperidad petrolera habían disimulado. Comienza día a día a hacerse evidente las complicaciones de la gestión económica y pública producto de un gobierno que, a nombre de un supuesto e ilegítimo modelo socialista se afinca en expropiaciones, invasiones a unidades agropecuarias productivas, y propicia la inseguridad jurídica y el desorden administrativo. La incompetencia e impunidad del funcionariado hace florecer una galopante corrupción y un declive de los precios petroleros en el mercado mundial, empeorando todo el cuadro. Ante este nuevo contexto, Maduro optó por acrecentar el autoritarismo del régimen sin modificar el proyecto societal.

Con Maduro se desemboca en un ejercicio de poder, ya no carismático, porque el carisma no se transfiere, sino tradicional neopatrimonial. Es decir, basado en el derecho a gobernar que se arrogan sus familiares y los círculos civiles y militares más cercanos a Chávez y la nueva pareja presidencial.

El gobierno de Maduro se caracterizó desde sus inicios por otorgar importante peso y privilegios a los cuerpos de seguridad del Estado, militares y policiales; así como a familiares, amigos y socios del entorno de Chávez, como forma de estabilizarse en el poder. Todos ellos fueron incorporados en cargos clave del Gabinete Ejecutivo y a otras ramas del poder público como parte de la herencia dejada por Chávez. Al sector militar se le incrementó su poderío económico, creando empresas para su manejo exclusivo. También le fueron otorgadas amplias parcelas del Estado a éstos y otros grupos civiles, al tiempo que se dotaban de impunidad para que pudieran actuar en beneficio propio. Esta ha sido su forma de mantenerlos leales. También acudirá Maduro a milicias y cuerpos civiles armados o paramilitares, garantizándoles impunidad a cambio de controlar áreas barriales para el gobierno y reprimir protestas no violentas de la ciudadanía desarmada. Incluso apoyará grupos guerrilleros colombianos y bandas criminales, con el propósito de atemorizar a la población civil, apaciguar el descontento y mantener el control político y social, en un contexto de penurias económicas y sociales extremas.

Con Maduro se desemboca en un ejercicio de poder, ya no carismático, porque el carisma no se transfiere, sino tradicional neopatrimonial. Es decir, basado en el derecho a gobernar que se arrogan sus familiares y los círculos civiles y militares más cercanos a Chávez y la nueva pareja presidencial. Se hace sobre la base de ser ellos garantía de la continuación del legado del ahora llamado “Comandante eterno”. Es una forma de dominación que, al igual a la carismática, prescinde de lo legal-racional y se basa en relaciones personales, de lealtad y afecto. En esta dominación las fronteras entre los bienes públicos y privados se han borrado casi completamente y el Estado se los reparten las familias, amigos y socios de Chávez y de Maduro.

El régimen ha pasado del autoritarismo competitivo a uno autoritario cerrado. Y pronto va a revelar también rasgos sultánicos, pues ahonda en un carácter caprichoso, que penetra todo ámbito privado o público, y cuyas decisiones son muchas veces impredecibles, creando una atmósfera de constante incertidumbre. Es un régimen autoritario neopatrimonial porque mantiene algunas formas racional-legales, como las elecciones, pero éstas son secundarias como soporte que legitima el ejercicio del poder.

El camino secuencial que siguió el régimen establecido por Maduro para llegar a la ruptura con las instituciones de la democracia y con la vigencia de un estado de derecho, comenzó al iniciarse su gestión, pero se aceleró después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, que fueron favorables a los partidos políticos opositores de la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD). Fue entonces que el gobierno de Maduro comprendió que se había convertido en minoría política y emprendió la liquidación de lo que quedaba de democracia. Ese mismo diciembre, procedió a cambiar de nuevo de manera irregular la composición del TSJ, asegurándose un mayor control sobre los magistrados. En enero de 2016, impuso un decreto de estado de excepción y emergencia económica, apoyado por ese TSJ sumiso. Desde entonces renueva constantemente dicho decreto para desconocer las facultades legislativas de la AN y gobernar sin ella. Ese año, apoyado por el Poder Electoral, igualmente a su servicio, suspendió un revocatorio presidencial activado por los partidos opositores, que habían cumplido con los iniciales requisitos para ello. Así, conculcó el derecho de los ciudadanos venezolanos a participar en la resolución de la crisis engendrada por la confrontación que se vivía entre Ejecutivo y Legislativo. La suspensión indefinida del revocatorio presidencial simbolizó el naufragio del régimen de democracia participativa de la CRBV al despojar a los venezolanos su derecho a participar y decidir directamente sobre el conflicto político que los afectaba.

Hoy Nicolás Maduro preside un régimen autoritario con vocación totalitaria, de acuerdo a la ideología del socialismo del siglo XXI.

En 2017, el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro dictó dos sentencias para despojar de inmunidad a los diputados opositores y usurpar las funciones del parlamento. Aunque la alarma y presión internacional obligaron a revertir esas sentencias, Maduro, intempestiva e ilegalmente convocó a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que se realizaron en julio sin cumplir ya con condiciones democráticas mínimas. Dicha convocatoria a elecciones de esta ANC fue rechazada por los actores políticos opositores, que no concurrieron al proceso electoral por considerarlo fraudulento. Esta ANC de total composición chavista se instaló y, a pedido de Maduro, llamó a elecciones presidenciales adelantadas, que ganaría el mismo Maduro en mayo de 2018. Estas dos elecciones, llevadas a cabo sin reunir las disposiciones constitucionales que garantizan condiciones competitivas, justas y transparentes, dieron las estocadas mortales a la democracia venezolana. Hoy Nicolás Maduro preside un régimen autoritario con vocación totalitaria, de acuerdo a la ideología del socialismo del siglo XXI.

Un régimen autoritario, dictatorial, como es el de Nicolás Maduro, concentra el poder de mando en un hombre o en un solo órgano, restando valor a las instituciones representativas. Reduce a su mínima expresión las fuerzas políticas opositoras y elimina la autonomía de subsistemas políticos como sindicatos y partidos. Privilegia el mando sobre el consenso y anula los procedimientos diseñados para transmitir desde la base la autoridad política (Stoppino, 1987).

La ideología socialista, por su parte, orienta la retórica del discurso y la elaboración de los últimos dos Planes de la Nación. Estos señalan como objetivo último la conversión del venezolano en un “hombre nuevo” y la salvación de la humanidad y del planeta, expresando la deriva totalitaria que sigue. Otros aspectos de la acción del gobierno cónsonos con una vocación totalitaria son su sofisticado y extendido aparato de propaganda, con el cual crea matrices de opinión pública que construyen un mundo ficticio lógicamente coherente, ficciones ideológicas como las definiera Hannah Arendt. Así mismo, posee un vasto sistema represivo que incluye cuerpos profesionales, milicias y civiles armados (paramilitares) destinados a reprimir e imponer un régimen de terror.[2]

Comentario final

La instauración de este régimen autoritario de rasgos sultánicos e ideología totalitaria, sustentado en un ejercicio neopatrimonial del poder, es un ingrediente central en la emergencia compleja que hoy sufre Venezuela, y que se expresa dramáticamente en la migración forzosa de los más de cuatro millones de venezolanos hacia países vecinos y a todas partes del planeta.

Esta crisis compleja incluye la reducción severa de la economía formal -en más del 60% en cuatro años- y una hiperinflación que llega ya a dos años de duración y que ha tenido como consecuencia la destrucción del salario de obreros y empleados, colocando a más del 90% de las familias en la pobreza. Igualmente, abarca una casi completa parálisis de muchas estructuras de servicios del aparato estatal, como el sector de la salud pública, la educación pública, la electricidad y el transporte. La falta grave de acceso a los alimentos básicos, a medicinas de todo tipo, los conflictos sociales y políticos generados por este estado de cosas, la violencia institucional usada por el gobierno para controlar a la población y aniquilar toda manifestación de disidencia política y el éxodo masivo de la población, expresan el carácter integral y estructural de la crisis venezolana. Es por ello que sólo encontrará freno y solución con un cambio de ese orden político, de su modelo económico y su ideología estatista, que restituya el ejercicio del poder de tipo racional-legal y un régimen democrático.

Referencias

Altman, David (2011): Direct Democracy Worldwide. NY, Cambridge University Press.

Arendt, Hannah (1973): Los orígenes del totalitarismo. Madrid, Alianza Editorial.

Bechle, Karsten (2010): Neopatrimonialism in Latin America. Prospects and Promises of a Neglected Concept. Leipzig, Working Papers N° 153, GIGA Research Program: Legitimacy and Efficiency of Political Systems.

González, David (2013): El Estado descomunal. Conversaciones con Margarita López Maya. Caracas, Los libros de El Nacional, Colección Conversaciones de El Nacional, N° 1.

Laclau, Ernesto (2005): La razón populista. México, Fondo de Cultura Económica.

Levitsky, Steven y Way, Lucan (2010): Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge, Cambridge University Press.

Linz, Juan y Alfred Stepan (1996): “Modern Nondemocratic Regimes”, en Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore, John Hopkins University Press.

OHCHR (2019): Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. En: https://www.ohchr.org Bajado el 09-09-2019.

Provea (2019): Informe especial: “Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela” (Keymar Ávila). En: https://www.derechos.org.ve /investigacion/investigacion-especial-uso-de-la-fuerza-publica-y-derecho-a-la-vida-en-venezuela. Descargado el 10-09-2019.

Stoppino, Mario (1987): “Entrada autoritarismo”, en Norberto Bobbio et al., Diccionario de Ciencia Política, Vol. 1. España, Siglo XXI.

Weber, Max (1977): Economía y sociedad, Vol. 1, Bogotá, FCE.

[1] Por cesarismo se entiende un tipo de gobierno centrado en un jefe militar o militarista, que concentra los poderes.

[2] Para la concepción totalitaria ver Arendt (1973). Sobre el sistema represivo de Maduro, su composición y prácticas ver, entre otros, Informe de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de NNUU (2019) e Informe Especial de Provea (2019).

©Trópico Absoluto

Margarita López Maya (New York, 1951) licenciada en historia y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Profesora titular (jubilada) del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV. Su campo de investigación es el proceso socio histórico y sociopolítico contemporáneo de América Latina, particularmente de Venezuela, enfocado en temas como la protesta popular, nuevos partidos, proyectos políticos contra hegemónicos, actores sociales, y temas de coyuntura de la era chavista. Entre sus publicaciones destacan: Estados Unidos en Venezuela: 1945-1948 (revelaciones de los archivos estadounidenses) (UCV, 1996), Del viernes negro al referendo revocatorio (Alfadil, 2005, 2006), Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI (Grupo Alfa, 2007 y 2009), Democracia participativa en Venezuela. Orígenes, leyes, percepciones y desafíos (Centro Gumilla, 2011). En 2013 la Editorial El Nacional publicó El Estado descomunal. Conversaciones con Margarita López Maya del periodista David González. Su libro más recientees : El ocaso del chavismo. Venezuela 2005-2015 (Editorial Alfa, 2016)